Desde hace varios años venimos escuchando que el debate jurídico en Venezuela no tiene particular relevancia, en el entendido que el caos nacional es una cuestión política y que mediante política se debe resolver. Ciertamente en Venezuela no existe Estado de Derecho, ni siquiera tenemos Constitución material, los poderes públicos han sido controlados por dos décadas por el chavismo y la FAN ha complacido tanto las instrucciones del difunto dictador como las del dictador vigente. En consecuencia, es razonable estimar que la situación venezolana se encuentra al margen de consideraciones jurídicas.
No obstante, es indiscutible que la base jurídica es siempre considerable en especial si quieres gozar de apoyo internacional, para muestra el peculiar análisis que se realizó de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de Chávez en enero de este año y la acertada referencia al artículo 138 eiusdem que dispone las consecuencias de la autoridad usurpada, para dirigir de ese modo ciertos objetivos políticos que converjan en una transición hacia la democracia.
En cierto modo, la política venezolana sigue utilizando la ley como siempre lo ha hecho, primero la analizan y si esta resulta útil o conveniente la alegan, pero si la ley no les da la razón entonces la desechan y repiten que el problema no es jurídico. Otro ejemplo fue el globo de ensayo de la amnistía, duramente criticada dentro y fuera de Venezuela por ir en contra de los parámetros del derecho internacional, pero eso no fue lo relevante, sino el hecho que la propuesta de amnistía no generó las consecuencias políticas deseadas y, por tanto, se optó por dejarla engavetada.
Vemos que se sigue intentando mantener los cauces del derecho internacional, OEA, Grupo de Lima, Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros, pero hasta ahora todo apunta a que esos cauces formales y burocráticos no serán conclusivos para la libertad de Venezuela, en gran medida porque muchos de los mandatarios extranjeros, bien por sus propios intereses, bien por ignorancia de lo que realmente ocurre en Venezuela o bien por prudencia diplomática, estiman que nuestros problemas se deben resolver entre venezolanos, instando –todavía– al diálogo y elecciones libres, como si ello fuera posible sin separación de poderes.
Cuando se plantea que el problema es político entramos en grandes contradicciones porque sostener que los problemas venezolanos son políticos supone forzosamente que se pueden resolver políticamente y esto es absolutamente falso. Por una parte hablamos de los narcosobrinos, del Cartel de los Soles, del ELN, terrorismo islámico y las condiciones a las cuales hemos sido sometidos por aquellos que detentan el poder que están llevando a millones de venezolanos al exterminio (delito tipificado por el Estatuto de Roma en su artículo 7), creando condiciones que hacen inviable la vida para muchos (genocidio conforme al artículo 6 del Estatuto de Roma), haciendo de la violación sistemática de derechos humanos y el narcotráfico el medio o instrumento a través del cual funciona ese régimen, pero luego hablamos de dialogar con el chavismo, de negociar lo innegociable, de tratar al PSUV como un partido político y hasta llegamos a escuchar la irracional e inmoral propuesta de incorporar a líderes del chavismo en un eventual gobierno de transición.
Si Venezuela está gobernada por lo precedente, es decir, por violadores patológicos de derechos humanos que prefieren quemar ayuda humanitaria antes que permitir la ejecución de un acto del presidente encargado dentro del territorio por ellos controlado ¿cómo es que el problema de Venezuela es político?
Para resolver un problema político tienes que tener dos o más bandos políticos sentados en una mesa, no puedes tener políticos de un lado y criminales del otro. Ciertamente con los criminales se puede negociar también, buscando una solución que genere menos daños y muerte, pero los términos de la negociación se circunscriben a la entrega de los criminales a las autoridades y no a una negociación que les permita llevar sus vidas como si nunca hubiesen cometido delito alguno. Si observamos el tono y discurso de las autoridades norteamericanas, tenemos claramente una postura coherente frente a lo que es la naturaleza de los individuos que gobiernan a Venezuela, no los tratan como políticos, sino como criminales que deben entregarse.
Se dice que no le puedes dar una solución jurídica a un problema político, pues tampoco puedes dar una solución política a un problema criminal. Piensen por un momento si esto de verdad se puede resolver con el mero cese de la usurpación por parte de Maduro, tiene que cesar el sistema, el chavismo como organización criminal, para que haya un cambio. Los chavistas involucrados en el crimen solo pueden estar interesados en negociar la protección de sus fortunas y la impunidad de sus actos, esto dejó de ser un problema de espacios políticos, porque una vez que exista Estado de Derecho en Venezuela la finalidad del PSUV se desvanecerá (servir de fachada a la organización criminal), la política para el chavismo es o era un medio para hacer negocios a través de la corrupción, un PSUV que carezca de control absoluto de los poderes públicos es totalmente inservible.
Si uno de los objetivos de la transición es restablecer el orden constitucional, entonces debemos insistir que lo vivido en Venezuela no puede ser objeto de impunidad o inmunidad jurisdiccional. ¿Qué le estaríamos enseñando a las generaciones futuras si el día de mañana criminales de este nivel están postulándose a elecciones sin haber pagado condena o si todos los negocios levantados por el chavismo mediante la corrupción y la extorsión siguen en pie?
En la Venezuela que viene tenemos que dejar claro que aquellos que no respetan la ley y al prójimo tienen que responder por sus actos y eso tiene que tener como punto de partida el juzgamiento de estos hechos abominables, de lo contrario estaremos condenados a repetir el verdadero problema de los últimos 20 años, vivir bajo el yugo del crimen.