Una vez que los invitados propios y ajenos regresaron a sus casas concluida la lluviosa ceremonia de transmisión de mando, le tocó al nuevo presidente de Colombia, en la soledad de su propio despacho, sentarse a pensar en las tareas que caen sobre sus hombros y en cuál orden deben ser abordadas sus prioridades.
No existe mandatario recién electo que, al margen de lo que sabe que es útil y bueno para el país que le toca gobernar, no piense en lo que es útil y bueno para sí. Iván Duque no es diferente al resto y sabe que es preciso producir resultados contundentes y rápidos en algún terreno de interés popular para partir con buen pie.
Con la lista de tareas ya escritas y desmenuzada por analistas y medios, hay una que destaca por encima de las otras como aquella susceptible de resolver un enorme escollo que tiene para el éxito de su gestión presidencial y al propio tiempo hacerle ganar los laureles que requiere de manera temprana: la crisis venezolana.
El caos venezolano afecta a Colombia por más de una vertiente. La avalancha de refugiados depauperados a través de las fronteras terrestres tiene al país en ascuas. No es posible escurrir el bulto que hace 1 millón de venezolanos ya censados, con sus necesidades de alimentación, salud y vivienda sin resolver y provocando colapso en los servicios, en búsqueda de trabajo remunerado en franca competencia con los lugareños de los estados fronterizos, necesitados de atención y educación para sus hijos y en una situación de ilegalidad que es necesario ordenar. Si los hermanos colombianos fueron dadivosos con el expatriado durante un tiempo, la presión que estos ejercen en la cotidianidad del colombiano está provocando rechazos explicables y exasperación porque dentro del contingente de compatriotas que huyen del hambre también se cuentan representantes del hampa común que son azote de los dos lados de la frontera.
Ya está en marcha todo un plan de atención a este drama humanitario, económico y social que cuenta incluso con un presupuesto al cual están contribuyendo entes internacionales y Estados Unidos en particular. A ese tema Duque le dedicará buena parte de sus primeras horas en el Palacio de Nariño.
Pero este es un problema circunstancial. El verdadero dolor de cabeza para el nuevo gobierno es su relación con la revolución bolivariana encabezada por Nicolás Maduro y secundada por su cúpula militar, la que incide de manera directa en la ejecución del Plan de Paz heredado de Juan Manuel Santos, en particular en el control de la producción y procesamiento de droga en Colombia, lo que afecta negativamente su relación con Washington. A este drama se le ha venido a sumar, recientemente, una perversa relación entre las bandas criminales del narcotráfico colombiano y los carteles de la droga mexicanos. La existencia de un acuerdo formal entre los narcoguerrilleros activos colombianos y sus contrapartes del otro lado de la frontera nuestra, sean estas células de narcotráfico propiamente o facilitadores militares de cierta gradación o fichas del gobierno que hacen posible el tránsito por Venezuela del inmenso volumen de cocaína que se procesa y se exporta desde Colombia, es un obstáculo tanto para el control de la droga como para el avance del proceso de paz con las desmovilizadas FARC.
El fin de la dictadura en Venezuela tiene que ser, por tanto, una inmediata prioridad para el nuevo gobierno neogranadino. Es difícil especular de qué manera se planificará en el gobierno de Duque un objetivo de esa naturaleza, pero es un hecho cierto que si el estado de cosas actual se sigue perpetuando en Venezuela, el futuro de Colombia está seriamente comprometido.
Gustavo Petro, por su lado, con sus 8 millones de votantes –la más alta oposición de la historia– hará cuanto sea necesario para promover el fracaso de las iniciativas del nuevo gobierno y en particular aquellas que apunten a la defenestración de Maduro, quien resulta ser un importante soporte de la izquierda colombiana y de Petro en concreto.
Un primer paso ya fue dado por el hoy presidente de Colombia cuando en el mes de julio de 2018 interpuso ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra el presidente venezolano secundado por Luis Almagro. Duque entra ahora, con la fuerza de ser mandatario de su país, a conseguir alianzas latinoamericanas de manera que Colombia como Estado signatario del Estatuto de Roma y acompañado de otros presidentes presenten formalmente una denuncia contra Maduro por violación de derechos humanos. La CPI ha iniciado ya un examen preliminar sobre Venezuela que podría llevar a la apertura de una investigación formal. Ese solo hecho tendría un impacto decisorio en la eyección del dictador.
La sabia sentencia de que el destino de nuestros dos países está irremisiblemente ligado es hoy una verdad lapidaria. La realidad es que Iván Duque tiene en sus manos el destino de su país, además de buena parte del destino del nuestro.