Opinión

Preservar la Asamblea Nacional

Uno de los objetivos de crear a la fuerza una inconstitucional y antidemocrática asamblea nacional constituyente como la que se estaría instalando el día de hoy en el Palacio Federal Legislativo, es disolver a la brevedad a la constitucional y democrática Asamblea Nacional. A pesar de los errores y demoras por todos conocidas en que han incurrido los diputados de la oposición democrática a la tiranía chavista desde la instalación de la actual AN en enero de 2016 –haber desincorporado a los diputados de Amazonas, no haber designado a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a los rectores del Consejo Nacional Electoral con mayor celeridad, no mantener coherencia política con sus declaratorias de abandono del cargo y ruptura del hilo constitucional, etc.–, son también muchas las acciones que se han ejecutado con valor y mucho éxito, y cuyos frutos hoy día estamos cosechando.

Además de recuperar el ejercicio de las funciones constitucionales del Poder Legislativo y de aprobar leyes y actos de control político necesarias en el momento actual –más allá de que la tiranía y sus títeres en otros poderes no las acaten como era de esperarse–, los diputados han logrado un reconocimiento pleno en el escenario internacional de la AN como institución que expresa la voluntad política mayoritaria de los venezolanos. Gracias a ello, y a la ilegitimidad total del régimen neocomunista debido a la sangrienta represión contra civiles de los últimos meses, cada día es mayor la cantidad de países democráticos que no solo desconoce los resultados de esa farsa realizada el pasado domingo y los eventuales actos que adopte ese dispositivo totalitario del PSUV, sino que apoya resueltamente las acciones de la AN en tanto único y legítimo representante de los ciudadanos venezolanos, y en especial de quienes demandan un cambio político urgente para el país.

En vista de lo anterior, es indispensable, más allá de la diatriba política al interior de la Mesa de la Unidad Democrática y más allá, entre todos los sectores democráticos del país, preservar la integridad, unidad, funcionamiento y vocería de la Asamblea Nacional. Es previsible que además de impedir a los diputados el acceso físico al Palacio Federal Legislativo, se los intente encarcelar alegando que ya no son diputados y que, ahora sí, carecen de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, para así impedir que finalmente sesionen en cualquier parte del territorio nacional y continúen adoptando decisiones, pronunciamientos y requerimientos que han hecho mucho daño a la estabilidad en el poder de la tiranía, y acercan poco a poco su abandono definitivo del poder.

Los venezolanos que marchan día a día en las calles de todo el país, así como los gobiernos, organizaciones internacionales, regionales, medios de comunicación, organizaciones civiles y personalidades que en todo el mundo apoyan la causa de la libertad en Venezuela, debemos a partir de esta semana unirnos y mantener pleno apoyo a la AN y sus integrantes, pues junto a las acciones de calle que mantienen una presión permanente sobre el régimen –por desgracia, a un inhumano costo– y las medidas adoptadas por gobiernos y organismos internacionales contra Miraflores y sus secuaces en otros órganos del Estado, es la acción de este Poder Público, el único que actúa con autonomía y representatividad democrática, la que permitirá la interlocución política organizada con el resto del mundo democrático y, en especial, la adopción de nuevos actos parlamentarios esenciales para avanzar en la transición a la democracia.

El debate actual, por demás increíble, de si aceptar la ANC, participar en unas elecciones regionales con el actual CNE y renunciar a todas las demás medidas ya asumidas por la oposición –y algunas de ellas ratificadas por la ciudadanía en el histórico plebiscito del 16 de julio de 2017–, como son continuar con la presión popular e internacional, designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, designación de representantes diplomáticos de la República en diferentes países y la designación con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución de un gobierno de unidad nacional –que no paralelo, pues este sería justo el de Nicolás Maduro, debido a su ilegitimidad absoluta–, o por el contrario, no aceptar esa nueva trampa electoral y continuar en la ruta del cambio político de raíz para Venezuela, no debe afectar el apoyo y reconocimiento de todos hacia la AN.

Gran favor le haríamos a la tiranía si desde la ciudadanía que todo lo ha entregado por la causa de la libertad en Venezuela, debido a este debate impertinente y que evidencia la apetencia de intereses particulares dentro de la MUD, se abandona a su suerte a los diputados electos en diciembre de 2015 y se permite que la voz y actividad de la AN sean ahogadas definitivamente por la estrategia de personajes siniestros como Jorge Rodríguez y Tibisay Lucena. La dirigencia comprometida con los derechos humanos de los venezolanos, con la República y la democracia, debe preservar con todas las acciones posibles la existencia y el trabajo de la AN, y la ciudadanía, las organizaciones civiles y la comunidad internacional brindarles todo el respaldo y acompañamiento.

Quienes opten por romper la unidad democrática y participar sin condiciones electorales en esa nueva farsa del régimen, para elegir gobernadores que a los pocos días pueden terminar destituidos y encarcelados por el TSJ chavista, tal como en la actualidad le ha ocurrido a varios alcaldes en diferentes partes del país, tendrán que pagar el precio político por su arrogancia ante las demandas ciudadanas, y su mezquindad al privilegiar sus intereses partidistas sobre la preservación de la República y las vidas de millones de venezolanos.

En cambio, los dirigentes que se mantengan del lado de la demanda de cambio político de los ciudadanos, en especial los diputados y líderes políticos de las nuevas generaciones, no contaminados por las prácticas clientelares y oscuras que dominaban el poder en la Venezuela previa a Hugo Chávez, y que con responsabilidad, tenacidad y audacia los lideren en el camino de la transición política, merecen y necesitan de todo el respaldo de los defensores de la democracia y la libertad, dentro y fuera de Venezuela, pues son muchos y graves los riesgos personales que corren por estos oprobiosos días. De ellos depende en gran medida, que la luz de la libertad alumbre de nuevo en el horizonte de Venezuela.

Desde iniciativas ciudadanas como Parlamentemos.org y las organizaciones que en ella han participado, dejamos constancia del trabajo valiente y constante que se ha realizado dentro de la AN a través de sus oficinas, Dirección de Publicaciones y del personal que asiste y apoya la labor de los diputados representantes de los ciudadanos. De la comunicación fluida que ha existido entre ese valioso equipo, a pesar de las adversidades, y las organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos en general, así como del esfuerzo de asistentes, diputados y asesores internos de que proyectos de ley, propuestas de control político y otras iniciativas ciudadanas sean consideradas, debatidas y en casos hasta adoptadas por las comisiones y el pleno de la AN como decisiones formales.

Tengamos como país, en medio de la batalla y de las ruinas de nuestra República, la capacidad de distinguir personas de instituciones. Critiquemos, exijamos, condenemos y apoyemos las ideas y propuestas según nuestro pensamiento y convicciones, pero no caigamos en el error que hizo posible que Hugo Chávez llegara al poder: despreciar las instituciones.

Preservemos la AN, que no es el Palacio Federal Legislativo, sino sus integrantes, los diputados, y sus representados, los ciudadanos, apoyemos la principal tribuna política de la República liberal democrática. No olvidemos ni abandonemos a su suerte a los valientes y calificados venezolanos que aceptaron la designación como magistrados del TSJ, y están ahora perseguidos y como presos políticos por la acción tiránica del régimen militarista y criminal que se aferra con violencia al poder. Y exijamos de nuestros diputados coherencia política, honestidad, imaginación y mucho respeto hacia el dolor y el clamor de los millones de venezolanos que el 16 de julio ratificamos lo decidido el 6 de diciembre de 2015: que llegó la hora, sin vacilación, de hacer todo lo indispensable para poner fin a estos casi 20 años de autoritarismo, empobrecimiento y pérdida de la libertad.