Un monstruoso sistema de seguimiento digital está siendo utilizado en la potencia china para mantener una estrecha vigilancia sobre sus súbditos.
Es monstruoso no solo por su alcance, sino por la tentacularidad manifiesta de su propósito: recabar toda la data que sea posible sobre la actuación de su población de manera de poder controlar sus movimientos y anticipar tendencias que puedan afectar el poder de sus gobernantes.
El instrumento no puede ser ni más ingenioso ni más perverso: mientras se instaura un gigantesco “programa de asistencia social de carácter crediticio”, cada individuo es clasificados sobre la base de su comportamiento con el fin de premiarlos o castigarlos en función de su calificación como ciudadanos.
La tecnología de vigilancia digital es la más avanzada que se conoce dentro del medio de las plataformas de big data analitycs.
Lo que se promueve desde Pekín es aplicar a la política interna conceptos de eficiencia que se vienen utilizando en las grandes industrias del planeta. Al comunicar entre ellas diferentes fuentes de recaudación de datos esta nueva tecnología IIoT (Industrial Internet of Things) alcanza niveles impredecibles de productividad y de desempeño.
Solo hay que imaginar los análisis de big data utilizados por las industrias de gran talla aplicados al comportamiento de los individuos pero no en el terreno de sus hábitos de consumo. La idea es armar un alambicado sistema de puntuación para dirigir hacia el ciudadano beneficios o castigos estatales en función de su apego al sistema o a la filosofía del gobierno. Cada manifestación de pensamiento que pueda ser reconocida como adversa al sistema le endosa al individuo una calificación negativa, y con base en ello se arma todo un sistema de puntuación para cada ciudadano. Esto no es otra cosa que eliminar la manifestación de ideas o el libre albedrío para anular la espontaneidad, el rechazo o la diversidad.
Ya los entendidos en estas materias han fijado el año 2020 como el momento en que habrá nacido el primer Estado totalitario digital del mundo. Esa es la opinión de The Economist, al menos.
El problema no se circunscribe al uso de tecnologías inteligentes, sino a la utilización por parte del gobierno de Xi Jinping para limitar el libre albedrío de los gobernados. Porque el fin último de este proyecto, al que le faltan menos de 2 años para arrancar a escala nacional –puesto que ya existe en 68 ciudades–, será el de clasificar a la población entre los afectos, los poco afectos y los detractores del régimen impuestos desde el Partido Comunista. Con ello se impondrá un sistema de limitaciones para aquellos considerados “peligrosos” por sus ideas. Por ejemplo, no se les facilitará el acceso al crédito bancario o no se permitirá a sus hijos estudiar en escuelas privadas.
El rating de los ciudadanos les asignará un número vinculado a su reconocimiento facial que será su identificación y que expresa el acuerdo o el desacuerdo del régimen sobre su comportamiento. Solo como un ejemplo, ya para ese momento hay 12 millones de chinos a los que el sistema nacional de vuelos los excluye de adquirir un ticket.
En definitiva, estamos frente a la utilización de una capacidad informática y digital descomunal orientada a la uniformidad del pensamiento y el castigo a la disidencia… todo ello en medio de los esfuerzos mundiales de este inicio del siglo XXI por universalizar el respeto de los derechos humanos.