Opinión

El polígrafo

Para sorpresa de muchos, en la parodia de antejuicio seguido a la fiscal general de la República, en la audiencia convocada, con acusadores de oficio por su tendencia política inequívoca y una defensa pública sin alegato válido alguno, el garante de los derechos ciudadanos, el “defensor del pueblo”, solicitó que se sometiera a la investigada, bajo la imputación de delitos encubiertos con la fórmula de faltas graves administrativas, a la sedicente prueba del polígrafo o del llamado “detector de mentiras”.

Este instrumento, aparato o técnica que pretende medir la verdad o falsedad de una aseveración mediante las alteraciones fisiológicas que serían apreciadas en la persona sometida a la prueba, es rechazado en materia probatoria y considerado como viciado, inválido, nulo, además, absolutamente inocuo, ya que la condición de verdadero o falso de un aserto no es determinable como hecho moral y complejo a través de determinadas reacciones susceptibles de equívoca interpretación; pero, sobre todo, porque lo único que queda claro y es evidente es su condición intimidatoria o de coacción que le impide ser empleado para obtener una confesión, pues nadie puede ser obligado a reconocer culpabilidad en causa propia (artículo 49, numeral 5 de la Constitución).

Este procedimiento, patrocinado por policías represivas de algunos países, debe ser objeto del más claro y contundente rechazo, siendo absolutamente extraño que sea un pretendido defensor de los derechos humanos quien lo proponga.

En Venezuela, en nuestra legislación, se rechaza la coacción para admitir un hecho, se considera la declaración de un imputado o investigado como un medio de defensa, la inocencia se presume y quien acusa debe probar lo que imputa, por lo cual, resulta absurdo, inadmisible y condenable la instauración de prácticas de pretendida indagación de la verdad que en nada distan de la justificación de la tortura o de la utilización de medios que sirven para doblegar la voluntad libre de un investigado, lo cual no puede admitirse, ni siquiera con su consentimiento.

Sin darnos cuenta, marchamos a pasos agigantados hacia la instauración de una justicia sancionatoria de corte eminentemente inquisitivo, que se concentra en métodos policiales de tortura, en poderes omnímodos de un juez y en la absoluta indefensión de un acusado.

No hay justicia, sino venganza; no hay juicio, sino linchamiento político; no hay jueces, sino verdugos.

Esta es la realidad que toca enfrentar a quienes han sido declarados “peligrosos” por el régimen en razón de su condición de “disidentes”, lo cual equivale a dejar de lado los hechos, para “juzgar” y condenar por actitudes o por la simple conducta de la vida.

Recurrir al polígrafo, utilizado, eso sí, por parte de cuerpos de policía e inteligencia, incluyendo los del denostado imperialismo, nos remonta –por increíble que parezca– a concepciones lombrosianas que creyeron encontrar un rastro físico o una determinada señal corporal de la conducta delictiva, cuya libertad no puede ser afectada ni quedar sujeta a instrumentos de medición que, simplemente, desconocen la dignidad de la persona humana.

Finalmente, si aceptamos el uso del polígrafo u otras técnicas similares, tendremos la fórmula más expedita para declarar culpables a muchos inocentes y para que muchos inocentes sean condenados como culpables.

aas@arteagasanchez.com