Una sociedad en la que sus valores están trastocados, si en verdad no existe la disposición en rectificar por parte de los actores que están involucrados en dicha conflictividad, sus acciones contradictorias e incoherentes desbordaran en las consecuentes “emergencias políticas complejas” (EPC) que pueden prolongarse en el tiempo y conllevarán a una situación de catástrofe e impacto destructivo sobre todas las dimensiones de la sociedad. Resulta oportuno, entonces, caracterizar las EPC:
i) La falta de autonomía de los poderes del Estado que afecta la institucionalidad y la gobernabilidad; ii) La pobreza, desigualdad y falta de acceso a servicios básicos; iii) La proliferación de estructuras monopólicas y oligopólicas de naturaleza “heterodoxa”; iv) La implementación del “marxismo cultural” que atenta en contra del sistema de valores morales y éticos de la sociedad; v) la violación sistemática de los derechos humanos; vi) La creciente corrupción; vii) Los desequilibrios macroeconómicos recurrentes; viii) La potencial condición de hambruna; ix) El abandono a la infraestructura económica, social y política (capacidad productiva, aparato agrícola e industrial, vías de comunicación, plataforma hospitalaria, base educativa, etc.); x) La destrucción del aparato productivo nacional: la escasez y desabastecimiento de absolutamente todo; xi) La consecuente “hiperestanflación” (inflación, desempleo, estancamiento) dentro de una espiral decadente e involutiva, etc.
No obstante, se requieren ciertas condiciones y circunstancias que pueden revertir tal proceso degenerativo. Aquí algunas de ellas:
i) La autocrítica sincera y conocimiento pleno de su realidad (valorando lo retrospectivo como fundamento para lo proyectivo); ii) La fortaleza de sus instituciones e independencia de los poderes públicos; iii) La legitimidad y credibilidad de sus gobernantes o representantes; iv) La consolidación de la meritocracia y del sistema de valores morales y éticos; v) La responsabilidad de los funcionarios del Estado y sociedad en general; vi) La vocación para el trabajo y dedicación al estudio; vii) La aplicación de políticas coherentes en todas las dimensiones de la sociedad; viii) El consenso para diversificar e incrementar la productividad como sustento de mejores remuneraciones; ix) La inversión social (educación, salud, seguridad, etc.) prioritaria ante los gastos militares; x) El aporte financiero externo; xi) La vigencia del “Principio de Responsabilidad de Proteger”.
Venezuela está impregnada de una compleja turbulencia de problemas crónicos en lo económico, político, jurídico, social, moral, ético e institucional, que ha impedido alcanzar la ansiada estabilidad y bienestar duradero. En particular, el colapso de la economía venezolana, agravado por la ruptura del “hilo constitucional” (el cual tiene más de 15 años en proceso), que arrecia desde el mismo día en que se declara oficialmente el “estado de excepción o emergencia económica”, continuará intensificándose con fuerza, si en definitiva el “diálogo sincero , las voluntades coherentes y las acciones trasparentes” de los actores políticos no rompen de una vez por todas con la insensata e irracional posición de dar prioridad al mantenimiento del “statu quo” y las cuotas de poder: en perjuicio de resolver de forma definitiva los críticos problemas de los venezolanos (alimentación, medicinas, seguridad, etc.). “No es cuestión de ideología, sino de coherencia, sensatez y sentido común”.
Finalmente, es una verdad irrefutable que todos los venezolanos estamos padeciendo a causa de una gran EPC, por lo que no debemos permitir que nos hagan desviar el foco principal de nuestro pensamiento y acción (esfuerzos unificados para solventar los problemas de nuestras instituciones, organizaciones y, por tanto, del país); de lo contrario, seguiremos en la ruta de fatalidad contaminada por una especie de “bacteria” llamada “pobreza integral decadente”, generada por expertos en “administrar” la agenda nacional a su antojo: “cortinas de humo”. Por tanto, a cada instante debemos denunciar el atropello y la violación de nuestros derechos humanos: vida, salud, educación, seguridad, etc.