Venezuela está asolada por una banda de pillos que actúan con impunidad absoluta prevalidos por las bayonetas –ya ensangrentadas– de los milicos y por complacientes rábulas embutidos por contrabando en la Sala Constitucional del TSJ. Así hemos constatado la prolongación de un golpe de Estado continuado desde hace aproximadamente tres años. Este ha sido alcahueteado por la indigna sala a instancias de las precisas instrucciones impartidas por Maduro y su combo. ¡El golpe no ha concluido, sino que se desarrolla con renovadas facetas diariamente!
Las impertinencias constitucionales y legales se suceden día a día con una irreverencia asombrosa. Los dos milicos que mangonean a los venezolanos mantienen una disputa pública –manifestada con hechos concretos y con sibilinas declaraciones– para demostrarle al mundo quién es más obcecado. Me refiero a la actuación de los titulares de los ministerios de Defensa y del Interior.
En esta ocasión me quiero referir de manera específica a un determinado comportamiento asumido por el ministro del Interior desde hace tiempo. Esta conducta irregular –atípica en los ordenamientos jurídicos hasta ahora– consiste en practicar confiscaciones de pasaportes a ciudadanos de diversas condiciones; como medidas de retaliación, derivadas de sus actitudes oposicionistas. Me voy a permitir reseñar tres casos específicos. El primero, hace más de un mes. A un parlamentario quien preside la Comisión de Política Exterior de la AN, para impedirle viajar a la sede principal de la OEA. En aquella oportunidad, el diputado hubo de trasladarse a Colombia para tomar el avión correspondiente. ¡Bravo por su determinación!… Pero ¿qué pasa con su fuero parlamentario y el pasaporte diplomático que le corresponde? No se trata de una pregunta ingenua, (la anterior) solo deseo resaltar el hecho. Lo segundo corresponde a un ciudadano común; quien mantiene diariamente un espacio radial de opinión y es articulista en diversos diarios. El tercero se refiere al gobernador del estado Miranda.
El procedimiento para el decomiso de los pasaportes por parte de las autoridades administrativas competentes en el aeropuerto Simón Bolívar (dependientes del ministerio del Interior) está fundamentado en que los mismos han sido denunciados como extraviados. Inmediatamente son “anulados”, a pesar de que los legítimos titulares se encuentran presentes y acreditan fehacientemente su identidad. Este aparente “acto administrativo” no es tal. Viola el ordenamiento legal positivo. Es simplemente una bravata gubernamental. Por aquello de que se sienten “guapos y apoyados” (los funcionarios subalternos) para demostrarle a la opinión pública que sus jefes actúan a su antojo, de manera inconstitucional y –por violar la competente ley expresa– también es ilegal.
Los locuaces titulares de los poderes públicos nacionales, a quienes de alguna manera corresponde actuar en defensa de los derechos conculcados, guardan el ominoso silencio acostumbrado. Me refiero al defensor del pueblo –de quien no se espera cambio alguno por su obsecuencia– en el caso del comunicador social. En cuanto a la titular de la FGR –todavía con expectativas difusas aún sin dilucidar en otras áreas– en el caso del último desacato conocido al fuero parlamentario, con sus ineludibles consecuencias de carácter penal. También en lo concerniente al gobernador, por tratarse de un funcionario de alto nivel de rango constitucional perteneciente al poder público estadal. Todos estos ciudadanos se encuentran amparados sin cortapisas por disposiciones precisas establecidas en la CN.
No es necesario ostentar la condición de constitucionalista, erudito o dirigente político para llegar a la conclusión de que nos encontramos sumidos en un gobierno de facto. En lo personal lo vengo planteando desde hace más de tres años con la acuñación de la frase “golpe de Estado continuado”. Sin pecar de repetitivo me permito explayar el concepto: el régimen viene haciendo, hace y continuará haciéndolo (si se mantiene en el poder) un quebranto total; y, algunas veces parcial, del ordenamiento constitucional. Ha permitido –propiciándolo– el surgimiento de formas innovadoras de creación de aparentes normas jurídicas que coliden con el espíritu, propósito y razón de lo establecido en la carta magna y en la Exposición de Motivos de la misma (cuya lectura es imprescindible para la comprensión global del texto). En la actualidad tenemos la absorción de todos los poderes del Estado en manos del Poder Ejecutivo. (Digo todos por la sencilla razón de que Maduro le aplica a la AN lo mismo que los mantuanos de la época hacían con las Leyes de Indias; es decir, ¿la respetaban? Pero no la acataban).
Para mayor abundamiento podríamos agregar: abandono de casi todos los planes prometidos del gobierno. Los continuos asesinatos políticos en manifestaciones públicas. El terrorismo de Estado como conducta recurrente y una manera de propiciar la división social. La persecución política como único medio de terapia preventiva para liquidar a la oposición. La soberanía nacional, una simple mercancía más (sumisión plena e indigna al régimen cubano y la entrega de hecho del territorio Esequibo). El “socialismo” robolucionario, como una manera de engañar incautos, promover enfrentamientos sociales, económicos, políticos y hasta étnicos. El cinismo y la mentira para desvirtuar la verdad a través de una continua y asfixiante campaña mediática. La demagogia y el pragmatismo –entendido en su peor concepto– para obviar los “principios”. La interpretación particularísima de los derechos humanos donde solo privan los derechos particulares de los oficialistas. Instituir, con rasgo de doctrina, que el derecho de organizarse y protestar democráticamente es una subversión sujeta a ser penada por la jurisdicción militar. El cognomento de “vendepatria” para promover una errada confrontación ideológica aupada por un patrioterismo pueril. El servilismo y el rastacuerismo como conducta habitual de los burócratas, quienes obvian el delimitado concepto de probidad administrativa.
La Conferencia Episcopal Venezolana aceptó la invitación gubernamental para exponer sus puntos de vista en relación a la asamblea nacional constituyente. Me doy por satisfecho si en la anunciada reunión el portavoz de la jerarquía eclesiástica venezolana expone lo que ya ha manifestado en reiteradas oportunidades. Invocando, quizás, a san Francisco de Asís; no para proteger a los animales, sino para protegerse de las bestias –aquellos lobos cubiertos y “encapuchados” con pieles de corderos– salpicados ya con la sangre venezolana criminalmente vertida. Sedienta de nueva. Además de la necesaria invocación al santo, deseo de todo corazón que los espíritus de monseñor Rafael Ignacio Arias Blanco y del cardenal Rosalio José Castillo Lara; ambos desaparecidos, iluminen a los anfitriones. En su doble conjunción: ambos con los principios ortodoxos de fe cristiana. El primero por la sensibilidad social demostrada en mayo de 1957 con motivo a la célebre pastoral. El segundo por sus indudables conocimientos jurídicos que coadyuvaron en la elaboración de las normas sustantivas y adjetivas establecidas en el Código de Derecho Canónico –cuya impronta renovadora se mantiene en plena vigencia– extensiva al derecho público.
Los gobiernos de facto traen como consecuencia lógica el surgimiento de nuevos gobiernos. En ocasiones, también de facto. A este le tocaría fijar fecha cierta –luego de los necesarios ajustes de carácter administrativo tendentes a reordenar la república– para la celebración de elecciones. Garantizando el respeto a las libertades públicas y a los derechos humanos. En el ínterin es necesaria la conformación de un gobierno amplio de transición, donde estén representadas, en lo posible, todas las corrientes democráticas que creen en el republicanismo como forma de gobierno. El fundamento del mismo es la actual constitución originaria para que la misma actúe como factor autorregenerativo. El caos económico, social y político propiciado por el régimen necesita un ajuste global impostergable. De tal manera que el nuevo gobierno –producto de elecciones libres– pueda actuar sin inconvenientes.