La imagen del auditorio de la UDO hecho cenizas ratifica la existencia de una política de Estado dirigida a destruir a las universidades y el pensamiento crítico. Imposible no reaccionar con dolor y rabia. Pero, más allá del dolor y de la rabia, lo que hay es que seguir denunciando aquí y en las instancias correspondientes a nivel internacional porque la justicia va de la mano con la memoria.
Antes de este incendio fue la toma del Rectorado, el 30 de abril; y antes de esta toma ya hubo otra toma: la del salón de sesiones del Consejo Universitario de la UCV en marzo de 2001 por un grupo de estudiantes liderados por el profesor Agustín Blanco Muñoz, acción que terminó en actos vandálicos y enfrentamientos con representantes de la Federación de Centros de Estudiantes Universitarios, aunque el rector Giuseppe Giannetto y las demás autoridades rectorales improvisaron una asamblea abierta para tratar el cierre temporal del comedor y otros problemas en relación con los servicios estudiantiles, en el supuesto origen del conflicto junto a las visiones encontradas de lo que debía ser la educación superior (Bravo Jáuregui, L. y Uzcátegui, R., 2003:73).
En esa oportunidad, Eleazar Narváez, director de la Escuela de Educación declaró para El Nacional (17 de abril de 2001): Hay razones suficientes para pensar que dichos actos vandálicos configuran un proceso de intervención de la UCV desde adentro, basado en los mismos pretextos y acciones que ha utilizado el actual gobierno para someter a su antojo la vida política y los distintos órganos del Poder Público.
Juicio certero. Desde el principio, la política de educación superior del gobierno estuvo orientada al desmantelamiento de instituciones y programas que no se identificaran con la propuesta socialista y a la creación de un sistema paralelo de educación universitaria. En 2015, Benjamin Scharifker y Angelina Jaffe advirtieron que las políticas gubernamentales estaban creando un desastre con el potencial de afectar por generaciones la calidad del sistema de educación superior del país y la vida de sus académicos, estudiantes y la sociedad en general.
Si a alguien le quedaba alguna duda, la foto del auditorio quemado seguramente la borró.
Suele destacarse como un hito la creación de la Misión Alma Mater en 2003, cuyo objetivo fundamental era generar un nuevo tejido institucional socialista, seguida por el desconocimiento y desmontaje progresivo del marco jurídico existente.En 2009 fue aprobada la Ley Orgánica de Educación, en la cual se plasma de manera expresa la idea del “Estado docente” y se establecen lineamientos para regular, supervisar y controlar el funcionamiento del subsistema de educación universitaria en cuanto a la administración financiera y sus normas de gobierno, la planificación, coordinación y ejecución de políticas y programas dirigidos a la inserción productiva de los egresados, la “territorialización” de la educación universitaria y el ingreso estudiantil a las instituciones, tanto oficiales como privadas.
Es con base en esta ley que el Ejecutivo impuso, en 2014, un nuevo modelo de asignación de cupos, privilegiando criterios no académicos para el ingreso de estudiantes a las universidades y, en 2015, el llamado “sistema de formación permanente del docente universitario”, un plan de mejoramiento profesional abiertamente ideologizado.
Por si esto fuera poco, mataron la investigación con la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti) de 2010, y desde 2012 la Sala Electoral del TSJ ha interferido sistemáticamente en los procesos electorales de las universidades mediante decenas de sentencias que obstaculizan el pleno ejercicio del autogobierno.
Como nada de esto ha disminuido la voluntad de los universitarios, ahora prácticamente los quieren desalojar desbaratándole la casa. Robando cables y computadoras. Quemando teatros.
Sin embargo, pudiera decirse que la estrategia más perniciosa es, de lejos, el cerco o asedio presupuestario con presupuestos reconducidos sin tener en cuenta la inflación y salarios de hambre que han disminuido dramáticamente la calidad de vida de profesores y empleados.
Los atropellos de los que han sido víctima los universitarios constituyen un retroceso histórico que nos obliga a seguir trabajando por nuestras instituciones en nombre de principios tan altos como la libertad y la pluralidad, a los cuales tantos hombres y mujeres han ofrendado sus vidas, dentro y fuera de nuestras centenarias casas de estudio.
@mariagab2016