Opinión

Petróleo y política

El 1º de enero de 1976, el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, desde el sitio del pozo Zumaque No. 1 en el campo Mene Grande del estado Zulia, donde comenzó la explotación petrolera en Venezuela, anunció con “bombos y platillos” la nacionalización de la actividad en todas sus fases. Entraba en vigencia la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. La noche anterior, habían quedado extinguidas las concesiones otorgadas a las trasnacionales y por virtud de la nueva ley quedaba reservado al Estado venezolano la exploración, explotación, refinación, transporte y comercio de los hidrocarburos.

Los defensores de la nacionalización enfatizaban la consciente y acertada decisión del gobierno nacional de crear una empresa petrolera receptora de la industria en marcha, bajo los más elevados estándares internacionales. Y en ello los hechos y la admirable trayectoria de la estatal petrolera en más de un cuarto de siglo de operaciones –desde 1976 hasta la toma irreflexiva de la industria por parte del gobierno populista de izquierdas instaurado en 1999–, le confieren toda razón. Hay quienes sostienen que, aún ante la inminente caducidad contractual del régimen de concesiones, han podido preverse arreglos alternativos, entre ellos una posible reforma de la ley aplicable, para de tal manera extender su vigencia u otorgar nuevos contratos. Y si bien se trataba de un tema políticamente difícil de encauzar, era necesario y sobre todo sensato abordarlo con inteligencia, sentido de responsabilidad y visión de futuro.

El petróleo había sido desde los inicios de su explotación comercial, un factor determinante en la transformación política, social y económica de Venezuela. Un tema nunca exento del más agitado debate, comenzando por el aserto de Rómulo Betancourt en su “República en venta”, según el cual se había producido la entrega de gran porción del subsuelo nacional a los consorcios extranjeros. El novedoso negocio avanzaba y muy pronto comenzaría a transformar aquella Venezuela rural en un país de grandes posibilidades, inimaginables en otros tiempos. Naturalmente, las condiciones ventajosas para el capital extranjero en que fueron otorgadas las primeras concesiones de hidrocarburos dieron inicio a la intensa discusión política que parcialmente llegaba a su fin el 1º de enero de 1976. A partir de aquel momento, la controversia se centra en la gestión de la industria y en la utilización de los recursos provenientes de la actividad petrolera.

No es difícil imaginar las circunstancias en que debió iniciarse la actividad petrolera en aquella Venezuela tan atrasada de las primeras décadas del siglo XX. Comenzando por la inexistencia de carreteras, la pobreza de los servicios públicos esenciales y el incipiente desarrollo urbano. Así las cosas, como en toda apertura de nuevos negocios, las condiciones necesariamente tenían que ser ventajosas para los capitales extranjeros que asumían la totalidad de los riesgos de exploración y explotación del recurso. Naturalmente, pronto llegaría el momento de revisar y equilibrar esos acuerdos.

Pero 1976 marca un hito en la historia económica y política de Venezuela: el Estado pasa a ser empresario petrolero, convirtiéndose en operador y principal beneficiario de la más importante actividad económica generadora de moneda extranjera en el país (más de 90% en años recientes), un poder casi omnímodo que desplazó al empresariado privado nacional y prácticamente a todos los factores de presión política en el país. Las condiciones estaban dadas para que futuros gobiernos, comenzando por el primero de Carlos Andrés Pérez (1974-1978), convirtieran al Estado venezolano en benefactor de causas populistas muchas veces ayunas de moderación y sensatez. Así las cosas, la mesa estaba servida para que, a partir de 1999, el populismo extremo dominante en el país y caído por vías indirectas en manos del castrismo tardío, hiciera estragos con la riqueza petrolera venezolana. El gobierno de Chávez se afianza, pues, en la riqueza petrolera y en las debilidades institucionales, tanto como en la actitud pragmática y complaciente del venezolano acostumbrado al facilismo que transige a cambio de beneficios circunstanciales. Y ello le permite al gobierno avanzar sobre un “nuevo pacto social”, cuyo primer paso fue aquella Constituyente de 1999 que no contó con verdadero arraigo en la sociedad nacional, que no respondió enteramente a sus valores, inquietudes o aspiraciones y que, por ello, después de casi dos décadas de desafueros y desaciertos de toda suerte en las políticas públicas, ha sumido al país en una de las confrontaciones sociales y políticas más graves que registra la historia nacional.