Mientras la lucha para recuperar la democracia se concentra en las atrocidades de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, estos regímenes ejecutan un plan de agresión regional para sostenerse. La estrategia dictatorial busca la mayor desestabilización de los gobiernos democráticos de las Américas mediante el intervencionismo social, político, electoral, publicitario y criminal. Se trata de desestabilizar la democracia donde sea posible, y los hechos indican que ahora Perú soporta la aplicación de esa agenda.
Hugo Chávez se asoció con Fidel Castro en 1999 cuando Cuba agonizaba en su periodo especial, pues, como Estado parásito, desde la extinción de la Unión Soviética no tenía forma de sobrevivir. Con el petróleo de Venezuela, Chávez salvó a la única dictadura que existía en ese momento en las Américas y puso en marcha la recreación del expansionismo castrista bajo denominación de movimiento bolivariano, proyecto Alba, socialismo del siglo XXI, hoy castrochavismo.
El siglo XXI en América Latina está marcado por la influencia, expansión y caída del castrochavismo como sistema crimen organizado que usurpa la política. Con el Partido de los Trabajadores con Lula y Rousseff en Brasil, los Kirchner en Argentina, los diez años de sometimiento de la OEA con Insulza, el control de Centroamérica y el Caribe con Petrocaribe, y las FARC desde Colombia, establecieron –entre otras cosas– el sistema de corrupción transnacional más grande de la historia. Desde narcoestados, lavado de dinero a contratos de construcción de obras financiadas por Brasil con empresas brasileñas, manipuladas por Castro, Chávez y Lula que destaparon el “lava jato” y el caso Odebrecht.
Luego de ser víctima de la guerrillera y del terrorismo vinculados al castrismo, Perú siempre fue un objetivo del castochavismo, pero no lograron establecer un régimen como los de Ecuador con Correa, Bolivia con Morales, Venezuela con Chávez y Maduro, y Nicaragua con Ortega, donde con discurso populista, suplantando el sistema institucional, con reformas constitucionales y/o asambleas constituyentes, referendos, acabaron el Estado de Derecho y concentraron el poder para retenerlo indefinidamente.
El castrochavismo logró con algunos gobiernos de Perú su voto en organismos internacionales y apoyo, complicidad o indiferencia ante las violaciones de derechos humanos y destrozo de la democracia que Castro y Chávez lograron en la región. Influyeron en la política interna y en procesos electorales con resultados relativos. La presencia castrochavista en la política peruana no ha sido ni es menor por la naturaleza del país y por la cantidad de recursos de que dispone el movimiento antidemocrático.
Lo que sí consiguió el castrochavismo en Perú fue envolverlo en la corruptela de Odebrecht y del lava jato que causó la caída del presidente Pedro Pablo Kuczynski. La dictadura cubana que lidera el castrochavismo desde la muerte de Chávez maneja mafiosamente el tema de la corrupción, pues la usa para encubrir a sus leales en la propia Cuba, en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde se tapan el asunto Odebrecht, el lava jato y otros, pero la aplica como arma política en la región como con PPK.
En los últimos días el cardenal y arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, denunció que “un poder oscuro y muy fuerte, lentamente se va copando y realizando casualidades, algunos quedan tranquilos en su casa, otros, en la cárcel”. El primado del Perú apunta que “hay una estrategia para cerrar el Congreso”, que “los ataques forman parte de una estrategia que ya logró destruir el Poder Judicial”, que “hay una pugna entre los tres poderes del Estado” y hace una llamada a la defensa de la democracia argumentando que “vale la pena reclamar en nombre del Estado de Derecho y en nombre del bienestar del país y la población un poco de diálogo y no amenazas, de un lado y del otro”.
La destrucción de la democracia en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y los intentos en Argentina, Brasil y otros países siguieron la agenda que ahora recorre Perú. Atacan el sistema de partidos políticos, terminan con liderazgos que satanizan como tradicionales, hacen explotar la confianza en las instituciones, dinamitan el prestigio de la democracia y luego con manipulación populista cambian la constitución y anulan el Estado de Derecho.