Así se titula la crónica que escribió Leonardo Padrón en julio del año 2013; allí el escritor narra algunas de las historias que escuchó de las víctimas de la represión de los días 15 y 16 de abril de ese mismo año en la ciudad de Barquisimeto.
Para aquella fecha la represión, no es que no se viviera antes, se generalizaba al resto del país. Carabobo, Zulia, Lara, Barinas y Táchira recibían lo que ya se conocía de sobra en la capital.
Maduro iniciaba su mandato con la fuerza y el terror de la violencia; su primera orden era tortura, plomo y detenciones arbitrarias. Solo en el estado Lara hubo no menos de 350 detenciones arbitrarias mientras que en el resto del territorio las organizaciones de derechos humanos registraban casi 2.000 detenciones.
Nicolás se estrenaba en Miraflores con olor a bomba lacrimógena.
Tres años después, ya en 2016, ese título de la crónica escrita por Padrón se convertiría en un libro editado por la organización de derechos humanos Funpaz, que nació de la unión de un grupo de víctimas de la represión en la entidad larense de la cual formo parte y que desde entonces hemos procurado reivindicar el derecho a la protesta pacífica. Un derecho cada día más escaso y criminalizado en el país.
Perdigones en la cédula es una recopilación maravillosa y profesional de 3 jóvenes periodistas quienes lograron narrar y retratar el horror de 24 víctimas larenses de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado desde el año 2013 al 2016.
Fue el trabajo de William Croes, Lorena Quintanilla y Eddy Pérez los que escribieron con su pluma cada uno de los testimonios allí descritos, y es precisamente del prólogo desarrollado por el profesor universitario y sociólogo Nelson Freites de donde aprovecho para rescatar una realidad que a la fecha aún sigue intacta:
“Cientos fueron detenidos y detenidas, después de rodar arrastrados por las calles, golpeados, algunos ensangrentados por las balas, recluidos en unas jaulas chinas de un agresivo metal que escupía fuego y perdigones en las caras. Sin embargo, lo peor estaba por venir”.
Y fue así, lo peor estaba por venir.
No les basto la represión de ese año, sino que en 2014 demostraron una vez más de lo que eran capaces y vimos con horror cómo caían al asfalto asesinados por los cuerpos de la represión encabezados por la guardia nacional 44 personas entre ellas Bassil Da Costa, Geraldine Moreno, Génesis Carmona y muchos más.
Observamos con estupor, rabia e indignación cómo era golpeada Marvinia Jiménez en una popular zona de Valencia conocida como La Isabelica. Esa funcionaria militar no solo golpeaba con saña a Marvinia, esa violencia la recibía ella pero iba dirigida a todo un país. Ya no era solo Caracas la que llevaba plomo.
2015 y 2016 fueron los años de la represión y de las detenciones silenciosas y selectivas. La dictadura llevó a cabo la Operación Liberación del Pueblo conocida como las OLP. Con esa estrategia entraron a donde quisieron e hicieron lo que les dio la gana, y fueron los sectores más desfavorecidos socialmente los que vivieron la experiencia de estas razzias policiales.
Se calcula que en esos “operativos” fueron detenidas de manera arbitraria 15.900 personas a escala nacional, según datos aportados por la organización no gubernamental Provea.
El propio Ministerio Público en su informe de gestión 2016 señala que en esos primeros 5 meses de OLP fallecieron 245 personas. La muerte y el exterminio es política de Estado. El derecho a la vida no existe para el gobierno.
A la par de toda esa violencia promovida y ejecutada por el gobierno nacional, eran detenidos, perseguidos y golpeados todos los líderes políticos de los diferentes partidos. La sociedad civil y los dirigentes estaban divorciados ideológicamente, pero muy cercanos como víctimas de la represión. Independientemente de los afectos o no, todos sufríamos por la violencia institucional promovida como política de Estado.
Periodistas perseguidos, políticos detenidos, jóvenes encarcelados y algunos inclusos entregados por mandatarios extranjeros, como por ejemplo Lorent Saleh, quien fue secuestrado por las autoridades colombianas y entregado a la dictadura para que viviera 4 años de su vida en las peores cárceles de la dictadura.
“Sin embargo, lo peor estaba por venir”. Así cierra una estrofa del prólogo el profesor Freites precisamente del libro Perdigones en la cédula.
Así es como hemos visto venir lo peor. La muerte en los calabozos del Sebin del señor Rodolfo González en el año 2015, quien según sus captores se “suicido”, así es como hemos visto el asesinato de más de 170 personas durante las protestas ciudadanas de 2017.
Nombres que se quedan grabados en nuestra memoria como si de un familiar directo se tratara. No son cifras, son personas que con toda seguridad, como todos en Venezuela, no tendrían garantía de vivir pero que fueron asesinados por orden del Ejecutivo nacional porque hoy más que nunca aquella premisa de: “Patria, socialismo o muerte” tiene más vigencia que nunca. Sobre todo en su última palabra.
No es solo la muerte de Fernando Albán a manos de los criminales con carnet, sino la de todo un país que decide mantenerse de pie a pesar de que los verdugos piensen que asesinando al hombre asesinan la idea de libertad que tenemos grabada en nuestras cédulas de identidad.
Sí, esa cédula que “por ahora” está llena de perdigones.