El tema de las pensiones y las jubilaciones tiene al menos dos caras: la de los fundamentos económicos que determinan su alcance y su viabilidad, y la del uso demagógico de las ofertas. Dicho de otra manera: el rostro positivo del realismo y el rostro de la fantasía que, sumado a la irresponsabilidad, termina por destruir y comprometer el futuro del país.
Pruebas al canto: acompañado por algunos de sus ministros, el presidente Maduro anunció en días pasados su decisión de jubilar a un enorme contingente de venezolanos que no ha contribuido ni contribuirá al plan de jubilaciones del IVSS. En una economía que ha debilitado ostensiblemente su capacidad productiva solo el personalismo o el populismo son capaces de inspirar acciones tan contradictorias y contraproducentes como la eliminación o reducción de la contribución personal al sistema de pensiones, jubilaciones masivas sin atención a la edad o al tiempo de servicio, aumentos en el monto de las pensiones, progresivos, arbitrarios y no sustentados en la realidad económica de un país que sufre una de las hiperinflaciones más grandes conocidas en la historia.
Entre los graves problemas que genera la irresponsabilidad en el manejo de una política de jubilaciones y pensiones está la acumulación de pasivos actuariales no cancelados. Un reciente estudio revela que sobre la base estimada de 4.200.000 pensionados actuales del IVSS el pasivo actuarial pudiera estar por el orden de 750 millones de dólares a la tasa Dicom del 27 de abril de 2018, monto que pudiera llegar en 5 años a 24.000 millones de dólares. Según el mismo estudio, la insuficiencia de los ingresos para financiar los pagos actuales y futuros de las pensiones no solo es gigantesca sino que no está respaldada por una corriente razonable de cotizantes, pues dentro de los pensionados que actualmente disfrutan la pensión pudiera calcularse 30% o 40% de personas que nunca cotizaron.
A estos colosales pasivos hay que agregar los sistemas de pensiones de las empresas públicas como Pdvsa, Cantv, Corpoelec, Metro de Caracas, Sidor, Banco de Venezuela y Banco Central de Venezuela, cuyo cálculo actuarial anual debería estar incluido en sus pasivos reales y, por ello, supervisado por la oficina de presupuesto de la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República.
Las cifras son abrumadoras. La sumatoria totaliza cifras inmanejables para las finanzas nacionales. En la actualidad este déficit no está contabilizado en ninguna cuenta nacional y evidentemente agrava el déficit fiscal e incrementa los pasivos del Estado ante nuestro disminuido PIB. Es el peso de un pasivo que alguien, en algún momento, tendrá que pagar o financiar. Y ese alguien no es otro que la población económicamente activa, en Venezuela porcentualmente más alta en las próximos tres décadas, período en el que el país disfrutaría de la oportunidad del bono demográfico. A medida que pasan los años –y más rápido si se considera el efecto erosionador de la diáspora que ha disparado fuera del país precisamente un numeroso contingente de gente joven– tendremos una población activa cada vez más reducida, pero sobre cuyos hombros recaerá la pesada carga social que representa la acumulación de las deudas y los compromisos vinculados a las pensiones o jubilaciones. Al paso que vamos, cuando la pirámide de la distribución etaria cambie de sentido tendremos un país envejecido y endeudado.
La situación del sistema de pensiones y jubilaciones representa una enorme presión para quien tenga que asumir el gobierno y no hay duda de que un sistema de pensiones viable pasa necesariamente por una mejora económica del país. En conclusión, es hora de retomar la sensatez y la ortodoxia, una ortodoxia que significa, cuando menos, impulso a la productividad y un adecuado manejo del gasto fiscal y de las políticas monetarias. La irresponsabilidad no tiene ojos para el futuro, pero Venezuela necesita mirar con esa perspectiva. Hemos llegado a un punto en el que ningún atajo servirá para recomponer la grave situación que enfrentamos.