Claudio Alberto Briceño Monzón*
“El Presidente no logra sumisión por el contenido de sus discursos, ni por lo atractivo de su pensamiento. Es su peinilla la que impone respeto”. Elías Pino Iturrieta.
Iniciamos este artículo con el extracto de un pensamiento para caracterizar el gobierno autoritario de Cipriano Castro a inicio del siglo pasado, el cual parece tener una vigencia casi calcada de nuestra realidad contemporánea, de lo que estamos viviendo con el gobierno de Nicolás Maduro, a quien se le ha olvidado que en la colectividad venezolana existe una conciencia nacional orientada a ponerle fin a los gobiernos autocráticos y arbitrarios que quieren obstaculizar la evolución democrática del país.
La Constitución es el origen de todas las leyes, y representa una defensa contra el poder arbitrario y absoluto de un autócrata, y su modificación exige el consenso de todos los ciudadanos de un país, y si no fuera así se podría transformar en la estructura de poder que restringe las libertades y opciones del ciudadano, al conceder y otorgar el poder a un dictador, tirano o caudillo, al que le interesa perpetuarse en el poder, resquebrando el principio democrático de la representatividad electoral que no debe ser impuesto por mayoría, ya que la minorías también tienen legítimos derechos en los sistemas democráticos.
La convocatoria de una asamblea nacional constituyente, según el artículo 349 de la Constitución, debe partir de una decisión del presidente y su Consejo de Ministros, de la Asamblea Nacional y de los concejos municipales, y esta iniciativa debe realizarse por consenso, ya que un cambio de la Constitución debe exponer una nueva configuración del sistema político, económico y social, diferente en el caso venezolano al establecido en la carta magna aprobada el 15 de diciembre de 1999. Y no como lo planteó el 1° de mayo de 2017 el presidente Nicolás Maduro Moros, que por la conveniencia de su permanencia en el poder, en un país con la crisis económica y política más intensa en los últimos 50 años de historia, donde a la escasez de medicamentos, alimentos y artículos de primera necesidad se suman los índices de inflación más elevados del mundo, un territorio que está divido asimétricamente en dos grupos donde los simpatizantes del gobierno ya son minoría absoluta demostrable en los últimos resultados electorales nacionales representados en las elecciones parlamentarios de diciembre de 2015, y en la negativa del Consejo Nacionales Electoral a permitir realizar el referéndum revocatorio del mandato del presidente Maduro en el año 2016, como lo establece la Constitución.
Actualmente, el problema en Venezuela no es constitucional sino de mala gestión de gobierno, y el llamar a una constituyente comunal lo que pretende en el fondo es ocultar el deseo perenne del gobierno de Maduro de no entregar la presidencia del país de manera democrática; han tenido la oportunidad de realizar decretos de emergencia económica, de no realizar elecciones de alcaldes y gobernadores y de negar la realización de un referéndum presidencial; todo ello es el marco referencial de un gobierno que se dice democrático pero que con la usurpación del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo terminó demostrando la necesidad de gobernar el país sin respetar la Constitución y la autonomía de los poderes públicos del Estado.
El imponernos una constituyente comunal, sin permitir una elección democrática de sus miembros, es indirectamente un autogolpe de Estado, donde el gobierno dispone que la crisis del país la solventará con una nueva Constitución, la cual logrará controlar el desorden que invade la crisis política y económica del país y las fuerzas armadas con el respaldo del Poder Ejecutivo van a restablecer el orden y la paz ciudadana. Los venezolanos actualmente no estamos acostumbrados a la figura de un dictador que gobierne el país a punta de peinilla e imposiciones militares; un hombre de Estado capaz de todos los excesos, dispuesto a la violencia, la mortandad, la ruina, el crimen; una figura dispuesta a vencer todos los obstáculos que se le presenten, llegando al extremo de no reconocer sucumbir ante sus opositores políticos por la codicia de mantener el poder, y sin que le importe llevar el país a la ruina.
*Historiador. Universidad de los Andes