Se supone que en Venezuela vivimos en un Estado de Derecho; en un sistema de reglas previas que aceptamos y esperamos que los demás cumplan y que, de ser necesario, el Estado haga cumplir. Esto es una especulación, no sabemos cuáles son las reglas que el gobierno quiere cumplir y cuáles cambiará a su mejor saber entender, apoyado en la interpretación de la Constitución que le ordene hacer a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a las rectoras del Consejo Nacional Electoral.
La Constitución actual, aprobada el 15 de diciembre de 1999, creó mucha expectativa sobre el futuro de la sociedad venezolana, como si cambiar las reglas escritas pudiera alterar nuestro comportamiento, mejorar la cultura, transformar al colectivo. Quisimos creer ese cuento, fueron vanas ilusiones.
La ley, por definición, es una camisa de fuerza para el Estado, este solo puede hacer aquello para lo que ha sido autorizado y los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por ley. A esto lo llaman principio de legalidad. La ley es como el programa de computación con el que funciona la máquina, si no existen pautas la máquina no puede actuar. Nada de lo que hace el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, lo ejecuta sin esas instrucciones previas escritas en la Constitución o en las leyes. La administración pública debe actuar “con sometimiento pleno a la ley y al derecho” (artículo 141 de la Constitución).
Hasta aquí vamos bien, el problema es que el Estado venezolano se comporta como una fantasía de ciencia ficción en el que la máquina toma el control, desconoce a su creador y lo ataca. Es el monstruo creado por el doctor Frankenstein, que toma vida y conciencia propia; o la computadora HAL 9000, en 2001, una odisea espacial, que elimina a quienes estaba programada para proteger. Hacen lo que mejor les parece, no importan los fines para los cuales fueron creadas; hay un mal funcionamiento, un conflicto entre las instrucciones y su ejecución. Con el socialismo llegamos al apocalipsis jurídico en vida, la destrucción del Estado de Derecho.
Uno de los principales mandatos de la Constitución es el llamado a la participación de los ciudadanos en la vida política, civil y comunitaria del país; en los asuntos públicos; en la promoción y defensa de la salud; en la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias; en la formación, ejecución y control de la gestión pública mediante la evaluación de sus resultados; y en muchos otros ámbitos de la vida en sociedad.
Esta participación es individual, solidaria de las familias y de la sociedad en general, a través de las asociaciones vecinales o la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos, la autogestión, la cogestión, las cooperativas, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas (artículo 70 de la Constitución).
Los pueblos indígenas tienen un modo adicional de participación, al estar facultados para demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras. Otro tipo de participación es el de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de estos con la población. Letra muerta, nada de esto se ha implementado.
Poco de lo anterior se cumple, la vida en sociedad es insufrible. El Estado lo decide todo, se mete en todo, he impide desarrollar “el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad” (artículo 102 de la Constitución).
El Estado ha limitado los medios de participación y de control previstos en la Constitución. Entre el CNE, la Asamblea Nacional de la época chavista y el Poder Judicial, impidieron el referéndum revocatorio de Maduro; cambiaron la mayoría prevista para aprobar el antejuicio de mérito del presidente de la República (al alterar la redacción de la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, mediante una supuesta corrección por error material); crearon una Asamblea Nacional Constituyente Comunal implementando un mecanismo para su convocatoria distinto al previsto en la Constitución; confinaron el funcionamiento de los partidos políticos, intervinieron algunos de los partidos sustituyendo a sus autoridades electas, exigieron requisitos no previstos en la ley para la renovación del registro de los seguidores y restringieron la participación de los ciudadanos para su mantenimiento; además, disolvieron los partidos políticos que no se sometieron a la constituyente comunal. Y la más aborrecible de las medidas, anularon el Poder Legislativo a punta de sentencias que incumplen la letra constitucional.
La Constitución terminó siendo una quimera; el capítulo de los derechos humanos una entelequia. Lo que tenemos son muertos y más muertos; presos y torturados; enfermos sin medicinas; familias escarbando en la basura. La fábula del socialismo del siglo XXI apenas comienza, si los dejamos dictarán otra Constitución a su imagen y semejanza, formalizarán la dictadura del siglo XXI, de la cual estamos disfrutando un pequeño adelanto, lo que viene será más de lo mismo, a menos que hagamos algo.
Nuestra carta fundamental, en la que se encuentra la organización de la sociedad, el sistema de derechos y la regulación de la emergencia, nos da la pauta. Tenemos que participar en el terreno que nos corresponda, no es solo salir a la calle, es incorporarnos a cualquier manifestación de la vida en sociedad y quejarnos. Desde la casa no hacemos nada.
@rangelrachadell