¿Por qué si el PIB per cápita de los colombianos alcanzó los 7.600 dólares el año pasado, creciendo desde 3.600 dólares (63%) desde el año 1999, no puede decirse que el vecino país disponga de una economía próspera y sólida?

La razón es simple: el dinamismo económico experimentado por las dos administraciones anteriores, tanto la de Juan Manuel Santos como la de Álvaro Uribe, se asentó sobre condiciones internacionales que fueron beneficiosas para el país, mientras los gobernantes dejaron a un lado el establecimiento de políticas sólidas de sostén a la economía y de promoción de su crecimiento a través de inversiones reproductivas. El mundo también vivía un buen momento y los países latinoamericanos gozaban de capacidad de compra para importar lo que se producía en Colombia. Solo Venezuela llegó a comprar bienes por 7.000 millones de dólares anuales.

Los importantes ingresos petroleros de los años del boom de hidrocarburos no sirvieron para desarrollar nuevas áreas productivas ni para mejorar consistentemente la infraestructura de un país cuya vocación agrícola debía ser soportada por acciones decisivas en ese terreno, toda vez que la violencia interna asolaba el campo y desestimulaba la inversión.

Con el ojo puesto en la resolución de los problemas del narcotráfico y de la violencia guerrillera, poco espacio quedaba a estos gobiernos para desarrollar políticas agresivas de formación educativa para el trabajo.

No es posible acusar de irresponsables a los dos mandatarios que precedieron a Iván Duque, pero sus equipos de gobierno no fueron suficientemente diligentes para que las políticas de ortodoxia económica dictadas, por ejemplo en cuanto al cumplimiento de las metas fiscales y la contención del gasto público, fueran complementadas por planes para mejorar la productividad y la creación de puestos de trabajo.

Años de desatención de lo económico fueron ahondando la gravísima fractura social de que el país adolece y que ha convertido a Colombia en el país con mayor desigualdad social entre sus habitantes de todo el continente y una de las más altas del mundo. La necesidad de una reinserción guerrillera eficiente y, más recientemente, el desordenado y gigantesco flujo de inmigrantes venezolanos con el componente de enfermedades y de pobreza que llevan a cuestas, hace imperativa una atención eficiente al componente económico de la dinámica nacional de manera de evitar un retroceso pernicioso.

En el lado bueno de las cosas, los problemas colombianos no son estructurales y presentan soluciones de relativo corto plazo, toda vez que el país cuenta con una política macroeconómica responsable y la disposición de países cercanos a dar una mano en inversiones y ayuda social de manera de evitar una metástasis del drama venezolano hacia Colombia. La actitud del nuevo gobierno frente a la deuda externa es también motivo de esperanza. Durante los últimos años el país ha incrementado su deuda pública hasta cerca de 50% del PIB. El gobierno de Duque tiene claro que para lograr la estabilidad fiscal, tendrá que armonizar el gasto del país y sus ingresos.

Entre los temas indispensables de resolver en el corto plazo son los relativos a una sana política pensional, la eliminación del empleo informal, el mejoramiento del acceso a la salud y la calidad de estos servicios, sin olvidarse de una política rural que anime el trabajo del campo a través de la protección de los derechos de propiedad de la tierra.

Fue Carlos Slim, el hombre más rico de Latinoamérica y séptimo en el planeta, quien puso el dedo en la llaga hace unos días, al referirse a la debilidad económica de Colombia, un país con el que se encuentra seriamente comprometido con muy cuantiosas inversiones tanto en el sector de telecomunicaciones como en el gasífero y petrolero. El grupo empresarial a su cargo no ha dejado de invertir en el país aunque se haya entibiado su interés por considerar que las regulaciones no favorecen la inversión nacional o extranjera.

Para Slim, las soluciones para salir del letargo pasan por dos elementos claves: el fortalecimiento de la educación y la atención al empleo. Lo demás vendrá por añadidura.


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