En más de un lugar he encontrado conocedores de los temas colombianos que se preguntan el porqué de la animadversión externa, y particularmente venezolana, frente al proceso de paz en vigor en la vecina tierra colombiana.
La realidad es que el los acuerdos de La Habana y su instrumentación no gozan de simpatía entre quienes nos tocará sufrir en carne propia los desajustes sociales, políticos y de seguridad que tendrán lugar del otro lado del Arauca. El asunto ha sido harto transitado en la prensa venezolana por los expertos en los temas neogranadinos, que no son pocos. Por ello me ha parecido útil darle un espacio a las ideas de expertos colombianos que se pronuncian sobre su propia dramática realidad.
Eduardo Mackenzie, prestigioso y agudo periodista colombiano radicado en París, es uno de los que más luces arroja en sus escritos sobre la transición que protagoniza su país. En una de sus últimas entregas, la del 7 de noviembre a distintos medios digitales, se refiere al tema de la justicia especial para la paz, un adefesio montado por seudojuristas colombianos para darle piso legal al monstruo que engendró el acuerdo de La Habana al tratar el tema de la reinserción de los criminales y terroristas de las FARC en la vida política del país y al perdón que se espera de la sociedad colombiana, masacrada durante medio siglo por ese movimiento guerrillero hoy sacramentalizado.
En su artículo “Presiones abusivas de la ONU sobre el Congreso de Colombia” publicado esta semana, del cual he extraído algunos párrafos, el connotado experto se pronuncia sobre el tema.
“El eslabón más diabólico de los acuerdos Santos-FARC tiene un nombre: ‘justicia especial de paz’ (JEP). Sin ese eslabón la nueva configuración política que las FARC y Santos quieren darle a Colombia se desmoronaría, se hundiría por el peso de su propia ignominia. ¿Sabe usted por qué tuvieron que darle a esa ‘justicia’ el apelativo de ‘especial’? Porque se trata de algo nuevo, de algo muy raro, de algo no visto antes en ningún país libre: una justicia monstruosa. En esa frase, ‘especial’ quiere decir ‘monstruosa’. Deberíamos por eso darle a ese eslabón clave de los acuerdos de La Habana el apelativo que se merece: ‘justicia monstruosa de paz’ (JMP), o ‘justicia de la paz monstruosa’(JPM).
“La JEP o JPM es la negación del derecho y la consagración de lo arbitrario. Es la afirmación de la primacía accidental de la violencia sobre la razón y la inocencia. Un monstruo es un ser vivo de conformación insólita, que suscita el horror por su fealdad, perversidad y crueldad. La JEP es eso: una construcción aberrante, un ultraje a la sociedad. La JEP o, mejor, la ‘justicia de la paz monstruosa’, transforma al criminal en juez fanático y a sus víctimas en agresores despiadados que deben ser liquidados física y moralmente.
“Por eso la JEP es rechazada por los colombianos, salvo por los verdugos comunistas que la idearon y que la quieren utilizar para erradicar, como hicieron en tantos países, a los militares, políticos, partidos, intelectuales, periodistas y clases sociales que ellos catalogan como enemigos”.
Para infamación de los lectores, el aporte periodístico de Mackenzie ocurrió como consecuencia de la defensa que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo ante el Congreso de la República colombiana en el que le pidió avanzar en la aprobación del proyecto de esta ley estatutaria. En un acto considerado como una intromisión en los asuntos internos colombianos, en nombre de su representado, el personaje recordó a los senadores y representantes “su obligación de garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a la justicia de las víctimas de graves violaciones”. No se quedó allí el funcionario, sino que instó al Congreso a ir más allá de la discusión del proyecto de ley sin más dilaciones y a impulsar todas las acciones que sean necesarias para maximizar las oportunidades del procedimiento legislativo especial para la paz.