I
Thelma Aldana, actual fiscal general de Guatemala, llegó a ser considerada una de las cien personas más importantes y efectivas del mundo en la aplicación de la justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entre otras cosas, por su valentía de romper con la «estructura criminal de gobierno» del ex presidente Pérez Molina. Aldana hizo recientemente mención del costo social que ha generado la corrupción de su país exponiendo que solo en el 2015 se llegó a detectar más de 538 millones de dólares, los cuales equivalen a 4 años de presupuesto del Ministerio Público del Estado guatemalteco. Más alarmante resulta la comparación de esta cifra con los indicadores actuales de pobreza, desnutrición en edad escolar y deterioro del sistema educativo.
De acuerdo con el Corruption Perceptions Index 2016 no resulta casual que países como Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Honduras Paraguay, Nicaragua, Haití y Venezuela, quienes tienen un alto nivel de corrupción –y en algunos casos de los más altos del mundo– tengan al mismo tiempo enormes niveles de rezago científico y tecnológico. Lo mismo ocurre con países altamente corruptos como Somalia, Sudán del Sur, Corea del Norte, Siria, Libia, entre otros. Al contrario, y no por casualidad, pareciera existir una relación entre corrupción, impunidad, separación de poderes públicos, automatización para y control de procesos burocráticos en la administración pública y transparencia del gasto público con el nivel de desarrollo económico, científico y tecnológico. Así lo revelan los países menos corruptos como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, Singapur, Holanda, Canadá, Alemania, Estados Unidos, entre muchos otros, que han logrado invertir a lo largo del tiempo grandes sumas en capital de riesgo en infraestructura científica y tecnológica financiado fundamentalmente por el sector público.
II
La deuda pública y la deuda corporativa se han convertido en uno de los problemas más importantes en la nueva estructura económica mundial. Los países industrializados y los más desarrollados tecnológica y científicamente, poseen un total de deuda pública altamente significativa. Así lo demuestran los casos de la Unión Europea, Estados Unidos y países del Asia, como Japón y Singapur. No obstante, la relación de deuda pública con las causas del endeudamiento y las condiciones para hacer efectivo dicha deuda son aspectos fundamentales de comprender. Así, por ejemplo, vemos el caso de Singapur y Japón, el primero posee una deuda corporativa importante, pero cuenta con empresas multinacionales que operan en el país y que generan ganancias para financiar dicho endeudamiento. Adicionalmente, Singapur, con una población no mayor a cinco millones y medio de habitantes, ocupa las posiciones más importantes en el mercado de exportación mundial y vende más productos que Argentina, Brasil y Chile juntos.
Japón, por su parte, aun con el problema estructural de poseer una fuerza laboral reducida y tener que sostener un nivel de población importante que no trabaja y otra que no genera productividad laboral suficiente, puede aun así generar excedentes para el pago de su deuda. Japón posee una importante estructura económica y desarrolla enormes avances científicos y tecnológicos en su conglomerado industrial, además de poseer una capacidad importante de atraer capital extranjero.
Este no es el caso de países como Venezuela que, además de su inacabable dependencia petrolera, posee un muy alto rezago tecnológico que impacta en la capacidad de transformar su estructura productiva y económica. De acuerdo con las cifras reseñadas en medios de comunicación nacionales e internacionales, el país ha tenido que recurrir recientemente a operaciones financieras con firmas como Goldman Sachs para la venta de bonos emitidos por la empresa petrolera nacional (Pdvsa), los cuales tendrían inicialmente un valor de 2.800 millones de dólares. Estos bonos fueron vendidos finalmente por un valor de 865 millones de dólares. También se han hecho público datos e información sobre la venta de bonos al Banco de Inversión Pública japonés Nomura Securieties por un valor de 30 millones de dólares, de bonos que inicialmente tendrían un valor de 100.000 millones de dólares. Todo ello se suma a la deuda total que existe y de la cual no se conoce a ciencia cierta su valor con la República Popular de China, a través del Fondo Binacional y del Fondo Pesado. De acuerdo con información pública esta deuda estaría cerca de los 13,7 millardos de dólares.
III
No son razones para acudir a una asamblea constituyente la pretensión política de ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano actual y transitar a un nuevo sistema económico pospetrolero. Tampoco lo es el de cumplir la responsabilidad del Estado y que ya está establecida en la Constitución de 1999 para la protección del medio ambiente, enfrentar los retos del cambio climático o garantizar la «supervivencia del planeta». Y menos que menos existe la necesidad acudir a una constituyente para poder garantizarle a la juventud venezolana su futuro; el acceso a la buena educación, la ciencia y la tecnología. La Constitución actual aborda de forma general en su preámbulo y de forma específica en su articulado todo este conjunto de pretensiones políticas.
Los países más desarrollos económica, tecnológica y científicamente mantienen vigentes constituciones elaboradas desde 1787 (Estados Unidos) hasta 1958; como son los casos de Noruega (1814), Países Bajos (1815), Bélgica (1831), Austria (1929), Irlanda (1937), Alemania (1949), Dinamarca (1953) y Francia (1958). Otros países como Finlandia y Suiza renovaron sus constituciones en 1999. En el caso de América Latina las reformas constitucionales han ocurrido en épocas más recientes, desde 1991 en países como Colombia, Argentina, Ecuador, México y Venezuela.
El conjunto de experiencias que arrojan las constituciones vigentes en los países industrializados, los países emergentes y los menos desarrollados, da cuenta de que el cumplimiento de los principios y de lo establecido en el articulado de la Constitución, el conjunto de leyes que de allí se derivan y las reformas graduales constitucionales han sido las bases y los mecanismos que han permitido a buena parte de los países adaptarse a la nueva dinámica de la economía, crear nuevos patrones de crecimiento económico y tecnológico y construir capacidades de dominio de conocimiento para enfrentar los cambios y los retos de la globalización.
IV
Queda claro que las demandas desde la ciencia y la academia no pueden reducirse solo a exigir el cumplimiento del gobierno para garantizar su existencia. Las demandas para que exista una sociedad del conocimiento y una economía de la innovación pasa irremediablemente por ampliar el campo de sus exigencias; la lucha contra la corrupción y la repatriación de capitales para invertirlo en ciencia y tecnología, la reducción del endeudamiento externo para garantizar los planes y programas de desarrollo económico y el cumplimiento de los principios y leyes derivadas de la constitución, para entre otras cosas, crear finalmente el tan ansiado Sistema Nacional de Innovación, con el cual se impulse una nueva actuación de la sociedad venezolana para la generación de conocimiento y se reformule el sistema productivo y educativo nacional.