La fórmula tradicional para dar inicio a un nuevo año requiere expresar los mejores deseos y buena vibra a nuestros familiares y amigos. Eso mismo hemos hecho en lo personal aunque no en lo que respecta a nuestra golpeada patria. No porque no deseemos lo mejor para ella, sino porque un análisis racional de lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos solo permite augurar momentos de mayor dificultad y penuria.
Apenas el inefable y bien alimentado Nicolás tiene la audacia de afirmar que 2019 será el año de la consolidación económica y de la instalación de la anhelada felicidad para nuestros conciudadanos. ¿Sadismo? ¿Ironía? ¿Desconexión con la realidad? Cada quien haga el diagnóstico que mejor le parezca.
En recientes días, el economista jefe de una acreditada firma internacional de análisis financiero dio a conocer la noticia de que los tenedores de bonos venezolanos vencidos y no pagados se estaban organizando ya para plantear las estrategias que los lleven a cobrar sus acreencias atrasadas. El declarante fue el economista Francisco Rodríguez, quien es alto ejecutivo en la firma financiera Torino Capital de Nueva York y que además se desempeñó como jefe de campaña del candidato Henri Falcón en la última pantomima electoral venezolana.
En el argot popular pudiéramos decir que “tras que éramos pocos parió la abuela”, queriendo expresar que ya nos arrinconan suficientes preocupaciones como para tener que ahora adicionar otra más cuyas consecuencias pueden ser muy graves no solo para las clases dominantes, sino para todos quienes son parte de nuestra castigada Venezuela.
El caso es que el gobierno no ha podido cancelar un buen número de las obligaciones financieras que ha adquirido, ya sea en nombre de la República, de Pdvsa, Elecar y alguna otra. Tales obligaciones son exigibles y entendemos que en la mayoría de los casos la ley aplicable a ellas es la de Nueva York y/u otras jurisdicciones extranjeras. Tales obligaciones fueron adquiridas a partir del gobierno de Chávez, fueron aprobadas por la Asamblea Nacional entonces en pleno funcionamiento y la jurisdicción fue pactada libremente por la República. De paso allí se llenaron los bolsillos varios “enchufados”.
Entendemos plenamente que en las circunstancias que vive Venezuela existen razones políticas, sociales y hasta de nuestra fe cristiana que requieren reformular las prioridades de pago. Lamentablemente –de verdad– estos asuntos no se resuelven ni en foros universitarios ni en marchas reivindicativas ni en reflexiones religiosas, sino ante los estrados judiciales de jurisdicciones a las que poco interesan e importan otras consideraciones que no sean el cobro de lo adeudado. Para quien no lo entienda así es bueno que mire el espejo de lo que le pasó a la Argentina de Néstor Kirchner que, en situación comparable, acudió al recurso del “default” aprovechando la fortaleza que creían ellos que les confería su extrema debilidad para renegociar ventajosamente con sus acreedores.
Argentina, en efecto, optó por no pagar y se salió con la suya por algún tiempo hasta que la terca realidad la aisló por completo del circuito económico, de todo financiamiento, de toda transacción que no fuese con pago de contado etc. Tal cerco movió a las autoridades argentinas a proponer refinanciamientos y sujetar sus términos y condiciones a leyes emitidas por el Congreso Nacional en la creencia de que estaban descubriendo el agua tibia. Los resultados fueron funestos y hasta el buque escuela de la Armada argentina fue embargado e inmovilizado por los acreedores en un puerto africano. Los depósitos gubernamentales fueron también embargados y el circuito financiero internacional cerrado. Las justificadas protestas de quienes sufrirían las consecuencias –los de a pie, como siempre– no fueron suficientes para que un juez de Nueva York –Thomas Griesa– fallara en favor de los “fondos buitre” (que no tienen corazón, pero sí contratos vigentes) consiguiendo poner de rodillas a todo un país con 40 millones de habitantes. Llegó Macri y no tuvo otro remedio que buscar un mal arreglo para destrabar el nudo que ahorcaba a su país.
La precedente consideración tiene por objeto advertir cómo han sido las cosas en el vecindario. Hacer ver que el discurso patriótico y los epítetos inflamatorios frente al acreedor y a tribunales extranjeros más el apoyo ideológico de teóricos de la muy deseable justicia social internacional poco sirvieron ante la fría aplicación de leyes y contratos cuya vigencia se hizo valer ante tribunales independientes cuyo oficio es aplicar la ley sin sujeción a otras variables.
Por lo que se puede ver, la soga que nos ahorca no es culpa del “imperialismo malvado” sino la irresponsabilidad del gobierno de Chávez y de su lugarteniente Maduro, quienes en época de los más exorbitantes ingresos fiscales no solo los dilapidaron, sino que se endeudaron demencialmente. Aquello pudo haber sido un sueño justiciero muy deseable. Ahora hay que pagarlo y a los acreedores se les está acabando la paciencia, mientras nos acercamos al posible default del bono Pdvsa 2020, cuya falta de pago nos haría perder la joya de la corona: Citgo, amenazada también por laudos arbitrales y transacciones firmes ya. Así pues, como diría un simpático llanero que alguna vez trabajó en Miraflores: “A ponerse las alpargatas, porque lo que viene es joropo”.