La larga disputa entre Venezuela y Guyana se complica aún más. Ciertamente, el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre los dos países le otorgó al secretario general de las Naciones Unidas la responsabilidad de encontrar un medio de solución pacífica entre los estipulados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Establece, igualmente, que si el medio propuesto no logra una solución podrá buscar otro mecanismo.
Por su parte, el secretario general Ban Ki-moon le había informado a ambas partes un esquema con los pasos que consideraría seguirse para la resolución del conflicto. Recalcó que el proceso de los buenos oficios que se inició en 1990 se continuaría solo hasta finales de 2017, en el entendido de que si no se alcanzaba un acuerdo su sucesor escogería la Corte Internacional de Justicia, a menos que los países en disputa la rechazaran.
La diplomacia venezolana no disputó esta opción bajo el argumento de que para la Corte Internacional de Justicia constituirse en parte de un proceso, cualquier Estado parte de un litigio debe expresar su consentimiento, aceptar su jurisdicción.
Llegó el momento, no se alcanzó un acuerdo y el secretario general procede según lo acordado. Guyana lo recibe con complacencia. El presidente de Guyana, general David Granger, logró un objetivo porque ha sido este precisamente el país interesado en que la disputa llegue a la Corte Internacional de Justicia, en donde encontrará suficiente comprensión para su causa, tanto por las razones históricas que no eran de su competencia, pues no existía como nación independiente, como por la cantidad de pronunciamientos y errores de Venezuela en estos últimos años que pudieran eventualmente ser usados en la corte contra las tesis venezolanas, fundadas en un arbitraje írrito y viciado, como bien se ha demostrado.
Venezuela desde el Acuerdo en Ginebra no ha tenido interés en otro mecanismo que no sea el de la negociación con miras a una solución pacífica y de mutuo beneficio para las partes. Así debe mantenerse.
Sin duda, nuestra diplomacia se descuidó en estos últimos años y es responsable al no prever que esta opción estaba vigente y en uno de los peores momentos de la historia republicana para someterse a un arbitraje internacional. Por otra parte, el secretario general, en conocimiento de la crisis que atraviesa el país, debió proponer un waiver o congelar cualquier decisión mientras la crisis nacional persista. El país está en desventaja por la dimensión de la controversia interna y su capacidad de maniobra internacional.
Con argumentos de peso, el Consejo Venezolano de las Relaciones Internacionales afirma: “Observamos una falta de coherencia al querer resolver en forma expedita un diferendo territorial cuando la propia ONU ha reconocido que una de las partes, Venezuela, atraviesa una severa crisis humanitaria”. Recuerda que Guyana reconoce la crisis al ser signataria de la Declaración Grupo de Lima acordada el 23 de enero de 2018. Aseguran que estamos ante una clara falta de competencias del secretario general de la ONU para remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia.
En esta oportunidad nuestra diplomacia está tan débil como estuvo en los tiempos del Laudo Arbitral. Ojalá que el gobierno entienda la dimensión de esta situación y actúe en nuestra defensa con visión de Estado y responsabilidad histórica. Este es un tema que debe quedar excluido de la diatriba nacional.