El pasado 30 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Acnudh, presentó el informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1° de abril al 31 de julio de 2017”, del cual recientemente nos había dado un adelanto muy corto. En esta oportunidad lo desarrolla en 47 páginas en las que, luego de un riguroso trabajo de investigación, develan las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura en las recientes protestas vividas en nuestro país.
Para la realización del informe, el 6 de junio de 2017, la Acnudh creó un equipo para documentar e informar sobre las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas masivas en Venezuela ocurridas entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017. En ausencia de autorización del gobierno para entrar en el país, el equipo del alto comisionado emprendió actividades de monitoreo a distancia en la región, entre las que se incluyó 135 entrevistas con víctimas y sus familiares, testigos, representantes de organizaciones no gubernamentales, periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el Ministerio Público. También recibió información por escrito de la Defensoría del Pueblo y de la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela para las Naciones Unidas en Ginebra.
El documento detalla el uso de fuerza excesiva y letal por parte de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas, juicios militares contra civiles, ataques contra periodistas, y ataques y restricciones contra opositores.
Las conclusiones del informe indican que en Venezuela se “pone de manifiesto una situación de derechos humanos cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas, en la que se observan niveles cada vez más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y un aumento de la estigmatización y persecución de las personas percibidas como opositoras al gobierno del presidente Maduro. La Acnudh documenta la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales en el contexto de las manifestaciones realizadas en todo el país, violaciones que tienen por objeto frenar cualquier tipo de protesta contra el gobierno. Constató que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva y realizado detenciones arbitrarias de las personas que participan en manifestaciones. También señala la existencia de patrones de maltrato, que en ocasiones podrían llegar a constituir tortura y violaciones graves del derecho al debido proceso por parte de las autoridades venezolanas en perjuicio de las personas detenidas en relación con las protestas”.
Además, “constató que las fuerzas de seguridad habían utilizado sistemáticamente fuerza excesiva para dispersar las manifestaciones. Los incidentes de uso excesivo de la fuerza fueron generalizados y siguieron un patrón común. La alta incidencia de fuerza excesiva y el nivel de daño infligido a los manifestantes infundieron temor y disuadieron a la gente de participar en las protestas. La información reunida por la Acnudh reveló que las fuerzas de seguridad infringieron los estándares nacionales e internacionales al utilizar la fuerza de manera no progresiva y en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad. Desde que comenzaron las protestas, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso desproporcionado de bombas lacrimógenas contra los manifestantes, sin antes agotar el recurso de otros medios menos dañinos, tales como el diálogo o el uso de barreras para separar a las personas que participaban en las protestas. La información recopilada por la Acnudh y otra información pública disponible indicó que las tanquetas antimotines utilizadas por la Guardia Nacional Bolivariana lanzaron con regularidad varias docenas de bombas lacrimógenas al mismo tiempo. También se utilizaron tanquetas lanza-agua que en ocasiones tumbaron a las personas manifestantes y las impactaron directamente en la cabeza”.
El informe pone al descubierto las atrocidades cometidas por el régimen y solicita al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examine la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, que es miembro del Consejo.
La respuesta del régimen no tardó en darse a conocer. El embajador ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, acusó a la Oficina del Alto Comisionado de comportarse “como una de las tantas ONG financiadas por intereses inconfesables para satanizar, en nombre de los derechos humanos, a gobiernos y pueblos soberanos” y de sumarse “a la campaña intervencionista foránea, que busca erosionar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de la patria de Bolívar”. El informe “está plagado de mentiras”, por utilizar presuntamente “fuentes sesgadas” y reproducir información “de organismos fantasmas, de ONG financiadas por instancias del gobierno norteamericano y órganos de seguridad”, según Valero, y agregó: “Una narrativa falsa y manipuladora” de lo que realmente ocurrió en ese período.
No podíamos esperar una respuesta diferente del régimen, ellos nunca han aceptado sus errores y propuesto una rectificación, yo solo le agregaría que las violaciones de los derechos humanos no prescriben y que a los responsables, según documenta el informe de la Oficina del Alto Comisionado y muchas otras instituciones más, les tocará responder por todo esto. La justicia a veces tarda pero siempre llega.