Opinión

¿Observación internacional para legitimar la farsa electoral?

El régimen madurista intenta desesperadamente legitimar su fraude electoral del 20 de mayo próximo, para lo cual busca observadores internacionales que, sabemos perfectamente, no tendrían mucho que “observar” pues ni siquiera tienen acceso al CNE, ese monstruo convertido en máquina de votos, para verificar si las elecciones se habrían desarrollado normalmente y si habían sido justas y honestas.

Ya solicitaron al despreciable Zapatero que presidiera el grupo de observadores internacionales. Si como mediador no fue imparcial ni independiente, menos aún lo será como observador de un “proceso” electoral ilegítimo e ilegal de origen, como el impuesto por la fraudulenta ANC. Seguramente contará el régimen con representantes del Alba, al menos de algunos de ellos y uno que otro “asociado” al proyecto, para que aplaudan una vez más la “extraordinaria” labor de Tibisay Lucena y sus compinches del CNE. No vendrá la OEA, por supuesto, a cuyo secretario general la dictadura le veta por demócrata; tampoco Mercosur y muy probablemente tampoco Unasur, una vez dominada por el igualmente despreciable Ernesto Samper.

Maduro insiste en la presencia de Naciones Unidas en su proceso electoral. Una insistencia poco seria de un supuesto jefe de Estado que ha llegado a afirmar, de la manera más irresponsable, que el secretario general de la ONU estaría siendo objeto de presiones por Estados Unidos, para que no envíe una misión de observación y verificación electoral. Un disparate con fines mediáticos bien calculados que reproduce el candidato “opositor” oficialista, Henri Falcón, quien aseguró que iría a las Naciones Unidas en Nueva York para solicitarle a su secretario general el envío de la misión.

Lamentables posturas de las dos caras del oficialismo forman parte de la jugada política, nunca limpia, del madurismo-chavismo, cuyos representantes ignoran que las misiones de observación y verificación electoral no son mecanismos que dependen de la voluntad del secretario general o de cualquier funcionario de la organización, lo que excluye cualquier tipo de presión sobre ellos. Las declaraciones, impropias, por lo demás, de un supuesto jefe de Estado y de un también supuesto “candidato opositor” a la Presidencia, no solo es una cuestión de ignorancia, una condición constitutiva de esta ideología devastadora, sino una manipulación y engaño que más que producirle dividendos, les trae desprecio dentro y fuera.

Es cierto que Naciones Unidas, que considera que las elecciones son parte fundamental de la democracia, aunque reconoce que esta no responde a un concepto unívoco, presta asistencia técnica a los países miembros desde hace años, más desde 1991 cuando se nombró a un coordinador de las Actividades de Asistencia Electoral que habría de asesorar al secretario general en temas electorales. Igualmente cierto es que la organización mundial observa los procesos a los que se le invita para validar su integridad, para verificar su autenticidad y apego a las normas; pero el envío de una misión y su modalidad y competencias dependen de una decisión del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General, mediante la cual instruirían al secretario general para que organice tal misión que, vale también precisar, no responde a un modelo específico, sino que se adecúa a cada realidad.

Estamos hablando de elecciones en el sentido estricto del término, no de simulacros electorales propios de las dictaduras, más de los regímenes totalitarios del siglo XXI que se esconden detrás de las reglas democráticas, al interpretarlas y aplicarlas a su manera. Si bien el concepto “democracia” abarca distintos supuestos y formas, aunque siempre dentro de los parámetros fundamentales del respeto pleno de los derechos humanos, ausente en la Venezuela de hoy, los procesos electorales son sin embargo definidos muy claramente como procesos auténticos, honestos, justos. Tal como se afirma en todas las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, también en los Informes del Secretario General, “la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada por los pueblos para determinar su propio sistema político, económico, social y cultural y su participación plena en todos los aspectos de su vida”, lo que evidentemente contradice la realidad venezolana impuesta por el chavismo-madurismo.

Ante procesos viciados en forma continua, desde su origen y en su organización y fines, solo podemos concluir en que una misión de las Naciones Unidas, para que observe el proceso electoral y verifique sus resultados, no tiene cabida en este proceso impuesto por el régimen en el que se han violado todas las reglas, desde la ausencia de un ente electoral independiente e imparcial, hasta el secretismo de los registros electorales, manipulados, como es sabido; las limitaciones impuestas a los electores, por no solo el manejo arbitrario de los centros de votación, sino por haber negado que los millones de venezolanos en el exterior participen en ese proceso; también las inhabilitaciones de dirigentes políticos, sumado ello al grosero ventajismo y la persecución, el chantaje y el uso de los medios y fondos públicos en favor de la principal candidatura oficialista.

Incluso, si la elección hubiera sido convocada conforme a la Constitución y las leyes de la República, estas anormalidades hacen que el proceso no sea limpio, como lo exigen las reglas aceptadas hoy internacionalmente, relativas a los procesos electorales.

El régimen intenta el fraude y su legitimación. El fraude lo logrará, evidentemente, aunque el “nuevo gobierno” surgido de la farsa no será reconocido por la mayoría de los gobiernos del mundo, por los demócratas, solo por los cada vez menos asociados al proyecto destructivo del socialismo del siglo XXI; pero su legitimación no será posible, al menos, con la observación de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Unión Europea y de otras instituciones representativas del orden en el mundo.