Sí, se las conoce como garantías y así se las denomina, siendo fundamental tener claras su definición y conciencia de la importancia de su vigencia. Las hay de distintos tipos, para diversos fines y en diferentes casos; siempre son más en el papel que en la práctica, y todas son y deben ser requeridas, en ejercicio del derecho a contar con ellas.
Cuando en casa un aparato se echa a perder, la pregunta es si está bajo garantía, y en la letra chiquita del contrato vemos qué poco es lo garantizado. Ante los riesgos de la calle, optamos por los estacionamientos, con la idea de que allí está seguro el carro, suposición que dura hasta leer en la tarjeta que no hay tal. Al recibir del mecánico el vehículo reparado, le pedimos una garantía, él pone un garabato y la fecha en la factura, y si una falla obliga a volver, él aclarará que la garantía era por lo resuelto, y que lo de ahora es “por otra causa”.
Son muchos los ejemplos que podrían ser mencionados aquí, y que ilustran hasta dónde conceptos como este de las garantías y el mismo verbo garantizar, han terminado por no tener el rigor y la seriedad con que alguna vez fueron concebidos entre nosotros. Persiste sí, y es comprensible que así sea en estos tiempos, la inclinación a pedir garantías; lo cual sucede a diario y en todo, desde quien quiere que le garanticen que ese licor que compró no es adulterado, hasta la garantía que con candor alguien demanda de no ser un pasatiempo sino un amor definitivo, de que no es una aventura lo propuesto sino un romance con acordes de marcha nupcial.
En lo político se hace justo punto de honor, del reclamo de la vigencia de las llamadas garantías constitucionales, referidas en especial a la inviolabilidad del hogar, al libre tránsito, al hecho de no poder ser detenido sin una orden judicial, y a la libertad de expresión del pensamiento. Pero aparte de que exigir su restitución cuando algún gobernante las suspende, es un planteamiento correcto y políticamente valido, también es de justificada reiteración explicar que se les exige porque dentro de un Estado de Derecho tiene que haberlas, y no porque ingenuamente se crea que si ellas están vigentes no hay abusos ni atropellos oficiales, pues la propia policía, funcionarios públicos y hasta algunos jueces, se han encargado a lo largo de años de no dejar ni asomo de duda acerca de cuán equivocada esa creencia.
Hay formas de garantías que se dan a otra escala y que igualmente demandan consideración, dentro de una evaluación totalizadora de los fenómenos; es, por ejemplo, lo que le sucede al país internacionalmente, en el sentido de que además de los dictados impositivos del Fondo Monetario Internacional, no siempre le son dadas o reconocidas las garantías que requiere de reciprocidad en los tratados comerciales, ni en la fijación de los precios o cuotas de sus productos de exportación, dentro de un típico estilo de conducta imperialista que ahora pasa sin denuncias, dado que parece tenerse por obsoleto y como algo que desluce por inelegante a quien lo haga, eso de denigrar del imperialismo, aunque haya razones para hacerlo.
Siento asimismo la necesidad, precisamente en las circunstancias actuales en las que la exigencia de garantías se apoya en una activa y efectiva movilización popular, de ver incluidas junto a las mencionadas y como fundamentales, aquellas que corresponden a derechos humanos que el Estado está en la obligación de satisfacerle a toda la población, como lo es entre otros la salud, que además de la atención médica contemple condiciones adecuadas de vivienda, alimentación y servicios básicos de higiene ambiental.