La crisis o más bien la catástrofe provocada por un régimen dictatorial irresponsable y arrogante parece haber tocado fondo. Incapaz de enfrentar su fracaso y la oposición de sus propios camaradas que ahora surgen como críticos y redentores después de haber participado en la destrucción del país, Rafael Ramírez, Izarra, Giordani, quienes parecen haber olvidado lo que hicieron y dijeron desde el poder más absoluto durante todos estos años, el régimen de Maduro no encuentra salida y parece obligado a permitir un cambio en el corto plazo, lo único que podría garantizar la tranquilidad y la paz en el país y, más allá, en la región.
Independientemente del final de la crisis debemos estar preparados para enfrentar las consecuencias del desastre chavista, es decir, estar listos para el período poscrisis. No es posible ni aceptable improvisación alguna. Deben los políticos, sobre todo, reflexionar sobre la instauración de un nuevo orden nacional que permita la recuperación del orden democrático y el camino hacia el progreso sin mayores traumas.
Un cambio de gobierno e incluso de sistema no es suficiente para restablecer el orden. Se requiere un esfuerzo mayor, de todos los sectores, para lograr lo fundamental: la reconciliación nacional, la recomposición de la sociedad venezolana, que se base en el establecimiento de la verdad, en el reconocimiento de las víctimas y la reparación debida, en la aplicación de la justicia para que se investigue, se procese y se castigue a los autores de esta tragedia, en especial, a aquellos que participaron en violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, por sus acciones o sus omisiones. Habrá una justicia transicional, una justicia propia adaptada a nuestra realidad, que no podrá ser la expresión de impunidad.
No podrá haber perdón, ni leyes de amnistía, ni nada que excluya la responsabilidad de quienes por veinte años se dedicaron a destruir un país. La justicia deberá ser aplicada sin distinción y sin consideración de acuerdo alguno que en el algún momento pueda plantearse para avanzar y restaurar el orden democrático. Nada podrá impedir que los autores de estas atrocidades, que van más allá de las violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de la tortura, de la persecución, rindan cuenta ante la justicia. A ello agregamos a todos aquellos que se enriquecieron, que se beneficiaron de las políticas corruptas de un régimen farsante y miserable, retador y forajido, como el de Maduro, iniciado por Chávez en 1998.
No cabe el perdón, es cierto; pero tampoco la venganza, la retaliación. Debemos buscar y esa es una responsabilidad de los dirigentes políticos que a veces parecen no oír el clamor popular, la reconciliación nacional que no se reduce al acuerdo entre las fuerzas políticas. Se trata de un amplio acuerdo nacional que permita que todos, los unos y los otros, en la diversidad, vayamos adelante juntos para reconstruir el país.
El mundo espera el cambio, pero exige confianza, es decir, garantías de que lo que pasó en estos veinte años no se repetirá, para lo que es fundamental que con base en el acuerdo nacional se introduzcan las reformas requeridas, no solo legales, necesarias para extraer las ideas perversas que se han introducido en el orden interno, ajenas todas a nuestra realidad, impuestas más bien desde afuera, sino reformas de todas las instituciones nacionales.
Debe reconstruirse el Poder Judicial, el sistema electoral, todas las instituciones del Estado para que sean accesibles a todos, sin discriminación alguna. Deben rehacerse las fuerzas militares, las policías nacionales y estadales, las fuerzas del orden, para combatir la delincuencia y la violencia generada y fortalecida estos años gracias a las políticas erradas de un grupo de irresponsables. Igualmente, la capacidad productiva, la organización social deben estar incluidas en esa transformación.
No se trata entonces solamente de reformas económicas, indispensables, sino de reformas que permitan la reconciliación nacional y que garanticen que esta aberración no se repetirá. Sin duda, un nuevo orden nacional basado en la justicia social y en la responsabilidad solidaria de todos.