En el marco del acto de la MUD/Frente Amplio, Henrique Capriles afirmó que se busca “una solución política pactada, una transición pacífica”.

Por su parte, el Frente Amplio: “Definimos el 10 de enero de 2019 como una fecha que representa un hito histórico en esta etapa oscura de la vida nacional…”. Y luego “se compromete a construir las bases de un acuerdo nacional que defina las reglas de una transición ordenada e inmediata…”.

¿Quién podría oponerse a un proceso democrático, electoral, constitucional, pacífico y hasta cariñoso para salir de Maduro? ¿Qué locura podría impedir el deseo por una transición ordenada?

Veamos:

1. El FA dice que el 10 de enero “vence el período presidencial vigente. Con ello desaparece por completo cualquier vestigio de legitimidad de un dictador totalitario que por la vía de los hechos ya carecía de ella, razón por la cual, a partir del 10 de enero, ocurriría una usurpación continuada del poder presidencial, pues quien pretende ejercerlo lo haría sin la legitimidad de origen que solo da la voluntad del pueblo”. ¿Pierde legitimidad y al mismo tiempo carece de esta? Es un enredo porque los mismos factores que así lo afirman ya habían destituido a Maduro el 9 de enero de 2017 y acordado la renovación de los poderes públicos en el referéndum del 16 de julio.

2. Fijar el 10-E como hito no tendría nada de malo si el fin del régimen estuviese en el horizonte de los que han propuesto esa fecha; pero ya el rector de la UCAB, José Virtuoso, importante operador político del FA, declaró que “sería terrible crear falsas expectativas para el 10 de enero” (El Nacional, 25/11/2018).

3. Entonces, ¿qué pasa el 10 de enero? De no concentrarse las fuerzas para la salida de Maduro del poder, lo que podría ocurrir es que este –a pesar de su debilidad– tomara la fecha para un “nuevo comienzo” con toda la charlatanería de “diálogo”, cambio del CNE (dos pa’ti y tres pa’mí), elecciones para las calendas griegas y otros golosinas de cianuro.

4. Reconocer la Asamblea Nacional “como la única institución con legitimidad democrática y responsabilidad institucional para garantizar y conducir la transición” es desconocer el papel del Tribunal Supremo, designado por la AN, como coadyuvante de esa tarea.

5. Hay que saludar que los integrantes del FA reconozcan ahora que debe darse una transición, tema que varios eludían hasta hace poco; pero la idea de convencer al régimen de que admita salir del poder en forma negociada, sin acciones de fuerza, es no entender la naturaleza de una mafia criminal convertida en Estado.

El gran peligro de esta hora es que las presiones de Zapatero, a través del gobierno español, y la aquiescencia de los mismos actores internos de siempre pretendan reproducir la payasada del diálogo a la dominicana.


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