Mañana será la primera ocasión en que los criminales de las FARC, ahora sacramentalizados por el acuerdo de paz de La Habana suscrito en el año 2016, actuarán como partido político acudiendo a una consulta electoral.
Este convenimiento entre gobierno e insurgentes les garantiza 10 puestos en el Congreso colombiano a partir de este año, de los cuales 5 serán del Senado y 5 de la Cámara parlamentaria. No puede llamarse, desde luego, “elecciones” al acto público de mañana, si los 36 millones de colombianos en capacidad de votar de antemano se encuentran frente a curules predispuestas para ser ocupados indefectiblemente por miembros del nuevo partido político de las FARC.
¿Qué decir de que estos cargos reservados hayan sido destinados a delincuentes del calibre de Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino y Sandra Ramírez (la viuda de Manuel Marulanda), todos ellos detentores de prontuarios que merecerían reclusión en cárceles y no escaños en el órgano legislativo del país? Solo sobre el primero de la lista de las FARC, Iván Márquez (Luciano Martín Arango), pesan 198 órdenes de captura y 28 condenas de la justicia de Colombia. Este hombre se sentará en su escaño a defender libre y legítimamente los destrozos del chavismo-madurismo en Venezuela, la más poderosa amenaza que se cierne hoy sobre el país vecino, como lo ha hecho reiteradamente desde las filas de los alzados en armas. En la lista al Senado por esta guerrilla hay guerrilleros condenados por crímenes atroces, como secuestro, extorsión y asesinato.
El pasado criminal de los candidatos de las FARC merece mucho de reflexión por parte del electorado colombiano, aun cuando no pueda ya evitarse que se sienten en el Congreso a legislar por los cuatro próximos años. Porque es que no existe tal cosa como el pasado en el caso de estos malhechores. Apenas ayer se descubría un eficiente entramado de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas que sigue protagonizando hoy esta organización criminal.
Una aberración de este tamaño es lo que abre el proceso de selección de autoridades legislativas colombianas de este año, signadas ellas de irregularidad ética y moral, por decir lo menos. Es necesario recordar que los resultados de las tratativas de La Habana, es decir, el acuerdo de paz allí rubricado, recibió un contundente No de parte del electorado en el plebiscito organizado a pocos días de su suscripción. Y, sin embargo, como corderos, los colombianos –a pesar de su monumental negativa– deberán acudir no a elegir, sino simplemente a votar en lo que a este tema se refiere. Es este el legado que Juan Manuel Santos le dejará a su país cuando entregue la banda en el Palacio de Nariño.
El acto electoral de mañana es tan importante como las elecciones presidenciales, aunque ya se sepa que la guerrilla no competirá por la Presidencia. Cada vez que uno de sus congresantes guerrilleros levante su mano para presentar mociones y para aprobar proyectos de interés para el país o para orientar al Ejecutivo colombiano, nos tocará rememorar la ausencia de moralidad, la falta de probidad y el espíritu de terrorismo que presidió las ejecutorias de su trayectoria hasta el presente y durante medio siglo.