Cuando Hugo Chávez comenzó con aquella hemorragia de decretos expropiatorios estaba generando inenarrables sufrimientos a millones de venezolanos, mientras muchos aplaudían llevados por la propaganda de las supuestas bondades que traerían sus actos irresponsables. Ahora estamos viendo las consecuencias. El panorama es terrible, llueven las demandas que exigen reparaciones y para colmo no tenemos defensa. Nos arrancan a dentelladas judiciales lo que nos queda como país.
Empresas extranjeras invirtieron en diversas actividades en Venezuela y para ello firmaron contratos en los que se definieron los deberes y los derechos de las partes, pusieron sus dineros en concesiones esperando las retribuciones propias de toda actividad mercantil. En aquellos documentos se establecieron las reglas de resarcimientos para el caso de incumplimientos por parte del Estado. En la mayoría de esos convenios se previno resolver las posibles disputas por la vía del arbitraje internacional que imparte un tribunal denominado Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias), institución del Banco Mundial con sede en Washington, que es el que ahora está decidiendo los reclamos de las empresas afectadas por las expropiaciones de Chávez.
Cilia Flores dejó a su compadre en el cargo
El artículo 247 de la Constitución nacional dispone: “La Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República…” y el 249 establece que el procurador ha de ser nombrado por el presidente de la República “con la autorización de la Asamblea Nacional”. La última persona en ejercer ese cargo conforme a la norma constitucional fue Cilia Flores hasta marzo de 2013, cuando renunció y dejó encargado a su compadre, el abogado Manuel Galindo, que después ilícitamente pasó a ocupar el puesto de contralor general en diciembre de 2014, y a su vez dejó encargado a Reinaldo Muñoz. Ninguno de los dos obtuvo la aprobación de la Asamblea Nacional, por lo cual todos los actos emanados de ellos son nulos y delictivos.
Consecuencia de lo anterior es que Cilia Flores, Manuel Galindo y Reinaldo Muñoz deben responder judicialmente por sus actos.
Venezuela no tiene quien la defienda
Como consecuencia de lo anterior tenemos que Venezuela está siendo atacada judicialmente sin que tenga defensa legal, pues los actos que en tal sentido realizó Galindo y luego Muñoz, provienen de un encargado y luego del encargado del anterior encargado. Es decir, ambos usurpan la autoridad de un cargo definido en la Constitución para la defensa de los derechos patrimoniales de la República, y más aún, resulta natural recelar de la honestidad de los actos de estas personas en esos importantes procesos, donde –sin que nadie les controle sus actuaciones– ventilan miles de millones de dólares haciendo acuerdos y transacciones a espaldas de todo posible control institucional.
La información que poseo es que ante el Ciadi se están tramitando 25 reclamos contra el país. Nada se sabe sobre la manera cómo se están llevando, puesto que ni Galindo ni Muñoz rinden cuenta de sus actos, por lo menos no ante la autoridad correspondiente que es nuestro Parlamento. Nadie sabe cómo están llevando los juicios, si se hace apropiadamente, ni cuánto dinero está en juego, ni cuánto se invierte en ello.
Hace unos meses, alegando mi condición de ciudadano y abogado venezolano, intenté revisar esos expedientes: me trasladé a la sede del Banco Mundial en la 18th Street de Washington D.C., pero no me lo permitieron «debe estar autorizado por el procurador», me dijeron. Un espeso manto de secreto envuelve aquellos procesos.
Otros casos gravísimos
Pdvsa. Por ante la Corte del Distrito Sur del estado de Florida, Estados Unidos, cursa una demanda que tiene en riesgo 10.000 millones de dólares de Pdvsa y que se origina en un truculento contrato privado firmado en Nueva York en nombre de Venezuela por dos personas, 1) el ex ministro del Petróleo Nelson Martínez, que hoy está preso en Caracas acusado de corrupción por el fiscal de Nicolás Maduro, y 2) también por ese falso procurador Reinaldo Muñoz. Igualmente, en ese juicio intenté entrar como abogado venezolano y me fue negado.
Esequibo. Por ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desde marzo de este año cursa demanda contra Venezuela por nuestro Esequibo, un extenso territorio de 159.500 kilómetros cuadrados, que lo reclama como suyo y donde se han descubierto importantes riquezas.
Qué hacer
Del régimen no se puede esperar una actuación apropiada para que se restablezca la defensa del país ante los graves hechos señalados, pero quienes estamos en la lucha por la recuperación del Estado de Derecho podemos vigilar la marcha de estos casos y también la Asamblea Nacional debe notificar a los organismos internacionales, principalmente al Ciadi y a la CIJ, la situación de indefensión de Venezuela. Decirles formalmente que no tenemos una representación legítima en esos procesos porque la persona que allí la ejerce es un usurpador. Se debe exigir que se detengan dichos procesos hasta que se resuelva esa situación. Esa advertencia puede y debe surtir efectos inmediatos de paralizar todo acto que tienda a seguir practicando embargos a bienes nacionales, y en el peor de los casos quedará asentada una causal de nulidad de todo lo que en tal sentido hagan y que podremos tramitar cuando volvamos a tener democracia y Estado de Derecho.
Desde Hugo Chávez para acá esa camarilla corrupta deberá responder por aquellos abusos expropiatorios, pero nuestra Asamblea Nacional debe tener cuidado de no aparecer en responsabilidad por no hacer lo que ahora le corresponde.