Opinión

Necesidad histórica de una negociación en 2017

Alberto Navas Blanco

Tanto los procesos electorales como los golpes de Estado y las guerras civiles ocurridas en Venezuela desde 1810 han estado cargados de procesos de negociaciones internas (entre los factores componentes de los bandos actuantes) y externas (con el bando opuesto, y con factores internacionales de poder). También esas negociaciones han sido previas al desarrollo de los conflictos, como igualmente han ocurrido como una necesidad inevitable para la culminación y cierre constructivo de las situaciones de crisis política y militar.

Yo citaría algunos de los muchos grandes momentos de negociación política que determinaron el inicio de nuestra historia republicana. Primero, la culminada el 5 de julio de 1811, en la que los factores relativamente irreconciliables debatieron en el Congreso, y acordaron y aprobaron la independencia absoluta de Venezuela y hasta el doctor Vicente Maya, quien había votado en contra, terminó firmando el Acta Emancipadora. En segundo lugar, se destaca el proceso que llevó a la entrevista entre los generales Simón  Bolívar y Pablo Morillo, lo que dio con ello inicio al fin de la guerra emancipadora, proceso que fue el primer acto en el que una alta autoridad española reconoció a Venezuela como entidad política. Tercero, con la negociación y firma del Tratado de Coche, entre las fuerzas de los generales Páez y Falcón, se le dio fin a la sangrienta Guerra Federal en 1863. Cuarto, entre 1936 y 1945 la gestión del general Eleazar López Contreras y de su seguidor reformista, general Isaías Medina, basada en los principios de “calma y cordura” y de una apertura gradual hacia la democracia, permitió el tránsito institucional desde el rancio gomecismo hacia el sistema de partidos políticos y libertades civiles modernas.

Finalmente, entre 1957 y 1958 las negociaciones políticas entre las fuerzas de oposición clandestinas o en el exilio, bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, permitieron que los factores internos y externos de poder conjugaran esfuerzos que dieron resultados el 23 de Enero de 1958. Negociaciones que si bien no fueron perfectas, pues la representación de la izquierda se limitó finalmente a convocar actores moderados de Unión Republicana Democrática (URD) y a los sectores más radicales de Acción Democrática (AD), pero excluyeron al PCV como una falla de cálculo estratégico. Pese a todo ello, la actividad negociadora logró un pacto exitoso de gobernabilidad, que le dio piso político al progreso material y democrático, con gobiernos civiles, alternabilidad en el poder y un grado significativo de respeto a la independencia de poderes y a los derechos humanos, salvo excepciones ya conocidas y suficientemente denunciadas.

Esta percepción, bastante realista, de un país donde había institucionalidad, partidos y sindicatos, obras públicas, comida, viviendas, educación, salud pública, medicinas, recreación, posibilidades de comprar electrodomésticos y automóviles, etc. duró entre las décadas de 1960 y parte de la de 1980. Siendo todo ello, en buena medida, resultado de la naturaleza estructuralmente negociadora de la democracia encaminada desde el llamado Pacto de Puntofijo. Pero posteriormente, en aquellos años ochenta no logró cuajar materialmente la idea de un nuevo pacto social ni la de la reforma del Estado, y se llegó apenas a los inicios de otro proceso de negociación que iba a relanzar la democracia para superar sus fallas y elevarse a un nivel superior de funcionalidad política y social.

El último esfuerzo negociador giró en torno a la figura y breve gobierno del doctor Ramón J. Velásquez, con frutos democráticos, al permitir la realización de las elecciones de 1993 y, en consecuencia, también las de 1998, gracias a las cuales Hugo Chávez pudo llegar democráticamente al poder, sobre una funcionalidad política de alternabilidad respetada desde los tiempos del Pacto de Puntofijo.

La crisis estructural de funcionalidad política que nació en 1989, cuando las FF AA y las masas salieron a las calles, de la que aún no han regresado, se ha ido profundizando críticamente desde el año 2013 y el deterioro regresivo de la vida democrática amenaza hoy en día no solamente las libertades políticas, sino más peligrosamente aún, a la naturaleza republicana del sistema de poder venezolano establecido desde 1811. Gobierno y oposición han perdido la brújula de sus capacidades negociadoras, lo que significa una pérdida substancial de sus capacidades políticas y de sus posibilidades operativas. El nuevo pacto de gobernabilidad que se puede fundar ahora, entre 2017 y 2018, implicaría no solamente convocar a todos los factores de vocación democrática, sino principalmente asumir la importancia de las actividades negociadoras que forman 90% de la actividad política. Los extremistas de ambos bandos, negados a toda negociación, solo son un tipo diferente y egoísta de negociadores, que basan frecuentemente sus negativas en intereses inconfesables.

En realidad, ni la oficialmente convocada asamblea constituyente el 1° de mayo de 2017, ni el plebiscito simbólico convocado por importantes sectores de la oposición corresponden a mecanismos vigentes en la tan defendida y no cumplida Constitución formalmente vigente. Pero ambas serían un buen punto de partida para ser retiradas simultáneamente para un regreso a la constitucionalidad y para el inicio de una negociación garantizada por la presencia de todos los intereses comprometidos en la crisis, así como de representantes confiables del escenario internacional (ONU, OEA, Cruz Roja y la Iglesia). Venezuela tiene hombres y mujeres capaces de iniciar este nuevo camino hacia un pacto superior de convivencia y dejar de ser, en el mediano plazo, una sociedad fallida generadora de un Estado fallido. Mientras más tarde sea el proceso de acercamiento y negociación más costosa será la salida, pues el gobierno ya demostró que solo no puede controlar la gobernabilidad mínima necesaria y los factores de oposición, que pese a su mayoría evidente y acrecentada con el llamado chavismo disidente, han demostrado que tampoco poseen el control suficiente de las variables reales que garantizan el poder. Ni el grado de popularidad ni la represión otorgan, por sí mismos, la solución de los problemas concretos. El poder, si no es compartido, es una camisa de fuerza que siempre asfixia y tarde o temprano se resquebraja y se derrumba.