A raíz del anuncio de quitarle tres ceros a la moneda a partir del 4 de junio de 2018, voceros oficiales han manifestado que eso servirá para controlar la inflación, para eliminar el problema de la escasez de efectivo y para evitar que se sigan fugando billetes hacia países vecinos. Creo que esos anuncios carecen de fundamento.
La hiperinflación que padecemos se debe a múltiples factores, entre los que destaca el financiamiento de los enormes déficits públicos por el BCV a través de la creación masiva de dinero sin respaldo, lo cual se ha traducido en una expansión desbocada de la oferta monetaria. Paralelamente, existe una escasez crónica de bienes y servicios, debido a la ineficiencia supina de las empresas públicas y al diezmado sector productivo privado, víctima este último del acoso gubernamental, de los controles desmedidos que se le imponen y de la imposibilidad de disponer de los insumos que requiere. Esa menguada oferta interna no ha podido ser compensada con importaciones por la escasez de divisas existente, producto de los mermados ingresos petroleros, de los elevados compromisos de pago de deuda pública externa y de la corrupción gubernamental.
Otro factor generador de inflación es la profunda distorsión cambiaria, caracterizada por un divorcio entre la tasa de cambio oficial y la libre, y por el acaparamiento gubernamental de los escasos dólares preferenciales, teniendo los empresarios que adquirir las divisas que requieren en el mercado paralelo, pero a un precio muy alto y que, se espera, seguirá subiendo con fuerza. Esa expectativa aviva la inflación, pues los precios se establecen con base en los costos esperados de reposición, los cuales, a su vez, dependen en gran medida del encarecimiento previsto de la divisa.
El abatimiento de la hiperinflación exige la corrección de todos los factores que la generan. Para ello es indispensable subsanar el desequilibrio de las finanzas públicas a través, entre otras cosas, de la sinceración de las tarifas de los servicios públicos y de los precios de los bienes producidos por el Estado, como el de la gasolina; de una mayor eficiencia del gasto público, de la privatización de múltiples empresas públicas ineficientes y muy onerosas, y de un efectivo control de los manejos de la cosa pública; en resumen, a través de la implementación de una política fiscal racional y efectiva.
En materia monetaria, hay que suprimir el financiamiento del gasto público deficitario por el BCV, devolverle la autonomía a esa organización y orientar la política monetaria al logro de metas inflacionarias. Hay que implementar una política cambiaria racional, eliminando el control de cambios e implantando un sistema de libre convertibilidad con un tipo de cambio único y flexible, y contar con un abundante financiamiento externo. También se necesita incrementar y diversificar la oferta de bienes y servicios, para lo cual hay que mejorar los servicios públicos y estimular la inversión, condiciones de base para lograr un sector productivo eficiente, diversificado y competitivo.
Por último, es indispensable desmantelar los controles de precios y de otra índole, permitiendo así la interacción eficiente de las fuerzas del mercado.
Si la reconversión monetaria no viene acompañada de un plan de estabilización que busque abatir la inflación, poco o nada será lo que se logre con ella. Por una parte, continuará el problema de escasez de efectivo, pues no hay razón para pensar que ahora sí se podrán producir oportunamente los billetes en las cantidades suficientes, o que las razones que explican la fuga de estos hacia los países vecinos desaparecerán; por la otra, en muy poco tiempo saldrán de circulación los nuevos billetes, pues con ellos no se podrá comprar nada, teniendo estos que ser sustituidos por otros de más alta denominación.
Como se ve, la cuestión va mucho más allá de quitarle tres ceros a la moneda.
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