El reconocimiento de los vicios y las pocas virtudes de los grupos que han determinado el pasado condicionan el presente e hipotecan el futuro: las formas y modalidades con las cuales se estructuraría el gobierno de transición y sus posibilidades de otorgar la credibilidad que permita las ayudas financieras y las inversiones, sin las cuales el intento de recuperación democrática y económica del país sería destinado a producir nuevas frustraciones, implica la definición estratégica de un “modus operandi” en el cual las legítimas aspiraciones deben ser proporcionadas a la efectiva disponibilidad de medios.
Se han creado las condiciones jurídicas (Asamblea Nacional, TSJ, presidente interino) y despertado la atención internacional quedada por mucho tiempo en la condescendencia de las posibilidades de negocio y en el reconocimiento de la pseudodemocracia vendida por la revolución social comunista bolivariana. No obstante, en la actualidad, para enfrentar el ulterior deterioro, es precisa la determinación con la cual los actores democráticos podrán enfrentar la presión y la estructura de la dictadura, sin continuar a recurrir a la práctica de la “política del péndulo”, de las oscilaciones y adaptaciones de los conformistas y aprovechadores de las circunstancias, los corruptos de profesión, tal vez voceros de las partes interesadas presentes en el gobierno y en la oposición, y que en el reciente pasado han producido el continuismo y los retrasos de soluciones a los problemas económicos y sociales que afectan el país: por años han servido solo para reforzar el Ejecutivo en el ejercicio del poder.
La deslegitimación del terrorismo de Estado, practicado por la obstrucción y quema de camiones de medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria, muertos y heridos, el paro eléctrico como ulterior medio de control de la población, sus consecuencias de fallecidos en los hospitales, la imposibilidad de producir pan y de comprarlo, así como de cualquier otro género de primera necesidad determinada por la imposibilidad de utilizar las tarjetas de crédito o de débito, la indisponibilidad de efectivo en bolívares y la petición de los vendedores de los pagos en dólares, la falta de agua, entre otros, son motivos reales para llamar a la población a la calle, para invitarla a participar masivamente en defensa de los derechos humanos y de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución y que definitivamente han polarizado la evaluación geopolítica sobre los riesgos de estabilidad que corre la región.
Si es verdad que la gran mayoría de los ayuntamientos e instituciones públicas sometidos al gobierno (TSJ, la Procuraduría de la República, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas), el hampa organizada y las unidades terroristas apoyan las medidas represivas y sus aplicaciones salvajes antidemocráticas, fascistas o comunistas según la interpretación individual de cada quien, es evidente que el Ejecutivo se ha apartado, o ha sido obligado a apartarse de la ficción del diálogo por los pronunciamientos internacionales, empezando por los del papa Francisco, y ha escogido abiertamente una estrategia de guerra para confrontarse con la población venezolana, esta no puede limitarse a la práctica de paseos para calentar los muslos y cantar himnos de protesta, sino que, habiendo sido traicionada en su vocación democrática y privada de sus derechos fundamentales de supervivencia, se encuentra en la necesidad de recurrir a la práctica del artículo 350 de la carta magna y en la responsabilidad de solicitar a la Asamblea Nacional la aplicación del Aparte 11 del artículo 187 de la Constitución: “Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.
Por cierto, la comunidad internacional ha tomado mayor conocimiento del drama que vive el pueblo venezolano. Desde hace más de 15 años la independencia y soberanía del país ha sido violada por el Ejecutivo con la invitación, consenso, hasta la sumisión a la injerencia de la “franquicia cubana” en la administración de la República: en el Seniat, las notarías, los registros de empresas, el catastro, la asistencia sanitaria, la escuela, las Fuerzas Armadas, las misiones. El hecho es que, a pesar de los reducidos ingresos petroleros, las sanciones financieras y la desaparición de 85% del sistema productivo, todavía las materias primas y las consecuentes ventajas de las inherentes “commodities” pueden ofrecer posibilidades de explotación y aprovechamiento a espalda del pueblo venezolano: es constatar la transformación del Estado venezolano en una neocolonia de Cuba.
Otra sindéresis, es decir a capacidad natural para juzgar rectamente, tiene la presencia de China que, como principal acreedor, consolida con la posesión del 49% de las acciones de Pdvsa y de la producción del acero la posibilidad de recuperar más de los 65 millardos de dólares financiados, por los menos, independientemente de los aspectos jurídicos pendientes, de los cuales las partes tienen conocimiento, las diferencias determinadas por la relativa aplicación de criterios de convivencia y el reconocimiento de los diversos valores de civilización, la República Popular de China, habiendo aceptado la economía de mercado, desempeña con su gerencia de las empresas una función fundamental para prospectar al país una hipótesis de desarrollo económico, avances tecnológicos, posible aumento del valor agregado de las exportaciones.
Cierto, en la dinámica de las áreas de influencia geopolítica el tema impone reflexiones, pero se trata de normales definiciones de competencia productiva y comercial que en el mundo globalizado caracterizan las relaciones internacionales, no de la indebida “injerencia política cubana”, realizada por el Ejecutivo, sin alguna autorización de los ciudadanos venezolanos y utilizando los recursos de ellos ha sustentado la supervivencia de Cuba, y sostenido y difundido, bajo la guía y supervisión de los hermanos Castro, el proyecto social comunista elaborado en el Foro de Sao Paulo de 1990.
No creemos cometer un exabrupto si pensamos que para asegurar la paz de la región la comunidad internacional se encuentra en la obligación de salvaguardar la supervivencia de Cuba, problema conocido en su diferentes vicisitudes históricas, y así se obligue su salida de Venezuela: en este modo sería posible que el pueblo venezolano encuentre en sus problemas políticos, económicos y sociales una solución democrática que evite confrontaciones armadas, una guerra civil, el abismo de una crisis irreversible, y que al contrario posibilite la formulación de una estrategia de recuperación paulatina, muy paulatina, pero creíble y factible.