No tengo la menor duda de que ustedes, profesionales activos de la Fuerza Armada Nacional, no se han dejado engañar por la campaña iniciada, recientemente, por Nicolás Maduro de una supuesta lucha contra la corrupción, que parece sobrepasará el inmenso saqueo que se ha hecho en Pdvsa para incluir otros casos de corrupción, entre ellos, los “Panamá Papers” y el escándalo latinoamericano de la empresa Odebrecht. Los venezolanos, de inmediato, hemos percibido que las denuncias sobre corrupción realizadas por Tarek William Saab tienen claros objetivos políticos: al principio creímos que solo se trataba de comprometer la imagen de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Pero, al poco tiempo, quedó claro que el objetivo era mucho más amplio: destruir a todos los grupos de poder que, en el ámbito del oficialismo, adversan el predominio madurista. Definitivamente, “voz de pueblo, voz de Dios”.
Aunque la corrupción ha carcomido casi todas las áreas del quehacer nacional, conviene analizar con mayor detenimiento lo ocurrido en Petróleos de Venezuela. Primero, porque esa empresa tiene una particular importancia en el desarrollo nacional; segundo, porque su destrucción compromete gravemente la seguridad de la nación. Esta realidad obliga a determinar las causas que han permitido que este fenómeno social haya alcanzado dimensiones catastróficas en nuestra principal industria nacional durante el régimen chavista. La historia de nuestra industria petrolera se inicia con el “reventón”, en 1914, en el pozo Zumaque 1. Acto seguido, el régimen gomecista facilitó las inversiones extranjeras a objeto de iniciar la producción petrolera, cuyos ingresos permitieron superar la pobreza heredada de las guerras civiles del siglo XIX. A partir de 1936, inicio del gobierno de Eleazar López C., comenzó un permanente proceso, que se prolongó durante todo el siglo XX, que permitió fortalecer los ingresos nacionales e incrementar el control de Venezuela sobre nuestro petróleo.
El inaceptable escándalo de corrupción ocurrido en Pdvsa ha tenido una importante repercusión en la opinión pública. Circulan informaciones precisas de estos hechos irregulares ocurridos durante los gobiernos de Chávez y de Maduro. Una de esas informaciones dice: “Una red de 30 personas y 40 empresas conforman el entramado que utilizó Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa, para lavar más de 2.000 millones de dólares en la banca de Andorra. Entre los miembros de la red, la cual funcionó entre 2006 y 2012, destacan sus primos Diego Salazar, Luis Rodríguez, José Luongo y el asegurador Omar Farías”. Una información tan precisa sólo puede originarse desde la propia Fiscalía e indica su veracidad. Además, la opinión pública cuestionó, por muchos años, el saqueo de Pdvsa. La respuesta siempre fue: descalificar a los denunciantes. En consecuencia, hay que preguntarse: ¿por qué ahora se reconoce y se denuncia este entramado de corrupción, si además, previamente, el TSJ había prohibido investigar los mismos hechos?
La responsabilidad de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro sobre el saqueo de Pdvsa es indiscutible. En 1998, recibió una de las empresas públicas petroleras más exitosas y mejor administradas del mundo. Recuerdo que en México altos funcionarios públicos se quejaban de la ineficiencia de Pemex, penetrada por el PRI, ante la eficiente y tecnocrática Pdvsa. Hugo Chávez, en su obsesión controladora de la vida nacional, decidió despedir a su dirigencia y a miles de empleados con el único fin de poder hacer lo que le viniera en gana con nuestro petróleo. En su interés de alcanzar ese objetivo poco le importó provocar la crisis del 11 de abril de 2002 y enfrentar la huelga petrolera del 2003. Esa política la profundizó Nicolás Maduro. Los resultados están a la vista. Su producción de 3.200.000 barriles diarios, con tendencia a incrementarse, cayó a 2.600.000 barriles. Lo más doloroso ha sido ver su destrucción mediante el saqueo, el endeudamiento, la venta de activos a menores precios al valor real, el desprestigio internacional, la diáspora de sus gerentes y técnicos y pare usted de contar.
Ustedes, compañeros de armas en actividad, tienen la obligación moral de conocer las verdaderas causas que han permitido impunemente este saqueo y ruina nacional. Hugo Chávez, Nicolás Maduro y la camarilla gobernante se dedicaron a destruir, sistemáticamente, todos los instrumentos de control existentes en un Estado democrático, propiciando de esta manera este asfixiante estado de caos y corrupción. Me referiré de manera particular a dos de esas causas: la ausencia de independencia de los poderes públicos y la falta de libertad de opinión. La tendencia hegemónica y totalitaria del régimen chavista impidió se desarrollara, durante estos años, una verdadera carrera judicial y administrativa, limitó totalmente la función constitucional de control de la Asamblea Nacional sobre el gasto público, designó, arbitrariamente, fichas del PSUV en la Contraloría y en la Fiscalía General de la República. Por otra parte, han ejercido una inaceptable coerción sobre los medios de comunicación en cualquiera de sus formas.
Muchos de ustedes, por razones de edad, desconocen la diferencia entre el control institucional del gasto público existente antes y después de 1998. Durante la democracia civil venezolana, la existencia de dos partidos, con opción de poder, trajo por consecuencia que el partido triunfador en las elecciones presidenciales permitía que la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados fuera siempre presidida por un diputado miembro del partido derrotado. Eso permitía interpelar cada vez que era necesario a los ministros del gabinete Ejecutivo y a los altos funcionarios mediante preguntas muy exigentes. Además, la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ahora TSJ, del fiscal y del contralor general de la República obligaba a una delicada negociación política que exigía, antes que nada, de candidatos con méritos ciudadanos, académicos, y profesionales indiscutibles. Aun con ese exigente control, hubo casos de corrupción. Eso sí, nunca ocurrió un saqueo de los dineros públicos como lo sucedido en estos dieciocho años.
En algunas oportunidades, se realizaban ciertos acuerdos entre los dos partidos que, a juicio de la opinión pública, podían ser inconvenientes para los intereses de la nación. En ese caso, actuaba el segundo control: los medios de comunicación. Los periodistas ejercían libremente el derecho de informar y de cuestionar cualquier acción de un funcionario público a través de los medios, al punto de que se podía incurrir injustamente en acusaciones inmerecidas. También es trascendente aclarar que hubo funcionarios que trataron de coartar, con pocas posibilidades de éxito, la libertad de expresión, pero nadie puede negar que durante los cuarenta años de democracia civil hubo una total libertad de opinión. Sin embargo, apenas Hugo Chávez tomó el poder, inició una campaña de intimidación contra los medios de comunicación que los debilitó de tal manera que les impidió actuar en su importante función de control para evitar la corrupción o cualquier otro hecho indebido. De allí que la incontrolable corrupción existente durante estos dieciocho años es, como ya dije, indiscutible responsabilidad de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro