La designación del TSJ por la Asamblea Nacional fue un hecho trascendental en la lucha en contra del régimen de Maduro. Cierto que se han debido tomar las previsiones ante una segura persecución en contra de los designados, pero –me imagino– no se pensó en una reacción tan inmediata y brutal como la que Maduro y su banda de rock puyao adoptaron en contra de los magistrados. Después de meses de peregrinaje en el exilio, se puede observar el inmenso valor de la decisión adoptada en ese entonces por la AN: se creó una institución que a trancas y barrancas ha comenzado a ser la expresión de la nueva justicia que habrá de imponerse.
La participación de la controvertida fiscal Luisa Ortega Díaz en ese juicio ha mostrado que los magistrados se decantaron por poner en primer lugar el objetivo del enjuiciamiento de Maduro. Así se ha logrado una decisión que, si bien hoy no es aplicable, apenas cambie la dirección del viento, lo será.
¿Son promesas para un futuro incierto? No. Lo que acaba de decidir el TSJ con el enjuiciamiento a Maduro por “corrupción propia y legitimación de capitales” es sobresaliente, más aún porque pide a la Asamblea Nacional una definición –autorizar su enjuiciamiento–, le da una orden terminante a la Fuerza Armada y al Cicpc para que proceda a su captura, y lanza alerta roja para Interpol.
El TSJ legítimo es una referencia para gobiernos e instituciones multilaterales, con lo cual sus decisiones comienzan a ser reconocidas y, más adelante, acatadas. La institucionalidad de la transición nace así y, una vez que Maduro salga de Miraflores, existe ya una cabeza del Poder Judicial que ha comenzado a tomar decisiones y dictar sentencias de obligatorio cumplimiento.
Cabe reflexionar sobre los cursos que podría haber tomado la historia contemporánea si la AN hubiese designado el Consejo Nacional Electoral legítimo. Nadie puede decir lo que habría ocurrido a ciencia cierta; pero un CNE legal, legítimo y honrado también habría sido una fuente de institucionalidad alternativa. Sería parte del poder constituyente naciente, así como lo es ya el TSJ.
No es tarde para que la Asamblea Nacional designe a los cinco miembros del CNE –con las salvaguardas de su seguridad personal– y adopten decisiones: la primera es suspender la mamarrachada del 20 de mayo con la que Maduro aspira a una relegitimación hoy aguada y piche; y, luego, establecer la ruta de las elecciones legítimas cuando el momento sea llegado.
Le toca a la AN aprobar el antejuicio y nombrar al CNE. Los diputados tienen la palabra.