La secuencia de reuniones, declaraciones, anuncios y medidas internacionales ante la situación venezolana ha sido particularmente densa en este abril. Mejor dicho, también en este abril. Cómo no recordar el del año pasado cuando, tras las sentencias del TSJ de fínales de marzo que quitaban la capacidad de legislar a la Asamblea Nacional, se iniciaron protestas masivas y sostenidas por más de cien días. Cayeron hace un año las primeras víctimas de la represión estatal y paraestatal, la que en julio ya había causado la muerte de más de centenar y medio de venezolanos, la detención arbitraria de miles, los enjuiciamientos de civiles en tribunales militares y muchas y bien fundamentadas denuncias de torturas, para citar solo parte del registro de esos meses. Desde entonces arreciaron las reacciones y respuestas internacionales ante la ya inocultable, sostenida y acelerada deriva autoritaria del régimen venezolano, sus efectos nacionales y sus consecuencias internacionales.
Este abril, de principio a fin, ha habido un giro visible en las reacciones y respuestas internacionales ante la crítica situación venezolana: no solo por la cantidad de sus expresiones, sino por los mensajes que transmiten de modo más y menos expreso.
Todas las iniciativas, sin duda, responden en apretada secuencia a la cada día más catastrófica situación social, económica y política de Venezuela y a la proximidad de un proceso electoral que se considera ilegítimo por carecer de garantías y que anuncia la continuidad del desastre.
El Grupo de Lima, que el 6 de abril se había solidarizado con Panamá tras las medidas impuestas por el gobierno venezolano contra sus autoridades y empresas, sumó a Estados Unidos en su extensa declaración del 14 de abril. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores se ha manifestado en tres momentos sobre la situación venezolana: el 11 de abril al final de la visita del canciller Jorge Arreaza, luego el día 19 y más recientemente el 26, al recibir al presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, acompañado por diputados y otros representantes de la oposición. También el 19 de abril, en el entorno de las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los ministros de Finanzas de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, México, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón se reunieron para tratar la catástrofe venezolana y coordinar medidas. En la misma jornada, Colombia, Panamá y Estados Unidos anunciaron la creación de unidades de inteligencia para el rastreo conjunto de operaciones ilegales con fondos provenientes de Venezuela. Al día siguiente, seis socios de los doce de la Unasur –Brasil Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Colombia– anunciaron su intención de suspender su participación en este foro tan disminuido por influencia de los intereses del régimen venezolano. El mes cerrará con la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada para mañana lunes, para tratar la situación de Venezuela.
El mensaje del conjunto de declaraciones y propuestas, como se lee en la mayoría de ellas y en los gestos y anuncios de muchos países, asoma la voluntad de trabajar en cuatro vías. Se mantiene la disposición a asistir de inmediato en la emergencia humanitaria –la interior y la que se desborda al exterior– por parte de gobiernos y, naturalmente, también por organizaciones internacionales y no gubernamentales. También se ha estado manifestando la disposición a coordinar posiciones y concertar medidas en grupos de países. Sigue muy presente el mensaje de presión de las sanciones ya en marcha y las que el seguimiento de la situación y los temas financieros anuncia que podrían sumarse. Y, finalmente, pero de enorme importancia en el balance y propósito constructivo de estos mensajes, se continúa procurando el mantenimiento de canales de comunicación al lado de cada vez más explícitas declaraciones e iniciativas que comunican la disposición internacional para asistir a la recuperación económica en cuanto se restablezca el orden constitucional y democrático en Venezuela.
Todos los pronunciamientos y anuncios, valga insistir, han incorporado un mensaje central: tal como están convocadas, las elecciones presidenciales no son creíbles, transparentes, libres ni legítimas. La exigencia es que lo sean, que el gobierno se comprometa seriamente a crearlas para que se asegure la participación de todos los partidos políticos, sin obstáculos, bajo condiciones iguales y en conformidad con la Constitución venezolana y los estándares internacionales, en un marco de respeto a la legalidad y los derechos humanos, “única forma de resolver la crisis multidimensional”, en palabras de la señora Mogherini.
Finalmente, un mensaje central, de vuelta a lo que nos toca resolver desde Venezuela, es el que la Conferencia Episcopal Venezolana expresó al país todo, con cuidada ponderación y franqueza el pasado 23 de abril: “Todos los venezolanos hemos de tomar conciencia de que está en juego en estos momentos no solamente la realización de un evento comicial más o la merma transitoria de la calidad de vida de un pueblo, sino su misma existencia como nación libre, fraterna y democrática”.