Opinión

El megafraude

Emiro Rotundo Paúl

La írrita convocatoria de la asamblea nacional constituyente, la arbitraria selección de los candidatos a integrarla y el sangriento y chapucero proceso de votación del domingo 30 de julio, pasarán a la historia nacional de la infamia con los niveles más altos de calificación, porque no se trata de un fraude más de los muchos que han ocurrido en la historia del país, el último de los cuales fue el célebre plebiscito de Pérez Jiménez de diciembre de 1957, que propició su caída un mes después. Este megafraude constituyentista de 2017, sumado a las otras felonías del chavismo-madurismo a lo largo de sus diecinueve años de funesta existencia, convierten la gestión del régimen en la mayor traición al pueblo venezolano que gobierno alguno haya perpetrado en la historia nacional.

El chavismo-madurismo nació de la democracia y llegó al poder por las vías que esta le facilitó. Chávez y sus compinches prometieron al pueblo venezolano, a ese pueblo por el que supuestamente estaban dispuestos a morir, una democracia auténtica, más justa, más genuina, más participativa y protagónica, sin corrupción, sin represión y suficientemente apta para garantizar a los venezolanos la mayor suma de felicidad posible, según frase del Libertador, de cuyo nombre, ideas, rostro y huesos se apropiaron para ponerlos al servicio de sus inconfesables proyectos. Todas las ruindades políticas del pasado provenían de gobiernos dictatoriales y cerriles, de una época semifeudal, personificadas por caudillos y jefes militares sin cultura ni tradición democrática. Pero el chavismo-madurismo surgió de un proceso político moderno, que parecía haber dejado atrás todo ese cúmulo de engaños, rapacidades, abusos y fraudes que caracterizaron a nuestro bárbaro pasado.

Con el megafraude electoral del domingo, el régimen madurista culminó el golpe de Estado acompasado que venía realizando desde diciembre de 2015, cuando designó irregularmente a los magistrados del TSJ, comenzó a hostigar a la Asamblea Nacional con la inhabilitación arbitraria de los diputados electos del estado Amazonas, imposibilitó la realización del referéndum revocatorio del mandato presidencial y postergó arbitrariamente las elecciones regionales que debieron celebrarse en diciembre de 2016.

Ahora, despojado de todo carácter de legalidad, el régimen queda totalmente expuesto a la aplicación de las disposiciones de la Constitución vigente en sus artículos 333 y 350 que es necesario exponer aquí con todas sus letras:

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.

A partir del megafraude de la ANC, el régimen perdió toda legitimidad y se encuentra en la posición más débil e incierta de su largo y funesto recorrido. Todo indica que le queda poco tiempo de vida, pero las características radicales, rapaces, irracionales y criminales de sus dirigentes, que ya no piensan más que en el poder por el poder mismo, sin otra finalidad que no sea la de seguir gobernando a como dé lugar para continuar enriqueciéndose, para preservar lo que se han robado y diferir lo más posible el momento de la rendición de cuentas, hacen que ese próximo final sea peligroso e incierto. Existe el fundado temor de que suframos mayores privaciones, más persecuciones y más muertes antes de que termine este lamentable capítulo de nuestra historia.