Los datos del Consejo Nacional Electoral atribuyen 17 de las 23 gobernaciones al Partido Socialista Unido de Venezuela: 54% de los votos oficialistas frente a 45% de los votos de la oposición, calculados sobre un total de 61,14% de participación de los ciudadanos en las elecciones del pasado domingo.
Independientemente de que el resultado corresponda o no a la verdad, que sea reconocido o no por la oposición y/o por la comunidad internacional, se debe constatar que alrededor de 6.000.000 de venezolanos sufren de “masoquismo”, una perversión antropológica de quien goza al verse humillado o maltratado, en este caso, por un sistema político; un sistema al cual se siente vinculado por la degradación producida después de haber sido llevado a una servidumbre voluntaria o involuntaria a la que se ha acostumbrado.
Alguien ha afirmado que todavía el pueblo se encuentra bajo el “efecto Chávez”. Ninguna maravilla, la ilusión es la última en morir y puede llevar a singulares exabruptos, como reporta Le Figaro Magazine en relación con el diálogo entre el papa Francisco y el sociólogo Dominique Welton, donde el pontífice dijo: “Una mujer me ayudó a pensar la realidad política. Ella era comunista”. El nombre de la mujer era Esther Balestrino de Carea, ya fallecida.
No reproduzco esta cita para faltar el respeto, ni para despertar una polémica ni una confrontación dicotómica entre ideología y teología acerca de los principios del bien y del mal, solo hice un intento por interpretar y hacer entender el valor político de un comportamiento, pues parece que muchos venezolanos están satisfechos de pagar la carne por más de 50.000 bolívares el kilo, los tomates por más de 25.000 bolívares, una canilla de pan a 4.000 bolívares. En relación con el sueldo básico, como es conocido, se encuentra en una condición de supervivencia, que aunada a la falta de medicamentos, induce a un estatus de vida inferior al actual en Cuba.
Para anular el apoyo al régimen no han sido suficientes las movilizaciones de calle, los cientos de muertos, los miles de heridos, los presos políticos, la participación en el diálogo frustrado por los incumplimientos sistemáticos del gobierno, la consulta popular del 16 de agosto de 2017.
Simplemente el control de los poderes, la fuerza de las armas, la violencia de los “colectivos”, la influencia económica del narcotráfico han prevalecido, con el sostén determinante de la asamblea constituyente, sobre la falta de estructuras democráticas partidistas, la capacidad de organización, la ausencia de proposición política para solucionar las condiciones de crisis del país, la responsabilidad de una gerencia de la oposición todavía caudillista, la complicidad, la corrupción y, sobre todo, una estrategia inadecuada en lo geopolítico y en lo neoeconómico, así como el olvido del sentido del Estado.
De modo que nuestra visión permite presentar algunas conclusiones iniciales: a) la ausencia de algún sector de la sociedad civil y partidista en la elección, el cual ha percibido anticipadamente la debacle y, por su comportamiento, se debe admitir que ha tenido el coraje de reconocer la inconsistencia de la estrategia adoptada al no participar en las elecciones de la asamblea constituyente y anular sus efectos sobre los otros poderes (Judicial y Legislativo) propios de la Asamblea Nacional cancelada en su esencia institucional; b) la importancia insustituible de la intervención internacional para reducir los riesgos de confrontación interna y asegurar principios de justicia frente a la conveniencia política de la impunidad permanente de los delitos cometidos; c) la conciencia de que en Venezuela se combate una parte importante de la confrontación internacional entre la civilización del mundo occidental y el neocomunismo, el terrorismo internacional, el narcotráfico; e) la incompatibilidad de las postulaciones y valores de la democracia frente al régimen dictatorial instaurado en Venezuela y presente en el Caribe y en otras áreas comunistas del mundo a la cuales el gobierno intenta agregar el pueblo venezolano en contraposición a su cultura e historia; f) la prioridad de la afirmación del derecho frente a la arbitrariedad de la dictadura; g) el valor estratégico de Venezuela, que por su ubicación y sus riquezas naturales es objeto explícito o implícito de confrontaciones internacionales; incumbe a los venezolanos la obligación de salvaguardar y luchar para defender en este territorio su identidad y soberanía.
El deterioro del sentido moral ha comprometido la dignidad del ser ciudadano ante la situación de dominación maquillada con un concepto de presunta legitimidad otorgada por las desviaciones constitucionales de la Fuerza Armada que, incumpliendo con los postulados de los artículos 328 y 330 de la Constitución, se ha transformado en el principal soporte del régimen de coerción que impone miedo a la población civil y permite el predominio de una minoría castro-comunista bolivariana cuyo dudoso mérito es haber destruido el país en lo ético, lo económico y lo social.
Es una condición que ha madurado en el tiempo por la ejecución del proyecto castro-chavista formulado en 2006 y que ha sido posible con la complicidad de una oposición corrupta, que ha practicado la política del negocio y que deliberadamente ha renunciado a la confrontación ideológica y programática. Como relevado a otra circunstancia, se ha renunciado a la formulación de una estrategia que pudiese comprometer la estructura piramidal del poder interno de los partidos políticos tradicionales (AD, Copei, Primero Justicia), el así llamado “cogollismo”. Esto con el fin de defender los conucos de poder y justificar su propia presencia mediante una estructura seudoautoritaria con apariencia de democracia.
El paradigma autoritario castro-social-comunista-militar-bolivariano y el paradigma liberal adoptaron la propia configuración de una autocracia gubernamental en la respectiva proposición política en el juego de las partes: una ficción a la cual han sometido a la sociedad venezolana mediante el método de la confrontación ideológica nunca realizada. Se ha tratado de una ficción detrás de la cual cada parte ha caracterizado su comportamiento, borrando el concepto de Estado y el de soberanía también cuando la situación ha requerido un acuerdo, “un diálogo”, para la supervivencia del Estado-nación.
Las referencias a los derechos humanos, a las libertades constitucionales, a los presos políticos, a las necesidades de medicamentos y alimentos han asumido un reflejo de admisibilidad/no admisibilidad ideológica en medio de los errores administrativos del gobierno, y nunca han puesto en tela de juicio el abandono del régimen de la economía mixta definida en la Constitución, la destrucción del sistema productivo, la inconsistencia y el aprovechamiento de las prácticas distributivas con apariencia social, el incremento de las importaciones de productos de consumo ordinario que también por redes paralelas de comercio acentúa las diferencias presentes en la estructura de la sociedad. Por consiguiente, la política fiscal y monetaria y la hiperinflación han exasperado la crisis.
Hasta ahora, la defensa de lo estrictamente político-partidista ha prevalecido sobre el análisis y la confrontación, sobre las causas primarias de la crisis que han producido el sentido de necesidad al cual ha sido reducida la nación.
“El diálogo” en la dimensión de las relaciones entre gobierno y oposición se ha presentado como una prioridad absoluta, pero ahora, la visible configuración de la dictadura ha despertado la conciencia de la sociedad civil que, superando los límites puramente partidistas, debe pretender que el diálogo, si se diera, debería tener como objeto el análisis de los problemas reales del país como derecho fundamental definido también en el caso negado de que ella constituyera solo 45% de la población.