Dos hechos concretos constituyen el precedente sobre el cual se sustenta que Maduro gobierna de facto, y que a partir del 10 de enero es un usurpador.
El primero, el autogolpe/desacato AN, y el segundo, la ANC y las elecciones espurias. Reconstruyamos:
El 11 de enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que todos los actos de la nueva Asamblea Nacional serían nulos mientras sigan juramentados los tres diputados opositores de Amazonas, cuya elección fue cautelarmente suspendida.
Así se declaró la AN en desacato, situación que desde el argumento oficial tenía una sola resolución: repetir las elecciones, pero ya hoy hace tres años que el Consejo Nacional Electoral debió repetir esas elecciones y no lo ha hecho, por una sola razón, la decisión de contravenir los resultados del estado Amazonas fue estrictamente política y nada tiene que ver con la alteración real de un resultado electoral, ya que si hubiese sido así la elección se repite y se sanciona a los responsables y listo.
Ya desde este momento existe un autogolpe de Estado; pero las dudas al principio, producto de la habilidosa capacidad de hacer creer que era probable que se repitieran las elecciones y se reestableciera la situación, hizo incluso que en algún momento la AN cediera a las demandas del TSJ y se desincorporaran los diputados para que al final no pasará nada.
No siendo suficiente con eso, la sentencia n.° 155 del 28 de marzo de 2017 del TSJ termina de dar la estocada final; la Sala Constitucional convirtió una autorización al Ejecutivo nacional para que constituya empresas mixtas (petroleras) en la disolución del Parlamento en Venezuela y advierte al país que, a partir de este momento, la Sala Constitucional pasa a ejercer todas las funciones y competencias de la Asamblea Nacional.
Esta controvertida decisión fue parcialmente revertida, pero el mal ya estaba hecho, incluso a pesar de haber llamado Maduro al Estado Mayor de gobierno, esta figura al final quedó siendo un jarrón chino que aparentemente revirtió la decisión del TSJ sin tener competencia para ello, pero el resultado al final fue el mismo, la disolución de hecho de la AN se había consumado.
Y a esto debemos sumarle la constitución de una asamblea nacional constituyente espuria, que convocó a unas elecciones presidenciales eliminando la posibilidad de la participación de todo el espectro de la oposición, y que incluso fue declarada como fraude el 20 de mayo por aquellos que cometieron el error de participar en esa megaestafa.
Sin embargo, administrativamente, la AN ha seguido funcionando, sin autonomía y sin capacidad de hacer cumplir decisión alguna, totalmente disminuida y derrotada ante el ánimo de los venezolanos que apostaron porque esta instancia pudiese ser el contrapeso real de un gobierno opresor y neototalitario.
Hoy algunos siguen pensando que la resolución del conflicto es burocrático-institucional o, en el mejor de los casos, jurídico, y asumen que un mecanismo de negociación tradicional podría destrabar el juego, cuando en realidad el asunto es estrictamente político y de capacidad de acumulación de fuerza para confrontar al poder de facto.
La AN fue elegida con la mayor cantidad de votos con que ha podido ser escogida instancia de gobierno alguno en Venezuela, y aunque el Ejecutivo ha logrado golpear la legitimidad de esta institución junto con los errores cometidos por la dirigencia opositora, no tenemos ninguna duda de que todo esto es reversible si la conducción de la AN asume su papel político de verdad.
No me voy a sumar a la necedad inviable de que la AN se autonombre gobierno de transición sin tener a parte o toda la Fuerza Armada legitimando dicha acción, sería estúpidamente suicida, aunque de hecho, el 10 de enero Maduro pasa a ser un usurpador y punto.
Pero de lo que sí estoy convencido es que la AN desde el mismo 5 de enero debe llamar y encabezar en la calle, con la gente, estado por estado, municipio por municipio una rebelión popular de lucha por los derechos perdidos, pero con la conciencia política de la necesidad de una transformación real de fondo y no de forma, que busque reestablecer el Estado de Derecho y derrote al usurpador como consecuencia de la unión irreversible de todos los poderes legítimos de nuestro país.
Esto solo se puede lograr si la AN llama a constituir una dirección política que sirva de instancia de sombra del poder, con la diversidad necesaria para garantizar la representatividad de la mayoría de los sectores del país y, además, a través de un triunvirato, asuma el liderazgo del que hoy carece 90% del país que clama a gritos que salgamos de esta desgracia, con una propuesta común y recobrando la esperanza de un mejor futuro.
No le pedimos a la nueva directiva de la AN que se inmole, le pedimos que actúe, que salga del hemiciclo, que cada diputado desde su circuito garantice la movilización necesaria para lograr el cumplimiento del artículo 333 de la Constitución, y que así acabe el terrorismo de Estado para por lo menos dos cosas básicas:
1. El restablecimiento de la condición democrática y el Estado de Derecho, con el fin de tener las condiciones para la reactivación de la economía sin comprometer la soberanía nacional y así iniciar la revalorización de nuestro salario y capacidad productiva.
2. Lograr el libre acceso a los alimentos, medicinas, salud, educación, sin mayor condición que la de ser venezolanos y portadores de una cédula de identidad, abriendo las puertas a la ayuda humanitaria donde haya que hacerlo para lograr condiciones mínimas de estabilización.