El día próximo al Primero de Mayo y en los subsiguientes se han suscitado hechos que han sido motivo de preocupación para los ciudadanos –que de manera mayoritaria le han hecho resistencia sostenida al autoritarismo demostrado por el presidente Maduro–, entre los cuales ha tenido connotación las consecuencias sobrevenidas del decreto ejecutivo sobre el nuevo aumento del salario mínimo, de cumplimiento inmediato, con posdata suscrita para conversar con los “representantes de la red de supermercados y abastos“, sobre su obediente y recta aplicación.
El presidente –sin punto ni coma que pueda alterar su convincente decisión, hablando de manera categórica y escuchado por los ciudadanos que desean un cambio en su habitual estado de postración– comunicó a través de los medios de comunicación: “Yo le he dado una orden al vicepresidente ejecutivo de la República, Tareck el Aissami, para que cite a toda la red de supermercados y abastos, y un ultimátum”. Se entiende que tal ultimátum, sin consideración al lenguaje diplomático, ha de ser considerado por el ciudadano necesitado como una resolución terminante y definitiva comunicada por escrito, para su cumplimiento insobornable.
No es la primera vez que Nicolás Maduro trata de manera demagógica permear el sentimiento colectivo de los que padecen mengua, hoy mayoría poblacional, anunciando presidio para los que no cumplan el contenido de los decretos promulgados. En el antepenúltimo aumento amenazó con 24 años de prisión al comerciante que osara no obedecer, para lo cual no hubo cumplimiento de resultados acatados por parte de los amenazados.
En el tercer aumento salarial en lo que va de año, Maduro de manera un poco suavizante ordena a su segundo de a bordo conversar, sin interrupción, con los supermercados y abastos para que se evitara incumplir la Ley sobre precios justos en la aplicación de tan “degradante y mísero salario”. Salario, que a consideración de muchos, al igual que las dádivas que ha venido otorgando, no es más que un recurso de proselitismo electoral, que ha tenido como resultado la consumación degradante de la situación de miseria de una población, que no encuentra cobijo para cubrir las inmensas necesidades que a diario padece; sin la menor estima de los que poseen el disfrute sensual del manejo sin control del erario público.
El decreto de Maduro, exhibido como conquista de un régimen en picada, al igual que los otros, ha empeorado la situación del país, en esta oportunidad con unánime postura de omisión.
La bravata proferida con arrogancia para la imposición de un salario que no satisface a la clase trabajadora y a los pensionados de la República, que sin consulta fue decretado, ha formado una respuesta de unificación entre los comerciantes de diferentes ramas, incluido expendedores del área farmacéutica y lo que es más, de los mercados municipales, llamados de la soberanía alimentaria. Estas empresas se han unificado en carteles y llegado a acuerdos informarles con el firme propósito de eliminar la competencia en el mercadeo de medicinas, productos agrícolas, pecuarios, alimentarios de todos los ramos, y han obtenido ganancias ilimitadas con toda clase de beneficios; encaminados a desarrollar un control sobre la producción y distribución de las mercancías, mediante pactos ilícitos (colusión) y formando un mercado monopolístico con un inmenso poder de mercadeo frente a la cual el gobierno ha dejado de hacer; ha consentido en dejar pasar, lo que nos hace pensar que existe aval para tan ostensible comportamiento del sector oficial, a cuyo cargo se encuentra la protección del consumidor. Estos señores son tesoreros de delitos de lesa humanidad.
Como colofón a lo expuesto, sin duda alguna la situación de comportamiento de Maduro nos hace pensar que, como lo he dicho en diversas oportunidades, reunió las condiciones para postularse como presidente, empero ha demostrado no tenerlas para ejercerlas, por lo que permitir su reelección sería concebir a Venezuela como una nación dividida en dos grupos totalmente irreconciliables. Uno de formación fascista y militar, de nepotismo absoluto, que goza de riquezas súbitas, que controla los órganos de los poderes públicos, que tiene mucho más de lo superfluo, que no permite disidencia. Y otro que se encuentra sometido a un estado de miseria, al cual se le niega la ayuda humanitaria ofrecida con gestos de bondades por instituciones y sociedades internacionales, que migra en busca de solución a sus problemas, que por desidia de un gobierno autoritario se incrementa y muere de mengua.
La derrota de Maduro está a la vista, no goza de consenso en la opinión pública a lo que se suma una sentencia de aceptación ecuménica que declara su suspensión como presidente de Venezuela, así como su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público en el marco de la continuación del antejuicio de mérito, con exhortación a la Asamblea Nacional sobre el particular.
Esperar a que Maduro dimita lo creo una ocurrencia propia de “los muchachos”, pero seguro estoy de que si se forma una dirigencia unida de verdad, el cambio de régimen se daría de inmediato. Votar o no votar requiere de unidad formal y dialéctica sobre la conveniencia de hacerlo o no hacerlo. Nos queda tiempo para echarle pichón, lograrlo es fundamentalmente patriótico. El pueblo lo implora, lo necesita, asumamos el deber desinteresado ¿Por qué no complacerlo?