Nicolás Maduro apuesta lo poco que le queda de capital político y decide jugarse a Rosalinda con el resto de las medidas anunciadas el pasado viernes. Busca con la aplicación del paquetazo económico, “el plan para la recuperación económica nacional”, reconstruir la confianza necesaria para salir de la grave crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela.
Las sostenidas protestas de las enfermeras por la reivindicación salarial e insumos a los hospitales, al igual que en otros sectores de gobierno, los cortes continuos del servicio de electricidad, la falta de agua potable, los altos precios de los alimentos y la escasez de las medicinas hacen de Venezuela un país turbulento y conflictivo. Por lo que la mayoría de los venezolanos quieren que Maduro y su régimen se vayan ya (Meganálisis).
Además, el supuesto intento de magnicidio puso a Maduro contra las cuerdas. El régimen no logró que los gobiernos democráticos se solidarizaran con el presunto atentado, mientras los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Caracas asistieron a la sesión de la Asamblea Nacional que trató la desaparición del diputado Requesens –aparentemente vinculado al magnicidio– y la violación de la inmunidad parlamentaria.
El Plan de la Patria 2013-2019, “un país potencia en lo social, económico y político”, condujo al colapso económico de Venezuela. En cinco años, el producto interno bruto caerá 50%, según el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que el tamaño de la economía se reducirá al nivel de cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998. Los 20 años de socialismo del siglo XXI arrasaron con la economía venezolana. El trillón de dólares que ingresó al país por concepto de exportaciones petroleras y no petroleras no se tradujeron en bienestar económico-social para la nación. Todo lo contrario.
Para mantener vivo el Plan de la Patria, Maduro financió el déficit público, aumentando los bolívares fuertes en circulación, y efectuó un control de precios y del dólar. Sin embargo, no pudo sostener más la emisión de dinero inorgánico, para lo cual apeló a una reingeniería financiera. Solicitó a los venezolanos que tengan fe y esperen 2 años para ver los resultados de su implantación, el “paquetazo económico”, porque la táctica del “plan para la recuperación económica nacional” es terminar de ejecutar el control social de los venezolanos y la estatización de la economía.
El habilitador para este fin es el carnet de la patria que tiene actualmente asociado la caja de comida CLAP. Además, incorporará el subsidio de la gasolina, el bono de reconversión económica, y el pago por parte del Estado del diferencial entre los salarios actuales y el propuesto devengados por los trabajadores de las pymis y de todo el sector privado por 90 días. Este último impactará los pasivos empresariales, lo que permitirá a Maduro estatizar o comprar los negocios a través de la nueva generación de boliburgueses cercana al binomio Maduro-Flores –al mejor estilo de la era Putin en Rusia–.
El otro factor determinante en el paquetazo es el manejo del bolívar como medio de cambio, unidad contable y acervo de valor (“stock económico”), para lo cual Maduro creó el bolívar soberano anclado al petro. A la vez, el petro lo amarra al precio de un barril de petróleo. Es decir, un petro es igual a un barril de petróleo físicamente, en el subsuelo como reserva o en producción a futuro.
Con esto Maduro busca “petrolizar” la economía, por lo que ordenó a Pdvsa registrar todas sus operaciones en petros, como unidad contable, a partir del pasado 20 de agosto.
En la práctica el petro es deuda petrolera que el régimen de Maduro cancelará con reservas petroleras o con envíos de crudo. La petrolera rusa Rosneft y la China National Offshore Oil Corporation vienen trabajando la primera forma de pago como colateral de sus deudas –la entrega por parte de Maduro de las reservas de hidrocarburos del bloque Ayacucho 2 al BCV para fortalecer las reservas internacionales tiene la misma intención, el endeudamiento de las reservas petroleras–. Y el pago con envíos de crudo a futuro es la forma actual de cancelación de la línea de crédito del Fondo Chino (barriles de petróleo venezolanos a cambio bienes y servicios chinos).
El resto del paquetazo:
• aumento salarial de 3.361%;
• devaluación de la moneda en 2.311%;
• incremento del impuesto al valor agregado (IVA) 4% para pasar a 16% –sube 4 puestos, y pasa a ocupar el sexto lugar en la tabla de países que más paga IVA en América Latina–;
• aumento de 2% del impuesto a las grandes transacciones financieras, exceptuando al sector industrial;
• derogación de la Ley de ilícitos cambiarios;
• apertura de 300 casas de cambio en el país;
• exoneración del pago del impuesto sobre la renta a Pdvsa y empresas filiales y empresas mixtas domiciliadas o no en Venezuela;
• exoneración de los impuestos de importación y tasas arancelarias a los bienes de capital y productos manufacturados nuevos y de segunda mano adquiridos en el mercado internacional; y
• aumento de la gasolina, aún no anunciado;
busca estimular la oferta y demanda de bienes y servicios, y el cierre de la brecha fiscal que, de acuerdo con Maduro, el objetivo es un déficit fiscal cero.
Maduro sabe que la viabilidad del Plan de la Patria es un fracaso, si sigue adicto al consumo de bolívares para financiar el déficit fiscal. Además, no tiene aparato productivo para hacer frente al vicio del bolívar.
Por ello, para salir de esta situación, Maduro busca someter el pueblo venezolano con el carnet de la patria, a tal punto que dentro del carnet todo, fuera de él nada; y entregar los recursos del subsuelo, reservas de hidrocarburos y la producción de petróleo a través del petro en los mercados que lo acepten.
Por lo que Maduro se juega a Rosalinda con un paquetazo económico.