A finales del año 2000, en la ciudad siciliana de Palermo, en Italia, 124 países de los 189 miembros de la Organización de la Naciones Unidas firmaron la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante la Convención), tratado que tiene dos objetivos principales: El primero tiene por objeto eliminar las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales que en el pasado hubiesen podido bloquear la asistencia mutua. El segundo establece normas para las leyes domésticas, de manera que se pueda combatir con mayor eficacia la delincuencia organizada. De esta manera, el acuerdo está básicamente orientado a promover la cooperación en la lucha contra la criminalidad organizada, y en él se prevén medidas que los países firmantes pueden adoptar en áreas como la asistencia legal mutua, el control de la corrupción o el blanqueo de activos. También se abordan asuntos como las medidas judiciales, la cooperación informal, las pesquisas judiciales conjuntas y las técnicas especiales de investigación criminal.
A lo largo de las dos últimas décadas se han dado diversas situaciones en el campo de la actuación del crimen organizado que sirvieron como justificación para los esfuerzos conducentes a la firma de la Convención de Palermo, desde la perspectiva tanto de los Estados más afectados como de la ONU, por lo que progresivamente se empezó a reconocer el crimen organizado como un atentado a la soberanía y a la democracia, y una fuente de corrupción estatal y de contaminación de la actividad económica.
Los esfuerzos de las Naciones Unidas por fortalecer la cooperación entre países para la lucha contra el crimen organizado no son recientes, y se fueron consolidando a lo largo de congresos que se realizaron cada quinquenio sobre la prevención del delito. De tal manera que en el año 1992 la ONU estableció la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. A finales de 1994 en el contexto de una conferencia mundial sobre el tema se aprobó la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Transnacional Organizada, documento que poco después sería adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En un principio esta idea fue acogida con gran entusiasmo por los países en desarrollo. Se consideraba que la negociación de un acuerdo mundial, con más de un centenar de firmantes, conduciría a un documento demasiado general y de bajo perfil. Una serie de conferencias ministeriales de seguimiento sirvieron para crearle un ambiente más favorable a la idea de una convención mundial sobre delincuencia organizada
Los textos finales elaborados por el comité fueron sometidos a la aprobación de la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2000. Entre el 12 y el 15 de diciembre del mismo año se realizó en Palermo una conferencia de alto nivel para la firma de la Convención y los protocolos. Se escogió esta ciudad como un tributo a la lucha del Estado italiano contra las mafias sicilianas. El plazo para firma en la sede de las Naciones Unidas siguió abierto por dos años más, hasta el 12 de diciembre de 2002.
En virtud de los avances significativos en la lucha contra la delincuencia organizada, los países firmantes del protocolo están obligados a realizar un esfuerzo conjunto y de cooperación con los organismos de seguridad, así como los sistemas judiciales de los distintos países, para proponer un impulso a los procesos de entrenamiento y de cooperación técnica, y apoyo a la asistencia financiera y material para con los países menos desarrollados. Dentro de la Convención la cooperación entre países incluye temas como la extradición y la asistencia legal mutua.
Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentó un determinante informe de 39 páginas sobre Venezuela, en el que denuncian “la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”, así como “el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones; la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos, todo lo cual denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”.
En virtud de lo anteriormente indicado, preocupa mucho a la ONU la precariedad de los derechos humanos en el caso venezolano, concretamente los procedimientos inquisitivos ejercidos por los organismos de seguridad relativamente inmunes al control civil, sumados a la prioridad que se le ha asignado a ciertos delitos, como el tráfico de drogas y migraciones forzosas, o lo que es igual, del hecho político ha pasado a la violencia y ello es un delito, porque la política es un servicio social sujeto a la democracia en la que se respetan las libertades públicas y los derechos humanos.
En este contexto, el énfasis que se le asigna en la Convención a ciertas conductas, cuyo adecuado control exige necesariamente fortalecer los métodos inquisitivos de investigación, van en contravía de los avances recientes logrados en muchas sociedades en materia de derechos humanos y supervisión civil de los procedimientos de los organismos de seguridad de un Estado.
Son innumerables los casos de la violación de los derechos humanos en Venezuela durante los 19 años desde que se instauró en el poder el llamado socialismo del siglo XXI con Hugo Chávez, y tras su fallecimiento su hijo putativo Nicolás Maduro Moros. Delitos cuyas denuncias reposan en el seno del máximo organismo mundial, por lo que algunas ONG, entre otras Interamerican Institute for Democracy, que velan por la estabilidad de las democracias latinoamericanas, exhortan a la comunidad internacional a solicitar la aplicación de la Convención de Palermo al régimen de Nicolás Maduro y sus principales colaboradores del régimen.
En consecuencia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) de acuerdo con la disposición legal aprobada puede acusar, investigar, juzgar y capturar a quienes incurran en los delitos anteriormente tipificados, como el caso venezolano con Maduro y sus huestes, como lo denuncia la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien lo acusa de haber obtenido beneficios materiales, cometido delitos graves contra la libertad, el Estado y la economía, detentando ilegalmente el poder político con fines de impunidad, amén de las denuncias sustanciadas ante el máximo organismo mundial.
Venezuela clama por paz, seguridad, estabilidad social, política y económica entre sus necesidades más apremiantes, para salir de tan horrible pesadilla y retornar a una nación altiva y soberana con un gobierno de respeto, libertad y conducta civilizada.