La racionalidad que deriva de la aplicación del principio de causalidad no siempre acompaña la posesión del conocimiento, que viene utilizado por la política por proposiciones no conformes con la factibilidad, sino para propaganda de sus postulaciones.
Encontrar una salida a la hiperinflación que vive Venezuela no es una simple manifestación de responsabilidad, sino una obligación moral y ética de una política sustentada en soluciones técnicas, porque debido al impacto sobre la capacidad adquisitiva de la moneda se une la disminución de los consumos, la fuga de capitales, el aumento del déficit fiscal a través del endeudamiento: es un reto que ninguna opción política puede eludir, al contrario debe asumir solo después de la salida del gobierno y la sustitución de la dictadura social comunista-bolivariana por un sistema sustanciado en la democracia real.
Algunos profesionales acreditados del sector económico proponen la dolarización porque serviría para mantener el equilibrio de la balanza de pagos, para lograr un aumento del empleo, (el “pleno empleo” parece en la actuales condiciones del sistema productivo venezolano una utopía), y para la rectificación de las distorsiones inducidas por el tipo de cambio vigente que facilita la importaciones y desfavorece las exportaciones: el conjunto económico así constituido conforma los precios relativos del mercado a los grandes sacrificios del pueblo venezolano.
En lo jurídico, la dolarización incumple con lo dispuesto en la Constitución de la República de 1999, que define el bolívar como moneda oficial, pero a corto plazo se necesitan medidas coordinadas de carácter fiscal, monetario, cambiario, de contención entre precios y salarios, que sean dirigidas a disminuir la hiperbólica tasa de inflación.
Es cierto, se necesitan dólares. Pero estos en Venezuela derivan de los ingresos petroleros mermados por la incompetencia de la gerencia y la consecuente baja de producción que no se recupera por declaración, sino por los obvios cambios que deben ser aportados a la política del sector y, sobre todo, en determinar dónde, en que forma, bajo cuáles modalidades, y en qué tiempo se pueden conseguir los recursos para perseguir la recuperación del específico sistema productivo, fundamental para la independencia y soberanía del país y para las condiciones de vida de los ciudadanos.
El nivel de la tasa de inflación es de tal magnitud que la aplicación de las famosas restricciones del Consenso de Washington parece no ser suficiente para alcanzar a corto plazo un reajuste equilibrado de la economía venezolana.
No obstante, ya que el enfoque clásico ha tenido éxito en el pasado reciente en Argentina y Brasil, se impone la práctica de una política fiscal sumamente restrictiva y que va desde la eliminación gradual y selectiva de los subsidios al aumento de los impuestos, la reducción del gasto público, la adecuación de los costos de los servicios públicos y de los commodities, el incremento del ingreso público determinado también por la parcial privatización de las empresas del Estado, empezando por las del sector petrolero, con la consecuente modificación de las leyes de hidrocarburos.
Se impone el control del sistema cambiario mediante una ulterior y ponderada devaluación del bolívar. Se debe aunar la restricción del crédito domestico para los sectores no productivos, al mismo tiempo en que la tasa de los intereses activos deben favorecer, directa o indirectamente, las actividades productivas, no las comercialmente especulativas en daño de los consumidores. Se debe dejar que el equilibrio del mercado, determinado por la demanda y la oferta de los bienes transables, imponga el ritmo del crecimiento de la economía y por esto exigir que la determinación de la política exija al sistema judicial la obligación de condenar económica y penalmente los especuladores, ya que los trabajadores y pensionados de cualquier nivel sufrirán el peso de las medidas drásticas mencionadas.
La gradual disminución de la inflación será finalizada a una distribución equitativa de la plusvalía entre capital y trabajo para mejorar en lo posible los ingresos y la calidad de vida de los ciudadanos, máxime de los que se encuentran en condiciones de pobreza extrema.
En definitiva, programar y lograr una estabilización de la economía no es una proposición de fácil seguimiento, que técnicamente se puede configurar como una “síndrome holandesa” o una enfermedad venezolana así como postulan algunos conocedores de la teoría económica, sino un duro compromiso, un reto que no se puede postular sino después del cambio de gobierno y con la aceptación de la ayuda que las naciones amigas puedan o creen sea oportuno proporcionar.
Es un condicionamiento al cual ha sido sometido el pueblo venezolano objeto de la guerra económica que le ha declarado el Ejecutivo nacional para conseguir y utilizar los recursos venezolanos para la propagación del proyecto político de la izquierda internacional en el país y en las áreas limítrofes de América Latina, pero sin obtener el resultado esperado, como demuestra el más reciente pronunciamiento de la OEA.
Lamentablemente subsistirá un precio que la nación deberá pagar. Lo importante es que en las tramitaciones que se desarrollarán sea preservada nuestra identidad y nuestra soberanía. La historia enseña que los errores que se cumplen en política son responsabilidad también de cada ciudadano que los ha permitido, independientemente de su credo político, cuando ha expresado, no ha expresado, ha sido impedido de expresar su voto con transparencia y en libertad.