A apenas un mes de gestión del período presidencial de Iván Duque, tiempo obviamente muy corto para hacer un diagnóstico, se observa un panorama positivo puesto que se ha caracterizado por un indudable liderazgo y un profesionalismo en la planificación e implementación de las tareas.
El problema de Duque es inmenso, pues le tocará enfrentar a un país en crisis debido al estado catastrófico en que lo dejó el irresponsable y antipatriótico gobierno de Santos.
Un pequeño lunar que observo ha sido la timidez del presidente y su equipo en denunciar ese estado calamitoso del país. Se debe hacer cortés pero enérgicamente la denuncia del desastre dejado por Santos para que no le pase lo de Macri, que al no expresar el estado en que le dejó el país Cristina Kirchner, ahora carga con la responsabilidad de la crisis financiera dejada por ella.
Como ya lo señalé, el problema es grande, sobre todo por la falta de gobernabilidad que se presenta al responsablemente no continuar con la clientelista política de compra de votos en el Congreso, costumbre tradicional por décadas en Colombia, pero exacerbada al paroxismo y hasta niveles delictuales por el gobierno de Santos.
Considero que Duque se enfrenta principalmente a dos grandes retos: el de lograr sanear la justicia y hacerla eficiente para el ciudadano de a pie, en primer lugar, y que se reinstaure la seguridad en el país, para que en verdad el colombiano sienta que vive en un país que le protege su vida y sus propiedades.
Ya San Agustín señalaba que no se podía concebir un Estado sin justicia. Considero que la Colombia actual es un Estado fallido, pues no hay una verdadera justicia. Tres problemas fundamentales aquejan a la justicia colombiana: la inseguridad jurídica, la corrupción de los jueces y la ineficiencia del aparato judicial. La inseguridad jurídica es consecuencia del excesivo garantismo de la Constitución del 91. El Estado se encuentra frecuentemente frenado por acciones de minorías que le ponen palos a la rueda a emprendimientos muy importantes para el país, establecer reglas claras y estables es condición sine qua non para el orden y progreso en Colombia. Si a esto se agrega la calamitosa situación de una dictadura judicial por parte de la Corte Constitucional, que se ha convertido en un Poder Legislativo de facto, en la abrumadora mayoría de los casos con fallos inapropiados, defendiendo sectores abusivos y hasta criminales, y yendo en contra del sentido común y jurídico que debe imperar en un país.
Caso aparte merece la corrupción judicial. El Cartel de la Toga impera en el país, abusiva y criminalmente se venden fallos al mejor postor, y que mejor postor que el mayor cartel de narcotráfico del mundo. Una justicia corrompida es el peor de los males de la República. La reforma judicial es un imperativo vital y la acción fundamental de esta tiene que ser erradicar de tajo la corrupción. Para ello es menester acciones radicales, porque no se puede hacer una reforma anticorrupción concertada con los mismos corruptos que dominan el escenario jurídico nacional. La bien intencionada propuesta de reforma de Duque pienso que será boicoteada por este Cartel de la Toga. A la hora del té, se tendrá que llamar al constituyente primario para que imponga una reforma drástica al sistema judicial colombiano. Uno de los instrumentos principales de esa reforma debe ser la instauración de una sola Corte Suprema, como funciona en la mayoría de las democracias avanzadas.
Finalmente, lograr un sistema judicial expedito es la joya de la corona de la reforma anhelada. Es inconcebible juicios que duran décadas. Los plazos de ellos no deberían pasar de máximo 3 años cuando se vaya a casación en la Corte Suprema, un sistema de conciliación eficaz y la incorporación de nuevas tecnologías deberían ser pilares fundamentales en el logro de ese objetivo.
En cuanto al segundo reto, la seguridad, hay varias aristas, unas de carácter político y otras de carácter administrativo. El reto político principal es que no se puede lograr seguridad en el país con los criminales de lesa humanidad codirigiendo su propio destino, a través de un sistema judicial y administrativo propio. Las FARC están implementando su tradicional combinación de todas las formas de lucha, ahora con una gravedad muy importante: tienen un brazo legal que enmascara las formas criminales y tienen una JEP creada para darles impunidad y perseguir a sus contrincantes. De seguir permitiéndose ese estado de cosas jamás habrá seguridad en el país.
El otro aspecto fundamental en el logro de la reinstauración de la seguridad en Colombia es una decidida política de seguridad, que tenga como norte firmeza legal para perseguir a los criminales; la reinstauración de un espíritu de lucha en nuestra Fuerza Pública, amilanado por el entreguismo que prevaleció durante el régimen de Santos; coordinación entre los diferentes entes encargados de la seguridad, refuerzo de las capacidades de inteligencia y escalamiento de los recursos tecnológicos. En combinación con la reforma judicial, se debe eliminar la laxitud de los jueces ante los criminales; es inaudito que haya delincuentes con decenas de entradas a las cárceles.
En conclusión, comenzó bien el presidente Duque, principalmente por su nuevo estilo de política, el profesionalismo de su equipo, la firmeza en su indeclinable posición anticlientelar y su intención de conformar un pacto por Colombia que busque un consenso en la solución de los problemas más agobiantes del país, un acuerdo en lo fundamental, como lo pregonaba el asesinado estadista Álvaro Gómez.