Nicolás Maduro, en su desespero de imponer un paquetazo claramente neoliberal sin tener que pagar el costo político de esa acción de gobierno, ha buscado engañar a los venezolanos de mil maneras. Al realizar un análisis objetivo del nuevo Plan Económico se puede observar que trata de mezclar las necesarias medidas económicas, las cuales tendrán un inmenso costo social, con acciones populistas discriminatorias sin explicar, con responsabilidad, el origen de los fondos que piensa utilizar para enfrentar los costos de esas acciones. Las consecuencias están a la vista: incertidumbre y desconfianza. Contratar a dos ex ministros ecuatorianos del gobierno de Rafael Correa no es garantía de una posible recuperación económica y mucho menos que ese plan vaya a tener éxito. Al iniciarse ese gobierno la economía ecuatoriana se encontraba en crecimiento ante la decisión tomada por el presidente Jamil Wahuad de reemplazar el Sucre por el dólar.
Lo más curioso de las declaraciones de Nicolás Maduro son las justificaciones que utiliza para convencer a nuestro pueblo de que él no es responsable de la tragedia venezolana. Su gobierno se encuentra en el último año de su ejercicio presidencial. Durante esos casi seis años, numerosos economistas nacionales y extranjeros plantearon que era imprescindible realizar un ajuste económico que permitiera superar el inicio de una grave deflación y un incontrolable proceso hiperinflacionario, producto del despilfarro y corrupción de los gobiernos de Hugo Chávez, que iban a comprometer el destino de Venezuela. En lugar de tomar, responsablemente, las medidas necesarias para enfrentar tan compleja situación se dedicó a incrementar la crisis económica emitiendo, sin control alguno, dinero inorgánico para incrementar el gasto público impulsando nuevos y costosos programas sociales que, ante la caída de la producción petrolera, tenía que conducir a la quiebra de Venezuela.
De allí surgió el cuento de la guerra económica, los ataques del gobierno de Estados Unidos y la conspiración de la derecha colombiana aliada con la venezolana. La supuesta guerra económica no fue creída por nadie, ante el firme convencimiento de los venezolanos de que la causa de la crisis nacional era la aplicación del modelo económico establecido en el Plan de la Patria 2013-2019. Las sanciones económicas del gobierno del presidente Trump y de la Unión Europea fueron inicialmente tomadas contra funcionarios civiles y militares que aparecían responsables de graves delitos. Solo después de la inconstitucional convocatoria a la elección de la asamblea nacional constituyente y la forma antidemocrática de las elecciones regionales y presidenciales de los años 2017 y 2018 fue que tomaron la decisión de imponer sanciones generales a su gobierno. Analizaré, con mayor profundidad, la supuesta conspiración de la derecha colombiana aliada con la venezolana.
Utilizar al enemigo externo siempre ha sido una forma de cohesionar a los pueblos para fortalecer a los gobiernos dictatoriales, de derecha o de izquierda, ante la imposibilidad que tienen de consultar libremente la voluntad popular a través de elecciones realmente democráticas y equitativas para entregar el poder pacíficamente o legitimarse mediante el sufragio. Esta limitación conduce a las dictaduras, al agravarse una crisis política o económica, a iniciar un fuerte enfrentamiento contra otro gobierno, a quien considera enemigo de la patria, mediante constantes filípicas, que buscan fortalecer importantes valores nacionalistas. Un buen ejemplo fue la equivocada actuación del general Leopoldo Galtieri, presidente de Argentina, quien en medio de una compleja situación política y económica caracterizada por un fuerte enfrentamiento político con el partido peronista, en medio de una creciente e inmanejable hiperinflación, decidió invadir las Islas Malvinas para fracasar estruendosamente.
Nicolás Maduro siempre ha considerado, igual que Hugo Chávez, que el enemigo histórico de su gobierno es la oligarquía colombiana. En esta apreciación influyen dos razones históricas fundamentales y una innegable circunstancia política. La primera, el enfrentamiento entre los generales José Antonio Páez y Francisco de Paula Santander, el cual provocó la ruptura de la Gran Colombia; la segunda, la percepción venezolana, sin lugar a dudas justificada, sobre el Laudo Arbitral de Madrid, de 1899, en el cual la reina Cristina favoreció los intereses de Colombia. La circunstancia política es aún de mayor importancia: el castrismo siempre ha considerado que después de haber logrado controlar Venezuela es imprescindible dominar Colombia para lograr expandir las ideas revolucionarias en la América Latina. De allí que el enemigo que se debe vencer es la oligarquía colombiana y el aliado natural las fuerzas de izquierda, que han mostrado un importante fortalecimiento en las últimas elecciones.
La creciente tensión entre los gobiernos de Colombia y Venezuela se ha incrementado gravemente. No es posible que Nicolás Maduro, casi de inmediato, haya señalado la responsabilidad del presidente Juan Manuel Santos en el supuesto atentado en contra de su vida. Tampoco puede dejarse a un lado las imprudentes declaraciones del embajador Roy Chaderton, quien se atrevió a mantener que Venezuela tiene una marcada superioridad militar sobre Colombia y que los combates se sucederían en su territorio. Es importante que los mandos de la Fuerza Armada Nacional analicen la real situación militar existente, pues no se puede desconocer que el equilibrio estratégico entre Colombia y Venezuela, mantenido a través de nuestra historia, se ha roto totalmente como consecuencia de la equivocada política internacional mantenida por Nicolás Maduro con Estados Unidos. La próxima visita del secretario de Defensa norteamericano, James Mattis, a Brasil, Argentina y Colombia debería causarles preocupación.