La terminante declaración de la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, sobre las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al expresar que se “evidencian la existencia de varias violaciones del orden constitucional y un claro desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, produciéndose una ruptura del orden constitucional”, constituye la corroboración de las denuncias de la inmensa mayoría de los venezolanos, por la contumacia de la conducta fraudulenta y violatoria de la Constitución y de todo el ordenamiento legal vigente, por parte de Nicolás Maduro, su gobierno y los poderes del Estado sumisos a sus designios. Esta conducta se ha agravado aún más, con el desconocimiento por Nicolás Maduro de la voluntad popular manifestada en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, la cual le concedió a la oposición democrática una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, cuando en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia, ha pretendido anular sus facultades constitucionales.
La ruptura del orden constitucional, que en pocas palabras, es un golpe de Estado, no sólo ocurre en este caso por el contenido de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, sino por la reiterada arbitrariedad ejercida por el propio presidente de la República durante su mandato, ignorando el respeto a la debida división de los poderes, al, por ejemplo, gobernar por decreto, firmar convenios internacionales sin la debida autorización, suspender elecciones indefinidamente, ordenar detenciones de adversarios políticos, violando el Estado de Derecho y un largo etc. Para colmo de males, el presidente, una vez más, pretendió restarle importancia al grave delito cometido por los magistrados de la Sala Constitucional, arrogándose la facultad de calificar el pronunciamiento de la fiscal general, como un mero impasse entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, que él mismo resolvería con un exhorto del Consejo de Defensa Nacional, con lo cual incurrió nuevamente en irrespeto a la división de poderes. Justamente, esa fue, entre otras, la causa que originó la resolución del Consejo Permanente de la OEA que manifestó “su profunda preocupación por la grave alteración del orden democrático” ocurrida en Venezuela. El mismo criterio orientó la resolución de Mercosur que “teniendo en cuenta la ruptura del orden democrático en Venezuela” exhortó a su gobierno a respetar el cronograma electoral…restablecer la separación de los poderes, garantizar los derechos humanos…y liberar a los presos políticos”.
Imponer esa orientación antidemocrática ha sido siempre el objetivo fundamental del chavismo. Hugo Chávez trató de hacerlo mediante una reforma constitucional en el año 2007, modificando aspectos fundamentales de la Constitución de 1999. Al ser rechazada por el pueblo, en referendo aprobatorio, tomó la arbitraria decisión de establecer fácticamente su visión ideológica. Hay dos aspectos de suma importancia en esa reforma que, aunque no logró imponer, permiten entender las actuales posiciones antidemocráticas de Nicolás Maduro y de Vladimir Padrino López. Ellos son las reformas propuestas de los artículos 136 y 328. En el primero de ellos se planteaba que “el pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población. El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades”. La reforma del artículo 328 mantenía que “la Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista organizado por el Estado para garantizar la soberanía e independencia de la Nación…En el cumplimiento de su función estará siempre al servicio del pueblo venezolano en defensa de sus intereses y en ningún caso al de oligarquía o poder imperial extranjero”.
Estas visiones antidemocráticas, fueron permanentemente expresadas por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro en cada una de sus intervenciones y acciones. Las elecciones universales, directas y secretas, logradas por los venezolanos después de una heroica lucha a través de nuestra historia, no tienen para Nicolás Maduro ninguna trascendencia. Su objetivo es controlar el poder mediante la consolidación del poder comunal, el cual se originará en elecciones de mano alzada en las diferentes comunas, para posteriormente elegir a los demás poderes en elecciones de segundo, tercer y cuarto grado. En definitiva, no habrá más democracia ni libertad en Venezuela. El caso de la reforma militar también tiene graves y delicadas consecuencias. El artículo 328 constitucional establece que “la Fuerza Armada constituye una institución profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación…En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Afirmar, como lo hace permanentemente el general Padrino y el Alto Mando que “la Fuerza Armada es chavista, revolucionaria y socialista” compromete uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución: el pluralismo democrático, y conduce a Venezuela hacia una dictadura de partido único.
Freddy Bernal, viejo pero ineficiente conspirador, declaró el 4 de abril que “están tocando a militares para dar un golpe”. Ese mismo día corrió el rumor de la detención de Roberto Enríquez, presidente de Copei y de Eduardo Betancourt, dirigente de esa tolda política. También se hizo pública la detención de un capitán del Ejército y un número no determinado de oficiales de esa fuerza. Lógicamente, no puedo conocer si en realidad existe una conspiración en marcha, pero de lo que sí estoy seguro es del creciente descontento en los cuadros activos de la Fuerza Armada Nacional. El proceso inflacionario que está viviendo Venezuela, como consecuencia de la desastrosa y corrupta gestión económica del chavismo, está golpeando a la familia venezolana de una manera inmanejable. Imagínese, un capitán con dos hijos en edad escolar y una sola fuente de ingresos. No hay sueldo, ni incremento de éste que resista esa situación. De igual manera, el problema de la alimentación sobrepasa el ámbito familiar. El hambre ha empezado a rondar los cuarteles. La prensa nacional informó que en una reunión con el general Padrino, los comandantes de REDI y de SODI informaron de una delicada situación presupuestaria en todas las unidades militares que los obligaba a enviar a sus soldados a almorzar a sus casas, interrumpiendo el entrenamiento.
Además, este creciente descontento en los cuadros activos no sólo surge como consecuencia de dificultades socioeconómicas. También se origina en fundamentadas razones profesionales. Sólo voy a enumerar algunas que conozco, las cuales estoy seguro hieren profundamente el espíritu militar. Recientemente, fue ascendido un coronel al grado de general de brigada sin haber cumplido el tiempo mínimo de servicio en su grado. Peor aún, fue ascendido un mayor al grado de general de brigada, sin haber ostentado los grados previos, solo por el “mérito” de haberse insurreccionado el 4 de febrero y desempeñar por varios años la jefatura de la escolta civil de Hugo Chávez. La proliferación de fuentes de oficiales de escaso nivel profesional y académico que competirán con sus pares egresados de los institutos tradicionales de formación en igualdad de condiciones. Haber convertido a la Institución Armada en objeto de burla, en virtud de su empleo en tareas completamente ajenas a sus funciones constitucionales. Recibir los cuadros activos de nuestra organización el rechazo y el escarnio público, al haber sido convertida nuestra organización en un cuerpo represivo, en particular la Guardia Nacional, para impedir las protestas ciudadanas en contra de las arbitrariedades y atropellos del gobierno. La existencia de graves denuncias que involucran a miembros activos y de alta graduación con el crimen organizado, sin aclarar, de manera convincente, la falsedad de esas acusaciones o se haya realizado alguna investigación suficientemente transparente con la respectiva medida correctiva. La misteriosa desaparición del helicóptero MI17V5 en el Amazonas, con sus tripulantes y pasajeros, sin que haya habido una respuesta convincente de los Altos Mandos a los miembros de nuestra Institución y a la opinión pública. Por último, el bochornoso incidente ocurrido en el sitio Los Pájaros, territorio venezolano según mantuvo el general Padrino López, al ser obligada una unidad militar venezolana por las Fuerzas Armadas de Colombia a desalojar dicha área. Ahora, en medio de este creciente descontento en los cuadros militares, y de la espantosa crisis que vive Venezuela, se le presenta a la Fuerza Armada Nacional el reto de contribuir al restablecimiento del orden constitucional. No está de más recordar que la Institución Armada tiene la obligación, como todas las demás instituciones del Estado, de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Cumplan su deber.