El próximo día 10 se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para los venezolanos no habrá celebración sino luto, congoja, mucha indignación. Parte de la llamada oposición, que se considera a sí misma democrática, negocia nuestros derechos con la dictadura, preferentemente “sus” derechos político-electorales.
Lo cierto es que, aparte el absurdo de negociar lo que es innegociable, pues integra el orden moral y el orden público internacional y constitucional y que no solo es elemento esencial de la experiencia de la democracia que se le debe exigir bajo presión y amenazas de castigo a quienes los violan de manera sistemática, en Venezuela no ha quedado en pie un solo derecho. Y era predecible, desde cuando se deja imponer el país la Constitución de 1999, cuyo texto muda los derechos de la persona en concesiones graciosas o dádivas que a su arbitrio otorga el Estado.
En suma, a manera de memoria, para cuando ella sirva o resulte útil, he aquí lo que salta a la vista al cierre de 2017, sin esfuerzos de indagación acuciosa, omitiéndose incluso otros aspectos, pues se trata solo de ejemplificar.
No hay derecho a la personalidad jurídica mientras exista un carnet de la patria para ejercer derechos, situando a quienes no lo tienen en la condición de muertos civiles, al paso, sin derechos para tener derecho de reclamar los derechos internacionalmente. No hay derecho a la vida. 28.479 muertes violentas ocurren al cierre de 2016, y en 2017 son asesinados más de un centenar jóvenes por protestar contra la dictadura.
No hay derecho a la integridad personal. Los miles de detenidos por las protestas, según Human Right Watch, fueron sometidos a golpizas y torturas por los esbirros del régimen. Hay esclavitud y servidumbre, tanto que el dictador aparece en la lista negra de Estados Unidos por facilitar el tráfico de personas, a lo que se le suma el haber expulsado a parte de su propia población por la hambruna e inseguridad, víctima hoy del tráfico de migrantes. No hay derecho a la libertad personal. Tenemos 645 presos políticos certificados por la Organización de Estados Americanos.
No hay garantías judiciales ni protección judicial efectiva, tanto que el Tribunal Supremo de Justicia lo preside un criminal, y a los civiles, por protestar, se les somete impunemente a tribunales militares. Porque tampoco rige el principio de legalidad como derecho. De allí que se haya instalado –reconocida por una parte de la oposición “democrática”– una asamblea constituyente de facto, dictatorial, que ha sustituido en los hechos al Parlamento elegido legítimamente. Y el derecho a indemnización por violaciones de derechos es mercancía de lujo. El régimen, por ello, ni acata ni cumple las órdenes que al respecto recibe por parte de la Corte y de la Comisión interamericanas de Derechos Humanos, en las decisiones tomadas en su contra.
No hay derecho a la honra y la dignidad de los venezolanos, ni en los programas de la televisión estatal ni en las alocuciones presidenciales que a diario las pisotean. Y la libertad de religión mengua bajo los ataques oficiales a la Iglesia Católica y a los judíos. Nada que decir sobre la libertad de expresión bajo la actual hegemonía comunicacional de Estado y la criminalización de las opiniones, con lo que a la vez se ha visto anulado el derecho de rectificación y respuesta.
Durante 2017 son proscritos los derechos de reunión y manifestación, y se reprime salvajemente a la población y a los “escuderos”, al punto de que estos ofrendan su vida.
Les fue prohibido hacerse elegir como constituyentes a quienes no estuviesen asociados a alguna forma corporativa del gobierno, y se prosternó así la libertad de asociación.
Hubo invasión arbitraria, violenta e indiscriminada por la Guardia Nacional, piso por piso, sin orden judicial, de las viviendas familiares en Residencias El Paraíso, y se negó el derecho a la protección familiar. Y también se niega el derecho al nombre, pues se usan los nombres de los venezolanos para integrar listas de infamia con quienes ejercen su derecho de firmar por la revocación del mando del dictador, y se les quita hasta los alimentos. Ha de ocultarse la identidad, por ende.
Por causa de desnutrición, 194 niños mueren por semana, pues no tienen derechos como niños. Y es prostituido el derecho a la nacionalidad, a manos de un presidente colombiano que naturaliza como venezolanos a nuestros invasores cubanos y provenientes del terrorismo.
Nada que decir del derecho a la propiedad, que se confisca sistemáticamente y por ello nada se produce en el país, afectándose al paso hasta el derecho al ingreso salarial, que ha sido expropiado por la hiperinflación.
La libertad de circular, de entrar y regresar al país, como de residir en el mismo, ha desaparecido, mediante la anulación o no suministro de pasaportes y el cierre práctico de las fronteras. Ya suman 2.000.000 los desplazados por la revolución (OEA).
No hay derechos políticos en Venezuela, pues el voto ha sido secuestrado y se negocia por cuotas con la oposición complaciente, bajo el tutelaje de un poder electoral criminalmente coludido. Tanto como no hay derecho a la igualdad, pues solo acceden a los alimentos los revolucionarios y el voto de los disidentes no es respetado en un sistema electoral ahora corporativo y bajo dominio constituyente.
Y cierro este “cahier de doléances” recordando que 80% de la población carece de derechos económicos y sociales, al pasar bajo la línea de la pobreza. Un venezolano, con un sueldo mínimo de casi 36 dólares –ahora reducido a casi 5 dólares– podía adquirir ayer menos de la quinta parte de lo que compra un colombiano del estrato más empobrecido.