El papel de los llamados “colectivos venezolanos” para proteger la “revolución bolivariana” juega sin duda un papel determinante en las jornadas de protestas que se realizan en Venezuela en los últimos tiempos, con la venia de un gobierno con bajos niveles de aceptación dentro del pueblo, y con una fuerte oposición que se aposta en las calles de Caracas y resto del país. Podemos observar que no es precisamente la voluntad popular la que mantiene a Nicolás Maduro en el poder, y es exactamente ante esa realidad que estos colectivos adquieren relevancia.

Una interesante nota de prensa de The New York Times hace poco tiempo hacía notar que mientras la policía y el ejército están dotados de gas lacrimógeno y balas de perdigón, estas fuerzas colectivas son verdaderas milicias leales a Maduro que ejercen una represión sin control alguno y con la genuflexa autorización del régimen madurista.

Maduro, en sus discursos en meses anteriores, anunció que entregaría una arma a cada uno de estos milicianos, es decir, más armas a grupos civiles para defender su gobierno. Cabe recordar que en la época de Hugo Chávez, luego de una reforma legal, se crearon los grupos ciudadanos que defendían la revolución, y que no eran otra cosa que grupos de civiles, que en el tiempo fueron ganando la fuerza que dan las armas en la sociedad y para quienes se creó un marco legal, a fin de darle esa fachada de legalidad a una de las decisiones más peligrosas que puede adoptar un gobierno, como es la de armar al pueblo, porque esas armas, que están al margen del control de los órganos institucionales de seguridad interna como son la policía y el ejército, sirven para atacar a una parte del pueblo que ese gobierno dice representar.

Darle un marco legal a situaciones que riñen con lo moral y que son peligrosas para la sociedad está más allá de defender un proyecto político. Es sinónimo de legítimo y esa legitimidad que contraría el espíritu de la ley, de la civilidad y de un auténtica democracia no es otra cosa que el celestinaje de un régimen que amparado en el poder no le importa el costo social que un desgraciado capítulo protagonizado por sus huestes, llámense colectivos o guerrilleros de las FARC o ELN, puedan ocasionar.

Los llamados colectivos son militantes del partido de gobierno, PSUV, y forman parte del escenario político venezolano desde hace mucho tiempo, pues fueron fundados como organizaciones comunitarias en favor del gobierno, y según expertos que estudian su conformación, son civiles con entrenamiento policial que se encuentran armados con dotación suministrada por las mismas autoridades. Controlan un vasto territorio del país, y en algunos casos se financian por medio de actos delictivos como la extorsión, el contrabando en el mercado negro de alimentos, entre otros, con los CLAP, actividades que el régimen tolera a cambio de lealtad. Su presencia es usual en las manifestaciones que realiza la oposición, bien en marchas, reuniones o manifestaciones en contra del gobierno.

Por su parte, las FARC desde hace mucho tiempo han ofrecido su apoyo al gobierno de Chávez primero, y ahora al de Maduro. No es nada nuevo. Tanto así que era cotidiana la presencia en Miraflores cuando Chávez del líder guerrillero Iván Márquez, quien tantas veces manifestó su decidido apoyo a la revolución socialista, comunista y mal llamada bolivariana. La denuncia de habitantes en la zona fronteriza colombo-venezolana: Zulia, Táchira, Bolívar, Apure y Amazonas sobre la presencia de estos elementos guerrilleros es más que evidente, y así lo reseñan a menudo medios informativos, lo cual demuestra una vez más la presencia activa del grupo irregular en territorio venezolano con la complicidad del Estado.

En la zona fronteriza en Arauca (Colombia), José Leonardo Ataya, hijo del ex gobernador Luis Eduardo Ataya, lleva más de seis meses secuestrado y las negociaciones según su progenitor se realizan del otro lado del río, es decir, en territorio venezolano, en campamentos controlados por estos irregulares colombianos.

Por su parte, el ELN también transita libremente entre Colombia y Venezuela en las zonas fronterizas, particularmente el frente Germán Velasco Villamizar, el que hace entrega de las cajas CLAP con propaganda alusiva a su organización terrorista en una de sus emisoras radiales con las que cuenta, lo cual evidencia la presencia activa, una vez más, de este grupo irregular en Venezuela. Se le adjudica la masacre de 16 personas en la zona minera del estado Bolívar, en fecha reciente, según denuncia de moradores de la zona.

El bien más preciado al que puede aspirar una sociedad es la convivencia, hoy por hoy muy lejos de alcanzarse, por el torpe manejo de los asuntos del Estado por parte de Nicolás Maduro, pero ello no es obstáculo para persistir como buenos demócratas. Es necesario que atiendan un llamado quienes estén dispuestos a luchar por una verdadera democracia. Necesitamos una Venezuela en paz, libertad y democracia, principios por los que jamás debemos claudicar.

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