Opinión

Lineamientos políticos para un proyecto de país

Elio Pepe Trifance

La opinión de

La abstención de más de 80% en la elecciones de los alcaldes del 10D constituye el real pronunciamiento pacífico de la población sobre las condiciones del Estado venezolano: condena al gobierno dictatorial; rechazo a una oposición cómplice y corrupta, incapaz de formular una estrategia para la conquista democrática del poder y una proposición política alternativa; disponibilidad para apoyar una solución realista y democrática que permita la recuperación económica y social de la crisis estructural en la cual se encuentra el país.

Definido el apego al sistema democrático, se pone el problema de cómo estructurar una oposición eficiente frente al populismo dominante y al cultivo de "conucos" para satisfacer intereses y ambiciones personales subalternas, no vinculadas al bien general y a la formulación de un creíble y viable proyecto de país.

Emergen contradicciones de la cuales la más emblemática es la existencia de una Asamblea Nacional desautorizada en sus funciones constitucionales e incapaz de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral frente a una asamblea constituyente omnipotente: el presunto desconocimiento de esta última parece simplemente ridículo, cuando en Santo Domingo se lleva adelante la ficción del diálogo también con la presidente de dicha institución con la cual se perpetra la misma existencia del sistema autoritario instaurado.

Por lo tanto, frente la ineficacia de la acción de contención y sustitución que deberían desempeñar los partidos tradicionales de la oposición, es imperativa la asunción de responsabilidad de los más importantes actores que conforman la sociedad: el mundo emprenditorial, el mundo laboral y la Fuerza Armada institucional. El acuerdo y la coordinación entre ellos para la superación de la coyuntura que mortifica siempre más la capacidad de sobrevivencia de los venezolanos parecen de fundamental importancia.

Por supuesto, para llegar a esta proposición cada uno de los tres podría encontrarse en la necesidad de aportar modificaciones a la estrategia de su comportamiento: por ejemplo, el mundo emprenditorial dejar la instrumentalización, real o presunta, del personaje político considerado, para que un directo representante fuese candidato presidencial; el mundo laboral alejarse de la sumisión a la política del Ejecutivo practicada desde los tiempos de Hugo Chávez Frías para recuperar su autonomía y capacidad decisional; la Fuerza Armada cumplir con su cometido constitucional de defensa y protección de todos los ciudadanos. Es una perspectiva que requiere sacrificio, espíritu de servicio de los protagonistas y la contribución de todos los ciudadanos no vinculados a credos partidistas y con honestidad intelectual.

De modo que en el ámbito y límites de mi conocimiento profesional intento una primera respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores que con referencia técnica determinan los contenidos de un “proyecto de país” con una visión geopolítica de futuro?

En sentido general, los recursos naturales y financieros disponibles que definen la dimensión de la economía, el nivel de aprendizaje y de conocimiento de los recursos humanos para la producción, la dependencia de la importación de alimentos que condiciona la autonomía de la soberanía e incide sobre el nivel de vida de la población, la capacidad de defensa y el sistema político vigente son los elementos de soporte para la escogencia de las prioridades y el enfoque macro y microeconómico del desenvolvimiento de las actividades. No obstante, dos son los aspectos que quiero someter a la consideración y para los cuales indico solo algunos lineamientos introductorios: la política petrolera y la integración comercial y su relación con los flujos financieros.

Es conocido que los mercados de petróleo, como bien terminal, se reflejan en las variaciones de precios y de inventario que derivan del aprovechamiento óptimo entre exportadores netos e importadores netos que se confrontan entre la necesidad de capitalizar un recurso no renovable y la necesidad de estabilidad de los flujos de consumo. La transformación de la renta de exportación en actividades productivas crecientes, en condiciones de competencia imperfecta con los países importadores, ha sido el reto que Venezuela no ha tenido la capacidad de enfrentar en el tiempo. Pues, la pregunta a la cual se debe responder es: ¿Cómo y por qué Venezuela, que en el año 1960 producía 2.846.000 b/d contra 1.350.000 b/d de Arabia Saudita (que luego la superó en calidad y cantidad para alcanzar en los últimos cinco años un estándar de producción cercano a los 9.000.000 b/d.), desde aquel entonces y sin hacer una historia puntual, llegó a un pico de producción cercano a 3.350.000 b/d, mientras que en los últimos seis meses de 2017 apenas produce un promedio de 1.750.000 b/d, según datos de la OPEP?

La política de reducción empezó en 2006 con el recorte a Estados Unidos de 400.000 b/d que fueron tomados por Libia y de otros 450.000 b/d en 2008 que tomó Petrobras. En el presente año, ha sido pedido por el gobierno venezolano a la OPEP y a Rusia la práctica de una política generalizada de disminución de la producción en el intento de aumentar los precios, que surge de la necesidad de tener un flujo continuo de contribución fiscal para atender propósitos de asistencia social no más sostenible con la baja de los ingresos derivados de los precios del petróleo de la cesta venezolana, que se ubica alrededor de los 47 dólares por barril.

Es una política que evidencia tres aspectos: el temor de perder el apoyo político de las clases sociales más desprotegidas; la imposibilidad de sostener el ritmo de producción precedente por falta de inversiones y mantenimiento; la constatación que no se persigue un desarrollo económico del país a mediano y largo plazo, mientras que sea posible mantener el poder político en el corto plazo con 3 cualquier proposición de recuperar en el tiempo alguna capacidad productiva, facilitada por la complicidad, clientelismo y corrupción tanto de la oposición tradicional, tanto de la Fuerza Armada.

No es algo novedoso: haciendo referencia a la experiencia del pasado, es preciso reconocer que en Venezuela ha existido y existe un constante conflicto de interés entre lo político y lo económico. Es un aspecto que emerge por la dificultad de manejar la escasez de recursos cuando los precios del petróleo son bajos y repartir los beneficios cuando son altos, mediante la práctica de políticas populistas que sirvan para sustentar la ilusión de recuperación.

Pero, en los últimos quince años, la distorsión de recursos financieros al exterior ha comprometido el desarrollo interno del país y su posible industrialización. Por consiguiente, la formulación de una nueva política petrolera debe partir de una revisión sistemática de la asignación de los recursos disponibles, porque cualquier proceso de transformación de la sociedad rentista en sociedad productiva debe tomar en cuenta que en los próximos diez años el uso siempre mayor de energías alternativas y las políticas de preservación del ambiente limitarán concretamente la cotización del petróleo pesado y los ingresos del país.

No se puede pensar a la “integración como instrumento” de desarrollo del país sin hacer un análisis de la situación del estatus de la integración comercial y su relación con los flujos financieros. Pues, independientemente de las condiciones del intercambio con los países del Mercosur, Alba y CAN, estas últimas transformadas en relaciones bilaterales, los objetivos del “proyecto de país” requieren a priori el perfeccionamiento del análisis económico pasando por la llamada “evolución social” que incorpora elementos que permiten situar el marco macroeconómico inherente para producir un modelo funcional de las unidades operacionales de la sociedad. Por lo tanto, es necesario precisar los límites de nuestro compromiso en la definición de los objetivos de política institucional. Esta puede requerir la reforma o adecuación de alguna institución para perseguir las modificaciones de su comportamiento y de las decisiones programables en el tiempo como fases o etapas razonables de los cambios necesarios en la política de integración hasta ahora practicada. Es evidente que la indicación de sistemas y métodos aplicables en lo institucional, en lo económico y financiero, requiere la existencia previa de condiciones políticas que propicien el desempeño del sistema nacional productivo, público y privado, de modo que los acuerdos de integración en materia comercial y financiera generen economías de escala infrarregionales, con la finalidad de promover un ámbito productivo combinado que justifique las inversiones inherentes.

Es prioritario individuar el incremento de las “externabilidades positivas y la reducción de las externabilidades negativas” para producir la disminución de las importaciones y el aumento cualitativo y cuantitativo de las exportaciones, por ejemplo, a través de la mejora de las infraestructuras y de la asistencia técnica y financiera dedicada al estándar productivo comprometido con el intercambio comercial.

Como es conocido, en la actual fase de globalización, el proceso de acumulación e internacionalización del capital se presenta como un “estadio superior” de la economía que no escapa del principio dialectico aplicable al cambio de cantidad en calidad del crecimiento económico. La inercia expansionista ha descargado y descarga sobre la naturaleza, los desechos del proceso de “creación destructiva” del capital.

En mi opinión, es imperativo y categórico que los países industrializados superen la crisis transmutando la inercia del crecimiento, desbordado por una “transeconomía” que ha llevado a límites de racionalidad el comportamiento de los flujos financieros-, en un anclaje “al ritmo” del sistema productivo. Para un país en vía de desarrollo como Venezuela, es imperativo categórico utilizar el anclaje nombrado como fundamento del desarrollo sustentable y como posibilidad para lograr la erradicación de la pobreza. El gobierno con una política populista, a través de las misiones, ha garantizado, hasta ciertos límites, el “sustento físico”, pero no ha permitido “una autonomía critica” de los ciudadanos, entendida como posibilidad de acceso a opciones de desarrollo cuya escogencia fuese determinada por la capacidad de cada individuo en un contexto de economía de mercado libre y en condición competitividad con el sistema internacional debido a la política de cambio adoptada. Por lo tanto se ha promovido, sin éxito, el “cooperativismo” y se han negado las oportunidades que derivan del acuerdo entre capital privado, trabajo y Estado, en la búsqueda de la expansión de la base democrática y económica de la sociedad.

Pues, el crecimiento del nivel de vida se realiza en función del binomio pobreza-bienestar en términos de consumo determinado por el ingreso per cápita o capacidad adquisitiva de la persona física, es decir, del desarrollo de la economía y el aumento real del PIB del país, no derivado del ingreso petrolero, sino de las inversiones productivas del sector público, privado o mixtas que reducen paulatina y progresivamente el desempleo. Por consiguiente, se impone la necesidad de analizar y definir las medidas en las cuales la hipótesis de la integración como instrumento del desarrollo industrial requiere, necesita y utiliza el soporte de una integración financiera.

Un proceso de integración debe contar con una estructura financiera institucional y legal que facilite los flujos financieros mediante la construcción de acuerdos “marco”, sin pérdida de soberanía de los Estados en materia de política monetaria y cambiaria, a menos que las condiciones económicas de los integrantes no permitan la constitución de una moneda única. Es esta una condición que puede derivar del éxito de una política de recuperación económica.

Al contrario, un proceso de ficción cual lo postulado por el Ejecutivo mediante “el petro", una criptomoneda fiduciaria paralela que se constituiría por un soporte electrónico, presuntamente respaldado por la producción futura de petróleo, gas, oro y otros minerales, se propone esconder el estatus real de quiebra en que versa el país. Posiblemente se intentará de imponer para reducir el activo circulante de "bolívares" y así disminuir la masa monetaria mediante la emisión de dinero inorgánico. Pero mi interpretación puede concretamente significar un mayor empobrecimiento generalizado que se presentará en el momento de la necesaria transformación en "bolívares" de la "moneda electrónica" realizada por el sistema bancario, para determinar la adquisición real de insumos, bienes y servicios: se produciría la apropiación indebida por parte del gobierno de los ahorros de los venezolanos y un ulterior aislamiento internacional.

No creo que la simple transmisión electrónica pueda transformarse en un nuevo sistema de intercambio financiero paralelo, ya que no se podrá anular la evaluación y la incidencia del riesgo país ni la escasa credibilidad de los actuales gobernantes determinada por el incumplimiento de los compromisos. Es esta una solución que se encuentra lejos de la realidad económica y social de los países de América Latina en fase de una clara recuperación económica y que, por el contrario, podrían verse transformados en "burbujas" electrónicas del nuevo "sistema financiero" que se intenta implementar en Venezuela para eludir el pago de las deudas internas, mientras lo de las deudas externas queda vinculado a la disponibilidad de dólares del Banco Central.

Pero, dado que cada país involucrado en los procesos de integración mencionados tiene elementos institucionales, como el propio sistema financiero, la superintendencia de las instituciones financieras, de mercados de capitales y por los menos un banco de desarrollo, se podría pensar en la constitución de la combinación de elementos que faciliten los flujos financieros necesarios para el desarrollo. En particular, sería posible incrementar, con la oportuna voluntad política de los gobiernos interesados al proceso de integración, mecanismos para facilitar el crédito swap y para crear un mercado con registro unificado de títulos de valores. Es esta una hipótesis digna de ser estudiada y que se podría considerar como aporte para la estructuración de un programa para la real recuperación de Venezuela.