La evolución del proceso político y económico del socialismo del siglo XXI ha derivado en un autoritarismo de nuevo cuño. Desde mis tiempos de diputado en la última legislatura del Congreso de la República (1999), y en los de la primera Asamblea Nacional, denunciamos una y otra vez los elementos militaristas y autoritarios que se estaban presentando.
Entonces, ni siquiera en la dirección de mi partido se tomaban en serio las advertencias. No se pensaba que la situación llegaría a mayores. En diversos escenarios latinoamericanos, parlamentos, foros académicos donde presentábamos las evidencias, se pensaba que estábamos exagerando. Hoy todos admiten que en Venezuela vivimos una dictadura. Que la libertad está perdida.
Somos una nación secuestrada. Si entendemos el secuestro, según una de las acepciones del diccionario de la academia española, como el acto de “retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines”. Podemos extrapolar el concepto no a una persona en particular, sino a un pueblo en general. El concepto se asocia al hecho de “retener”, es decir, a la pérdida de la libertad.
Aplicado el concepto al hecho político y social, debemos concluir que la nación secuestrada es aquella que ha perdido la libertad.
Y a eso hemos llegado en nuestro país. Una camarilla política y militar, prevalida única y exclusivamente de la fuerza, ha privado a todo un pueblo de un derecho fundamental: la libertad. Para llegar a esa privación, se ha venido avanzando de manera progresiva en la confiscación del derecho más sagrado de la persona humana, después del derecho a la vida. Pero el deterioro continúa. Del secuestro se está pasado a la muerte. De la privación de las libertades están pasando a la muerte en masa, al genocidio. No tenemos la cuenta de los miles de muertos por hambre, carencia de medicinas y atención sanitaria. Tampoco los producidos por la violencia criminal y la del mismo Estado. Pero a fe que son miles y miles.
Algún lector podrá considerar exagerada mi afirmación. Pero a fe cierta que no exagero, como no exageraba en mis discursos, declaraciones y comentarios de comienzos del presente siglo, cuando el extinto comandante Hugo Chávez sentaba las bases de la dictadura que hoy padecemos.
Hemos llegado al secuestro de la nación, porque progresivamente se fue limitando nuestra libertad. Comenzó con una limitación a la libertad de las organizaciones sociales y políticas. Limitación que comienza cuando el nuevo régimen les priva de sus ingresos, de sus bienes, y obstaculiza, hostiga y agrede a los partidos políticos, sindicatos, y gremios.
Avanza cuando el gobierno, para reducir su influencia social y política, crea sus propios organismos sociales, desconociendo los constituidos por la sociedad a lo largo de décadas de vida democrática. Tal política impacta la libertad de asociación, la libertad sindical.
Crece cuando el régimen reforma en 2005 el Código Penal y eleva las penas para delitos de opinión, y criminaliza la libertad de manifestación, de opinión y de asociación a grados ya no existente en países democráticos.
Aumentan las limitaciones a la libertad cuando el gobierno empieza la arremetida contra los medios de comunicación social. Cierra el canal de televisión RCTV, clausura más de cien emisoras de radio, monopoliza la importación de papel periódico, persigue y encarcela a periodistas. Es decir, reduce a su mínima operación la libertad de expresión.
Se reduce la libertad cuando Chávez y su camarilla deciden suprimir progresivamente la propiedad privada, introduce todo tipo de controles sobre la economía y generan una situación que deja en el mínimo la libertad económica.
Criminaliza y persigue la libertad de manifestación cuando prohíben todo tipo de protesta pública en el centro de la ciudad de Caracas, y en otras ciudades del país, convirtiendo a zonas importantes de nuestro territorio en un gueto, donde solo pueden manifestarse los partidarios de la dictadura.
Reducen la libertad religiosa en la medida en que los voceros del Estado descalifican, insultan y hostigan a los más calificados prelados de la iglesia mayoritaria del pueblo venezolano, aunado a la supresión de todo tipo de auxilios financieros para importantes instituciones de la Iglesia católica venezolana.
La libertad de tránsito de los ciudadanos por el territorio de la república también se ha reducido sensiblemente. Se niegan el derecho a la identidad, con la severa limitación a obtener el pasaporte. O la confiscación o anulación del mismo para quienes cuestionen al régimen. La libre circulación también está reducida sensiblemente con el establecimiento de un sistema policiaco, corrompido, que hostiga permanentemente al ciudadano cuando se desplaza por el territorio nacional, con la creciente militarización de las vías, la instauración de alcabalas para el supuesto control en la circulación de alimentos y otros bienes, convertidos dichos puntos de control en centros de extorsión para quienes aún logran trabajar y producir algún alimento o bien en nuestro país.
Pero el secuestro ha llegado a niveles ya insoportables por la privación de la libertad de elegir que tenemos los ciudadanos consagrada en el texto constitucional, aún vigente en nuestro país. En efecto, la camarilla gobernante no quiere cumplir con lo pautado en el artículo 63 constitucional, que ordena efectuar “elecciones libres”.
La dictadura quiere una elección “controlada”. Dirigida por sus sumisos funcionarios electorales, no por un poder electoral independiente. Una elección controlada donde se le suprima el derecho de elegir a un número significativo de venezolanos en el exterior y en los asentamientos periféricos del país. Una elección donde la contraparte no tenga acceso a todas las etapas y procesos del evento electoral.
Venezuela es una nación secuestrada por una camarilla basada en la tenencia del poder político y militar de la República. La confiscación que han hecho de nuestras libertades carece de toda lógica moral. Su única lógica es la de que el poder les pertenece, casi que por derecho divino. Por supuesto que el secuestro carece de toda base legal. No hay forma de sostener en buen derecho ninguno de los actos de confiscación de la libertad y de las instituciones que están llamadas a garantizarlas.
Los demócratas venezolanos no podemos callar frente a tamaño desafuero. Denunciarla a todo evento es nuestro deber. Luchar por la liberación de nuestro pueblo es nuestro compromiso. Hacerlo conlleva graves riesgos. Todo secuestrador pierde los escrúpulos a la hora de hacer valer su pretensión inmoral. Pero Venezuela merece la libertad, y continuaremos luchando para lograrla.