Opinión

El letal costo de defender el medio ambiente

En una calurosa noche en la selva amazónica venezolana, la activista Lisa Henrito escuchó su nombre en un programa de la televisión estatal en boca de un funcionario militar, quien la acusó de “traición a la patria” y de liderar la constitución de una nación indígena.

Diez días antes, Lisa Henrito había expresado, en una asamblea indígena en la ciudad de Puerto Ordaz, que los Estados están obligados a respetar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos; esto melló poderosamente sobre la avanzada de la militarización y explotación económica de la Amazonía venezolana.

La relación única entre los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales ha sido ampliamente reconocida por el derecho internacional como parte de los derechos humanos. Dicha relación especial es fundamental tanto para su subsistencia material, como para la integridad cultural de sus identidades. Los pueblos indígenas han liderado con resiliencia la defensa de los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente, pero esta lucha global es cada vez más riesgosa.

En Venezuela, en un lugar amenazado por megaproyectos como el Arco Minero –que no cuenta con la consulta previa e informada de los pueblos indígenas, ni con estudios de impacto ambiental de acceso público que permitan entender las posibles afectaciones que estos tendrían en sus territorios– el riesgo de aquellas personas guardianes del ambiente y la tierra se incrementa a medida que los recursos naturales se agotan y la búsqueda desenfrenada de materias primas arrecia, lo que genera una violencia que va en aumento.

Al igual que miles de personas defensoras del ambiente en la región, Lisa Henrito ha pagado el alto precio de defender derechos humanos. Su nombre se agrega a la lista de perseguidos por resistir la explotación que amenaza los últimos reductos de naturaleza del mundo.

La criminalización y las campañas para deslegitimar la defensa de derechos se han convertido en una violencia normalizada por los Estados en la región. El lenguaje estigmatizador utilizado por las autoridades venezolanas para señalar y “acusar” a Lisa es una forma de violencia institucional que pone en riesgo la vida y la integridad de Lisa y todas los defensores y líderes indígenas que ponen al descubierto las violaciones de derechos.

En Honduras, Berta Cáceres, reconocida defensora y líder lenca, enfrentó lo mismo. Víctima de la epidemia voraz de asesinatos de defensores de derechos ambientales, la líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sabía bien que para nuestros pueblos indígenas la defensa territorial es un sinónimo de preservación cultural y de la supervivencia de un modelo de vida que reconoce su absoluta dependencia de la naturaleza.

Por su inmensa riqueza natural que atrae la depredación y la imposición de un modelo económico ya probado insostenible, el lugar más letal para la defensa de la naturaleza es América Latina, región que concentra aproximadamente 60% de los asesinatos de personas defensoras del ambiente en todo el mundo.

Para 2016, 40% de esas personas defensoras eran indígenas; en 2017, en México, 13 de cada 15 defensores asesinados fueron indígenas en defensa de sus territorios ancestrales. El 24 de octubre, Julián Carrillo, defensor indígena rarámuri, fue asesinado violentamente por un grupo armado en la sierra Tarahumara en Chihuahua, México, a pesar de contar con medidas de protección del Estado mexicano. Julián llevaba años en la defensa del territorio y el medio ambiente en contra de la tala ilegal, la explotación de recursos y la presencia del crimen organizado.

A pesar de la denuncia internacional, y las medidas superficiales de los Estados, la situación que enfrentan los defensores del ambiente en la región no ha mostrado mejoría. De hecho, informes de organizaciones de derechos humanos indican que cada año aumenta el riesgo de morir por la defensa del medioambiente y los territorios.

Desde 2016, Amnistía Internacional ha alertado que la región es la más peligrosa para la defensa de derechos humanos, incluido un país como Honduras, que se erigió en su momento como el más peligroso para defender derechos ambientales. Ahora preocupa gravemente que sea el mismo destino para Venezuela. De no proveer condiciones para la protección de defensores de derechos humanos, Venezuela podría añadirse a la lista de lugares donde defender la naturaleza y los territorios indígenas es sinónimo de persecución y muerte.

Lo que hoy experimenta el pueblo y territorio de Lisa Henrito en Venezuela es una manifestación del control de la Amazonía –bajo la doctrina de la seguridad ciudadana– con el objetivo de desmovilizar y desplazar a las comunidades de pueblos indígenas para favorecer la explotación minera y de recursos naturales.

La militarización de los recursos, especialmente en la Amazonía, rica en minerales y biodiversidad, no es un fenómeno nuevo, como tampoco lo es la participación de agentes estatales en la criminalización, hostigamiento e incluso asesinato de activistas medioambientales.

Esta estrategia adoptada por el gobierno venezolano se lleva a cabo hoy en medio de una profunda crisis económica y de derechos humanos que afecta con mayor énfasis a sectores discriminados, como los pueblos indígenas.

Gobiernos y empresas colaboran en proyectos que alimentan las desigualdades, al poner el interés económico de unos cuantos en menoscabo de los derechos humanos de las mayorías, y que pasan por alto el derecho a la vida de quienes denuncian y defienden los territorios. De hecho, la justicia es una ilusión óptica para quienes están en la línea del frente defendiendo derechos, como lo demuestran múltiples falencias en las investigaciones de los asesinatos de defensoras y defensores como Berta Cáceres en Honduras, Isidro Baldenegro en México o Sabino Romero en Venezuela. Asimismo, el acoso sistemático y la criminalización de la defensora peruana Máxima Acuña refleja hasta dónde puede llegar el afán y complicidad gubernamental con el desarrollo no sustentable.

La voluntad política de los gobiernos de la región para detener este fenómeno es nula, pero es imperativo que asuman sus compromisos con la protección de personas defensoras del ambiente, entendiendo que los pueblos indígenas requieren de medidas de protección con pertinencia cultural, respetuosas con sus jurisdicciones especiales y los marcos normativos nacionales e internacionales.

Las medidas de protección colectivas e individuales deben responder a los contextos y amenazas, pero también a riesgos diferenciados de género y cultura.

No hay metal ni piedra preciosa que valga la vida humana o la destrucción de los delicados ciclos ecológicos de los que dependemos todos para el ejercicio fundamental de derechos humanos.

Las sociedades tenemos la obligación de seguir demandando de los Estados la protección de personas defensoras como Lisa Henrito y miles de líderes indígenas que defienden y cuidan de la naturaleza y los recursos comunes, pues son ellas quienes están en la ardua labor de trazarnos el camino hacia un presente y un futuro sostenibles.