El no reconocimiento de Nicolás Maduro, expresado en forma clara y contundente por la inmensa mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional, tras su ilegítima e ilegal “juramentación” el 10 de enero de 2019 ante el igualmente ilegítimo TSJ ha generado una compleja situación política y constitucional que, independientemente de su calificación (usurpación, vacío de poder o vacío constitucional), debe manejarse con la mayor prudencia y la sabiduría necesarias que garanticen la restauración del orden y de la democracia en el país. La realidad es que hoy tenemos un presidente constitucional encargado, Juan Guaidó, quien abrirá el camino hacia la tan anunciada transición, a pesar de las dificultades que supone la lucha contra un régimen delincuencial tiránico y corrupto.
Si algo de inteligencia prevaleciera en el grupo usurpador, una salida negociada sin traumas hubiera facilitado las cosas. Pero la torpeza se impone y buscan más bien, desesperada e irresponsablemente, imponerse a cualquier costo mediante la represión anunciada, con el abrazo con sus socios extranjeros, unos ideológicos, cada vez menos, por cierto; otros simplemente interesados y aprovechadores del caos imperante y de representantes de organismos internacionales, especialmente de las Naciones Unidas y de algunos de sus órganos, a los que pretenden utilizar para mostrar una legitimidad que saben es simplemente imposible de lograr.
Así, con artimañas y trampas propias de la dictadura que representa, Maduro tiende puentes falsos y perversos para lograr tal reconocimiento, lo que no sería más que correr la arruga, ganar algún tiempo. Hace unos días invitaban a visitar el país después del 10 de enero, a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. No lo lograron. No había condiciones, menos las políticas y constitucionales. El interés obvio no era cumplir con los tratados de derechos humanos y cooperar, sino encontrar una vía bruta de legitimación.
Ayer lo intentaban de nuevo, al anunciar aceptar la ayuda humanitaria en la que tanto hemos insistido desde hace meses, pero que nunca interesó realmente a la dictadura que la confundía tendenciosamente con la intervención extranjera, incluso militar. Para ello reciben a cándidos o partidarios representantes de la ONU/PNUD en Caracas y posan ante las cámaras para lograr la legitimidad perdida e irrecuperable. Se equivocan, sin duda, pues ese “encuentro” fabricado en los laboratorios de La Habana y que a nada llevará, no legitimará a Maduro, por el contrario, lo descubre aún más.
Los gobiernos que consideran ilegítimo a Maduro, muchos de la región, otros europeos y de otras partes, deben no solamente retirar sus embajadores y reducir sus representaciones en el país, sino desconocer y expulsar a los enviados del usurpador, lo que abre el espacio a las necesarias nuevas relaciones con la Venezuela democrática, un paso más en el proceso de transición hacia la restauración del orden. Deberían además los gobiernos democráticos del mundo promover en las organizaciones y órganos internacionales, especialmente en las Naciones Unidas y sus órganos y las organizaciones especializadas del sistema (FAO, OIT, Unesco) la ilegitimidad de las representaciones de la dictadura, lo que se considera y decide en las comisiones de credenciales previstas en sus reglamentos que pueden negar la representatividad del usurpador.
Es el momento de sellar el camino, de blindarlo, de lograr el cambio y reiniciar nuestra historia en libertad y democracia, lo que solo podemos hacer unidos y con el apoyo internacional cada vez más consolidado. La nueva postura de España, oportuna y sensata, acelera el cierre del ciclo de una dictadura cuyos dirigentes, según las últimas noticias nerviosas, comienzan a huir apoyados en efímeras designaciones diplomáticas que solo serán útiles para acomodar su salida e instalarse en “países seguros”, por un tiempo, en espera del nuevo 23 de enero que marcará la historia de Venezuela.