Opinión

Legalidad del ataque a Siria

La acción de fuerza militar llevada a cabo conjuntamente por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en contra de Siria naturalmente ha desatado numerosos comentarios tanto desde el punto de vista jurídico como político.

Ciertamente, aun cuando deseable, no es fácil separar ambas esferas y de allí surge el carácter altamente polémico de cualquier análisis u opinión. Las líneas que siguen seguramente no escapan tampoco a esa dificultad por cuanto quien esto escribe, aun cuando se considera medianamente versado en la materia jurídica internacional, también tiene –como es de suponer– posición tomada en cuanto al aspecto político del asunto.

En el caso que comentamos hay quienes optan por ver el tema desde la perspectiva de la violación de la soberanía territorial de un Estado, mientras que otros –entre quienes nos incluimos– entienden que la violación de los derechos humanos ubica la materia en un ámbito que definitivamente trasciende las fronteras nacionales para ubicarse dentro del derecho internacional general, que incluye principios que superan y exceden el concepto hermético de soberanía concebida como el derecho de los Estados de hacer sin limitación alguna lo que mejor les parezca dentro del marco de su territorio.  Derechos humanos, integración, ambiente, derechos sobre el espacio exterior, ciertas investigaciones científicas, etc., exceden ya el marco tradicional de la soberanía absoluta al punto de que en la doctrina jurídica actual se está discutiendo no solo el “derecho a la injerencia” sino hasta “la obligación de injerencia”.

Como era de suponer, la visión de la “revolución bolivariana” ha evolucionado en el sentido contrario desde su inicio, cuando se encontraba aceptable que la “espada de Bolívar caminara por América Latina”, hasta la actualidad cuando desde Miraflores y la Casa Amarilla (Cancillería) se manifiesta apoyo a un gobierno (Siria) que utiliza repetidamente la guerra química contra su propia población, o el apoyo a Rusia que por la fuerza se anexó la península de Crimea en 2014, o la denegación de derechos a las mujeres (Arabia Saudita, Irán, etc.) o la proliferación nuclear (Corea del Norte), etc. Es evidente entonces que lo que sustenta el apoyo o la crítica en cada caso no es el tema en sí sino la ubicación ideológica de quien opina. Si en Cuba se violan los derechos humanos y no existe la libertad de expresión, para Maduro y la izquierda trasnochada eso está bien; mientras que si a Jesus Santrich –asesino dirigente de las FARC beneficiado con una curul de gracia en el Congreso de Colombia– lo apresan por participar en un intento de envío de cocaína a Estados Unidos, eso está mal. Si Piedad Córdoba se arroja en brazos de Chávez, está bien. Si Rajoy les toca con el pétalo de una rosa es motivo de epítetos de alto calibre. Si Chávez repetía una y otra vez que el sistema electoral norteamericano es malo, eso está bien. Si Marco Rubio critica las sentencias de un tribunal venezolano, eso está mal.

En el caso de Siria existen suficientes indicios de un ataque químico a la población civil. Ello está prohibido internacionalmente desde hace décadas con motivo de la amplia y letal utilización de esas armas durante la Primera Guerra Mundial (1914 -1918), que desembocó en el Protocolo de Ginebra de 1925, la Convención de Washington-Londres-Moscú de 1972 y, por fin, el tratado actual firmado en 1998, cuya vigencia plena comenzó en 2013 y del cual son parte 192 Estados que incluyen a Siria, Estados Unidos (y de paso también Venezuela, desde su ratificación en 1998). El artículo 1 del tratado expresa su objetivo en forma inequívoca, a saber:   1. Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete, cualesquiera que sean las circunstancias : a) No desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar o conservar armas químicas ni a transferir esas armas a nadie, directa o indirectamente; b) No emplear armas químicas….  Lo anterior creemos que no deja espacio para duda alguna.

Queda ahora por determinar qué ocurre cuando alguien viola –repetidamente– la norma transcrita y quien tiene derecho de tomar la fuerza en su mano.

El propio tratado en su artículo 12 ordinal 3 dice que se podrán recomendar medidas colectivas de conformidad con el derecho internacional y el ordinal 4 dispone que en casos especialmente graves se deberá poner el asunto en manos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Aquí es donde viene la parte interpretativa que, ya hemos admitido, puede tener que ver según el cristal con que se mire.

La visión de este columnista es que el uso de la fuerza debe ser en primer lugar exclusivo de la comunidad internacional “jurídicamente organizada” (Naciones Unidas). Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad y urgencia de la situación planteada, en el caso de Siria no era cuestión de iniciar prolongadas discusiones en el Consejo de Seguridad que seguramente serían frustradas por uno o varios de los Estados que tienen derecho a veto en ese organismo (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China). En nuestra opinión lo razonable y requerido para la protección de la población civil frente a un gobierno dispuesto al genocidio era y es un golpe preventivo suficientemente fuerte para impedir la continuación o repetición de tales atrocidades. Tal golpe debió cumplir –y parece que así lo hizo- con los requerimientos de proporcionalidad y menor daño colateral posible.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿No era mejor inhabilitar la capacidad criminal del gobierno sirio primero, pues habrá quien pueda plantear que la matanza debe continuar hasta que los trámites diplomáticos hayan cumplido sus intrincados procedimientos?  Póngase usted en los zapatos de los habitantes de Duma. Así pues, si la prioridad es parar la matanza primero y discutir el asunto después ello genera la consecuencia jurídica de convertir en necesario y lícito el uso de la fuerza.  Esto no es un invento de este servidor, sino que hasta figura en el Código Penal cuando este obliga legalmente a actuar en favor de un menor en situación de peligro. El caso Siria es lo mismo en escala mil veces mayor. ¿O no? ¿Sería que Maduro o Putin le iban a solicitar al pana Assad que no sea malo con su población civil? ¿O será mejor ahora cuando discutimos el asunto en foros civilizados, mientras no se masacran a los civiles?  Saque usted –en conciencia– su conclusión tratando, en lo posible, de no ubicarla en el marco ideológico nacional o internacional.