Frente al drama de crisis terminal y generalizada, económica, social, política, ética y moral que confrontamos y sufrimos como sociedad los venezolanos, emerge la fiscal general.
El Ministerio Público como parte fundamental del Poder Ciudadano y al que la Constitución le atribuye en forma exclusiva y dentro del marco de un Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, la representación de los intereses de la sociedad; además de la actuación, en representación del Estado, en todo proceso judicial.
Cada sentencia o pronunciamiento de cualquier instancia del Poder Judicial es producto de un proceso, como lo señala la carta magna en su artículo 285: “Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”. Fundamentalmente en lo referente a los derechos humanos, que son universales, progresivos e irreversibles; porque un nuevo derecho no excluye ni deja sin efecto un derecho anterior.
Hace unos días la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos emitió un pronunciamiento de reconocimiento y apoyo a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en cuya declaración establecieron que “La autonomía del Ministerio Público frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo constituye una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema de justicia”.
Mas, no resultan novedosos los actos determinantes del Ministerio Público en nuestra historia contemporánea. De hecho, la defenestración del ex presidente Pérez, iniciada por el fiscal general de esa época, Ramón Escobar Salom, quien a partir de la denuncia de José Vicente Rangel inició una investigación por la malversación de 250 millones de bolívares pertenecientes a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, hizo que el fiscal procediera a solicitar el antejuicio de mérito. Petición que la Corte Suprema de Justicia declaró “con lugar” el 20 de mayo de 1993.
Otro hecho determinante y de significación histórica emprendido por la máxima representación del Ministerio Público ocurrió el 12 de abril de 2002, cuando el entonces fiscal general, Isaías Rodríguez, fijó posición ante los sucesos iniciados el día anterior y denunció: «Los hechos en Venezuela violan el Protocolo de Washington y la Carta Democrática Interamericana. No hay ninguna duda de que se ha violentado totalmente el Estado constitucional y de que estamos ante una situación que no se puede calificar sino de golpe de Estado». De todos son conocidos los resultados.
Hoy somos testigos de la significación determinante en el cumplimiento de sus potestades, responsabilidades republicanas y constitucionales; la fiscal general: «Considero un deber histórico e ineludible (…) referirme a las recientes decisiones, signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (…) lo que constituye una ruptura del orden constitucional (…)».
Desde Unidad Visión Venezuela observamos con cautela las actuaciones de la fiscal general; ni nos cerramos en el escepticismo, pero tampoco nos precipitamos a aplaudir un supuesto heroísmo. Queremos observar acciones dentro del plano de la realidad del poder, más allá de las posturas públicas que pudieran ser agradables a la ciudadanía; la fiscal general puede denunciar al presidente ante instancias internacionales, o acometer acciones frente a la violación concreta de los derechos humanos suscitada en la represión a las marchas; puede también llevar al seno del Poder Ciudadano, aunque no esté en mayoría, la precalificación de faltas graves de los magistrados que han secuestrado todo vestigio de legalidad; o, por ejemplo, también realizar gestiones por la liberación de nuestros presos políticos –al menos los que ya tienen boleta de excarcelación– esperamos actuaciones reales más que declarativas de la FGR; si no lo que estaría sucediendo es que ella se estaría «lavando la cara» ante la comunidad internacional y reposicionándose ante la opinión pública.
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